La restitución del impuesto a los ingresos no tendría los votos para su aprobación en la Cámara alta; a su vez, el gravamen a los cigarrillos divide a todos los bloques en medio de lobbies.
La confianza manifestada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, en que las leyes reclamadas por el Gobierno serán aprobadas sin contratiempos en el Senado, parece chocar de frente con el clima que se vive en una Cámara alta donde, por el momento, tanto la denominada Ley Bases como el paquete fiscal podrían encontrar en los impuestos a las Ganancias y al tabaco duros obstáculos que amenazan con postergar los planes de Javier Milei, quien pretende tener ambas leyes sancionadas antes de la firma del Pacto de Mayo.
En este caso, las cuentas en la Cámara alta están en el aire. La votación del impuesto en Diputados atravesó de manera transversal a todos los bloques, demostrando que el de Sarandí es un tema que excede a los posicionamientos ideológicos o políticos y que de fondo, según las versiones que circulan por los pasillos del Congreso desde hace más de dos semanas, están los lobbies cruzados entre tabacaleras, con Otero de un lado y Massalin Particulares del otro.
Talón de Aquiles
Mientras los proyectos aprobados en Diputados todavía no ingresaron a la Cámara alta, no es un proceso fácil ni rápido componer el texto definitivo de una iniciativa que recibió cambios en el recinto de una caótica y extensa sesión, en el tablero oficialista ya se encendieron las primeras luces de alarma por la cuestión del impuesto a las Ganancias.
El Gobierno propone la restitución de Ganancias como forma de compensar el severo ajuste fiscal al que está sometiendo a las provincias. Como se trata de un impuesto coparticipable, los gobernadores acompañan la medida, aunque en su mayoría lo hacen en silencio ante lo que, se sabe, es una medida impopular. Esto es así porque volverán a tributar aquellos trabajadores que cobren más de 2,2 millones de pesos.
El universo de afectados no parece muy extenso, pero sí cobra importancia en las provincias productoras de petróleo, sobre todo las del sur, en donde a los altos salarios que paga la actividad se suman los pagos por zona desfavorable y otros extras que hacen que los trabajadores de las empresas petroleras vuelvan a perder una parte importante de sus ingresos con la “reversión” de la quita de Ganancias que votó el kirchnerismo el año pasado en medio de la campaña electoral.
Y es aquí donde las alarmas suenan en el despacho de Villarruel y de la tropa libertaria que conduce el jujeño Ezequiel Atauche. Es que esas provincias administran media docena de votos que amenazan la integridad de la reforma fiscal que, en caso de sufrir un cambio en el Senado tendría que volver en segunda revisión a la Cámara baja, con la pérdida de tiempo que eso conlleva ante la cercanía del 25 de mayo como fecha para la firma del pacto al que convocó Milei.
Si se toma en cuenta que, si repite su conducta en la Cámara baja, el kirchnerismo pondrá a toda su bancada en contra, es decir 33 senadores, con el voto de rechazo de los senadores de Santa Cruz, José María Caramba y Natalia Gadano alineados con el gobernador Claudio Vidal (Por Santa Cruz); y de Chubut, Edith Terenzi (UCR) y Andrea Cristina (Pro), que responden el mandatario Ignacio Torres (Pro); alcanza para sumar la mayoría absoluta, mitad más uno del cuerpo, y bloquear el artículo de Ganancias.
Sin embargo, el rechazo a la restitución del impuesto cuya eliminación impulsó Sergio Massa para hacer campaña electoral sería mayor si se toma en cuenta que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se opone a la restitucion de Ganancias, por lo que se descarta que la senadora Monica Silva, de Juntos Somos Rpio Negro, hará lo mismo. Distinto es el caso de Neuquén, en donde el gobernador Rolando Figueroa apoya el reclamo de sus colegas de la región, pero mantiene una alianza con Lucila Crexell, una senadora que suele jugar de líbero y no siempre responder de manera automática acalineamientos políticos o regionales.
Pero el rechazo a Ganancias se extiende como una mancha de aceite en el Senado, donde todas las provincias están representadas en un pie de igualdad. Así, en algunos despachos también cuentan en contra de la restitución del impuesto a los peronistas antikirchneristas Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos). Ambos votaron por eliminar el impuesto el año pasado y no tienen gobernadores que les puedan pedir sus votos.
En este escenario, el ministro Francos tendrá que trabajar mucho para lograr que su optimismo en que las leyes saldrán sancionadas del Senado se vuelva realidad. La única posibilidad que le queda es restar votos de la bancada peronista, una misión difícil, aunque no imposible.
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