En el Gobierno y en la comunidad mapuche hacen relatos diferentes de lo que sucedió el sábado en la montaña. La principal diferencia es sobre si los indígenas usaron armas de fuego.
El único hecho objetivo comprobado entorno a la muerte del joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel en Villa Mascardi, el pasado sábado, es que lo mató una bala 9 milímetros como las que usa el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El disparo ingresó por el glúteo izquierdo en un recorrido lateral ascendente y comprometió órganos vitales hasta alojarse en la axila derecha, cerca de la costilla. No hay orificio de salida. Esa verdad inapelable la arroja el resultado de la autopsia, que se le realizó en la morgue judicial de Bariloche antes de que Nahuel fuera velado en su casa de Nahuel Huen, en el Alto, y sepultado en el cementerio local. Esa es hasta ahora la única verdad que comparten los integrantes de la comunidad mapuche, el Gobierno y el juez Federal de Bariloche Gustavo Villanueva.
Todo lo demás son acusaciones cruzadas entre las partes. Los primeros hablan de «asesinato» y “cacería”. El Ministerio de Seguridad, en tanto, defiende la hipótesis de un enfrentamiento. El juez y la fiscal Silvina Little prefieren el silencio que les brinda el secreto de sumario.
Entre los testimonios de los mapuches se cuentan las declaraciones de uno de los dos jóvenes que también recibieron disparos. “Nos andaban cazando en el territorio. Llegaron con una mini Uzi y 9 milímetros directamente a descargarlas sobre nosotros. El grupo Albatros de Prefectura vino directamente a cazar, esos no vienen a dialogar vienen directamente a matarnos”, le dijo ayer un integrante de la comunidad al fotógrafo de Clarín Mario Quinteros.
Entre los voceros del Gobierno, la más enfática fue Patricia Bullrich. “La versión de la Prefectura Naval Argentina es de carácter de verdad para nosotros. La Prefectura fue a enfrentarse con un grupo violento”, sostuvo en conferencia de prensa.El primero de los desacuerdos alrededor de las circunstancias en las que murió Nahuel gira entorno al inicio de la ocupación de los terrenos en Villa Mascardi, en el cerro a la altura del kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40, a 35 km de Bariloche.
Desde el Gobierno insisten en que la toma empezó el 10 de noviembre. Los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en cambio, afirman que había comenzado dos meses antes de que lo hicieran público.
El primer contacto del juez Villanueva y la fiscal con la comunidad según el relato de fuentes gubernamentales habría sido el martes 14, cuando se les exigió en persona que dejaran pasar a una comitiva de la Cooperativa de Electricidad para que trabajaran en la zona, en un corte de un cable de media tensión que -especulaban- había sido un sabotaje de los mapuches. Las autoridades judiciales habrían sido echados bajo amenaza, una versión que desmienten los mapuches.
Un miembro de la comunidad mapuche en la entrada al territorio que tomaron. (Foto: Mario Quinteros).
Sí acuerdan todas las partes en que el miércoles 22, la fiscal se reunió con referentes de la comunidad en el Juzgado Federal para buscar una salida al conflicto. No hubo acuerdo. “Estuvimos hasta las 22.30 de la noche y al día siguiente fue el desalojo”, le dijo Luis Pilquiman, de la coordinadora mapuche, a este diario.
Efectivamente, el jueves pasado a las 5.30 de la madrugada se produjo el desalojo ordenado por el juez. Los testimonios de las partes vuelven a coincidir. Alrededor de 300 agentes de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería (solo estuvo en ruta) participaron. Detuvieron a mujeres y a sus hijos menores. “A chicos de 3 años”, denunció Pilquiman. Las partes coinciden en que alrededor de 4 hombres escaparon cerro arriba y permanecieron en los predios de Parques Nacionales.
También coinciden las partes en que, tras el desalojo, se sumó gente a la ocupación que no había estado el jueves. Ese es el caso de Fausto Jones Huala. El hermano del lonko Facundo Jones Huala fue visto en Bariloche en una manifestación el viernes. Lo mismo ocurrió con Micaela Johana Colhuan, que hasta el viernes 24 estaba de servicio en el Ejército, donde es voluntaria, y que el sábado habría recibido un impacto de bala.
“Ellos, como otros penis (hermano, en mapuche) y organizaciones sociales vienen ayudar, a traer comida y abrigos”, insistieron los mapuches. En el Gobierno, en cambio, sostienen que pretendían sumar más presencia para mantener la toma.
El sábado una patrulla de 4 agentes del grupo Albatros se topó con el grupo de mapuches que permanecían en el lugar. El Ministerio de Seguridad asegura que hubo un enfrentamiento que incluyó lanzas, cuchillos y disparos entre los prefectos y la comunidad mapuche. Los prefectos cargaban pistolas-ametralladoras MP5, con cartuchos de tinta y plomo y bombas de estruendo. La declaración de los efectivos y de una segunda patrulla que llegó al lugar aseguró que los mapuches dispararon armas calibre 22 y 380, una versión que descarta incluso que el tiro que mató a Nahuel haya sido disparado accidentalmente por sus compañeros. El parte del ministerio afirma que dispararon
Los mapuches niegan esa versión. “Solo utilizaron piedras, boleadoras y ondas de revoleo”, se quejó Orlando Carriqueo, secretario general de la mesa coordinadora mapuche de Río Negro. También negaron cualquier vinculación a la RAM, una acusación con la que el Gobierno insiste.
El cuerpo sin vida de Nahuel fue bajado en una carretilla improvisada con ramas por Jones Huala y Mauro González, detenidos desde entonces en la sede de PSA.
Todavía no hay pruebas materiales que abonen la teoría oficial de que los mapuches dispararon balas de fuego o atacaron con lanzas. “Cómo vamos a tener (pruebas) si el juez no nos deja entrar en su negociación con el RAM”, se quejaron en el Gobierno.
También deslizaron que el magistrado había sido echado a piedrazos en la mañana de ayer; una versión que fue desmentida por otros funcionarios. Temen, no obstante, que la escena sea alterada.
Sí está probado que el juez acudió al lugar de los hechos en la tarde del domingo, con una comitiva de familiares de mapuches, dos médicos que revisaron a los heridos (quienes finalmente decidieron permanecer en el lugar) e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Para eso resultó vital la intercesión del obispo de Bariloche Juan Chaparro, que ayer, al igual que el juez y la fiscal se comunicó con funcionarios del ministerio de Justicia. Esa delegación se fue al caer la noche; sin una inspección ocular definitiva. El obispo, un hombre cercano al flamante titular de la Conferencia Episcopal Oscar Ojea -próximo al Papa- emitió un duro comunicado en el que se responsabiliza a las fuerzas federales, según publicó Clarín.
Este martes, aseguraron fuentes de los tres sectores, se realizaría el esperado peritaje en la montaña.
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