La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de ley que establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena y por delitos penales, contra la integridad sexual y los asociados a la corrupción.
Tras haberse agotado la doble instancia de revisión entre ambas Cámaras Legislativas, Diputados no aceptó las modificaciones del Senado e insistió con su sanción original, contando para ello con la mayoría necesaria.
El único voto negativo fue el del diputado del PO, Claudio del Pla.
Una de las que tomó la palabra en el tratamiento fue la diputada capitalina Cristina Fiore, quien planteó que los argentinos descreen de instituciones como el Congreso, la Legislatura, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
“No solamente le pasa a la Argentina, a nivel global hay una crisis de las instituciones y se debe trabajar mucho para que la gente vuelva a creer en las instituciones”, dijo Fiore y añadió que los autores del proyecto, quisieron tratar de reflejar lo que la gente espera de cada uno de los legisladores.
Además, indicó que el proyecto se trató con muchísima profundidad en la Comisión de Legislación General de la Cámara, donde se planteó que la herramienta legal puede utilizarse para denuncias falsas y en tal sentido, diferenció la ley de Salta con respecto a la que se aplica en Mendoza, destacando que en nuestra provincia se estableció la sentencia en segunda instancia, sin dejar de lado la presunción de inocencia.
Indicó que entre la sentencia firme y el riesgo de una falsa denuncia que tenga el objeto sacar de carrera a un dirigente, se encontró una solución salomónica que establece la prescripción para quienes tengan condena en segunda instancia, teniendo en cuanta además que en Argentina, las causas por corrupción tienen un promedio de duración de 14 años.
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