En 47 días, el presidente tuvo que dar marcha atrás con algunas iniciativas y tuvo que enfrentar la polémica que encendió Gómez Centurión con sus declaraciones sobre la dictadura
El segundo año de gobierno de Mauricio Macri comenzó con algunos traspiés. Provocados desde adentro. En las primeras siete semanas de 2017, el presidente Mauricio Macri firmó varios decretos de necesidad de urgencia, dos de los cuales tuvieron que ser corregidos. Además, enfrentó la polémica que encendió el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, con sus declaraciones sobre los desaparecidos en la dictadura. A eso se sumó ayer la controversia por la modificación en la movilidad jubilatoria, que el mandatario ya prometió «revisar».
El feriado del 24 de marzo
El 1 de agosto de 2002, el Congreso sancionó la ley 25.633, que instituyó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia «en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976». El 15 de marzo de 2006, el Congreso sancionó la ley 26.085, que incorporó el 24 de marzo «entre los feriados nacionales previstos por la ley Nº 21.329 y sus modificatorias». El decreto 1584/2010, publicado en el Boletín Oficial el 2 de noviembre de 2010, estableció que los feriados nacionales que cayeran martes y miércoles serían trasladados al lunes anterior, que los que coincidieran con los días jueves y viernes serían trasladados al lunes siguiente, pero que el 24 de marzo quedaba exceptuado, o sea, que era inamovible.
El 23 de enero, el presidente Mauricio Macri dispuso mediante el decreto 52/2017 un nuevo cronograma de feriados nacionales y eliminó los «puentes». Los feriados nacionales cuyas fechas cayeran martes y miércoles serían trasladados al lunes anterior y los que cayeran jueves y viernes serían trasladados al lunes siguiente. La norma no exceptuó el feriado correspondiente al 24 de marzo, o sea, le sacó su carácter inamovible. Este año, 24 de marzo cae viernes y se trasladaba al lunes 27. El rechazo fue generalizado. Gobernadores, intendentes, legisladores, dirigentes de todo el arco político y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron la decisión. Cinco días después, fuentes de Casa Rosada informaron que Macri daría marcha atrás con la decisión. El 1 de febrero, el decreto 80/2017 eliminó la medida que suprimía la inamovilidad del Día de la Memoria.
ART
El presidente Macri y quince de sus ministros firmaron el decreto 54/2017, publicado el 23 de enero en el Boletín Oficial, que establecía una reforma del sistema de riesgos de trabajo con el declarado objetivo de «desincentivar la industria del juicio» en el sector (unos 340.000 litigios abiertos por un valor aproximado de US$ 4500 millones). La norma, que establecía un cambio fundamental al momento de registrarse un accidente de trabajo, fue cuestionada por todo el arco opositor.
Además, la decisión del Gobierno de legislar por vía de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) proyectos de ley con estado parlamentario despertó fuertes críticas: la oposición argumentó que Macri podría haber convocado a sesiones extraordinarias y que el DNU era un atajo -en año electoral- para esquivar al Congreso, donde el Gobierno tiene minoría en ambas cámaras.
Los principales bloques opositores le achacaron al Gobierno no haber convocado a sesiones extraordinarias para tratar ese tema. La Casa Rosada escuchó el reclamo, dio de baja el DNU y reactivó el tratamiento de la reforma del sistema de ART en el Congreso. Ayer, finalmente, se convirtió en ley.
Las declaraciones de Gómez Centurión
El domingo 29 de enero, nació otra crisis. Fue desde un programa televisivo, Debo Decir, donde el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión , despertó una polémica de alcance nacional con sus declaraciones acerca de la última dictadura militar. «No es lo mismo 8000 verdades que 22.000 mentiras», dijo, en referencia a los desaparecidos, y negó que la existencia de «un plan sistemático». Frente a los reclamos de la oposición e incluso de aliados del Gobierno, la Casa Rosada se despegó de los dichos de Centurión y remarcó que fueron realizados a título personal, pero en ningún momento puso en duda su continuidad en el cargo.
Jubilaciones y pensiones
La ley 26.417, más conocida como ley de movilidad jubilatoria, establece la actualización de las remuneraciones -la movilidad- que se aplica automáticamente dos veces al año desde 2009 sobre todas las prestaciones a cargo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Anoche, ese aumento se transformó en un nuevo escándalo políticocuando el Gobierno comunicó que había modificado la normativa reglamentaria que especifica cómo hacer el cálculo. Ese cambio da como resultado una baja en el porcentaje de aumento de las prestaciones.
La Anses explicó que las modificaciones fueron hechas para que el cálculo sea exacto porque con la metodología usada hasta ahora había una «pequeña» sobreestimación de los porcentajes. El organismo anunció ayer que los haberes previsionales y los pagos por hijo y otras asignaciones familiares subirían un 12,65%: la jubilación mínima pasaría de $ 5661 a $ 6377 y la máxima, de $ 41.474 a $ 46.721. Si no se aplicara la nueva resolución oficial, la suba de las jubilaciones sería del 12,96%: la mínima y máxima llegarían a $ 6394,6 y $ 46.849, respectivamente.
La novedad llegó al Congreso cuando los diputados estaban por votar la reforma del régimen de riesgos del trabajo (ART). De hecho, la aprobación de esa iniciativa estuvo a punto de naufragar: el Frente para la Victoria (FPV) abandonó el recinto, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador, que apoyaban la ley de ART, se abstuvieron en señal de protesta. Finalmente, las autoridades del interbloque Cambiemos, Mario Negri y Nicolás Massot, obtuvieron el compromiso del Presidente de rever la medida, tal como confirmó esta mañana el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
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