La secretaria general de ADP, Patricia Argañaraz interpuso un recurso administrativo para intentar frenar la desadjudicación resuelta por el IPV en enero pasado.
Si llegara a la justicia ordinaria, el 99% de los casos se resuelve a favor del IPV, confirmó el titular de IPV, Sergio Zorpudes, quien firmó la resolución de enero con la cual inició el proceso de desadjudicación de las viviendas otorgadas a Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo del grupo “Construcción 35 viviendas e infraestructura en Salta Capital – ADP” por incumplir la normativa vigente del organismo, según publicó Fm 89.9.
Las preadjudicaciones de las viviendas fueron otorgadas por medio de un convenio entre el Ministerio de Educación y la ADP, y el gremio debía proponer a los beneficiarios. En FM Profesional, Argañaraz reconoció que se “autoadjudicó” la vivienda, que luego prácticamente demolió y rehízo en por lo menos, tres veces la superficie original.
El IPV la desadjudicó por el incumplimiento a la obligación de habitar la vivienda en tiempo y forma por el lapso de 5 años a partir del día de entrega; y el correspondiente a las obras de ampliación y modificación sin autorización.
Zorpudes confirmó que la titular de ADP pidió la reconsideración del proceso. Si es rechazada, la dirigente podría recurrir a la vía judicial. “Allí los jueces en el 99% de los casos, le dan la razón al instituto” aseguró el funcionario.
Mientras tanto, la decisión sobre el pedido de reconsideración de desadjudicación puede llevar 10 días hábiles. Si no hay solución administrativa, el conflicto pasará al ámbito contencioso administrativo de la justicia ordinaria, en donde en el 99% de los casos, “la justicia le da la razón al IPV” explicó Zorpudes.
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