La ministra de Seguridad justificó la urgencia de aprobar el proyecto enviado por Milei; sostuvo los cambios en el concepto de legítima defensa y hasta “actuó” como motochorro para explicar su posición.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre las reformas en su área previstas en el proyecto de ley ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei. La ministra comenzó haciendo una enfática defensa de la urgencia por aprobar la ley, bajo el argumento que de lo contrario se profundizaría la crisis, aunque admitió que el oficialismo hará cambios en el texto del proyecto: el primero, eliminar el artículo que prohibía reuniones de más de tres personas.
“Entiendo la razón de por qué ha podido haber una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para una reunión de tres personas. Ese artículo está vinculado a la Ley del Tránsito y no a la ley en general. Quizás deberíamos haber puesto que ese artículo era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley de Tránsito. Para facilitar la discusión, porque da lo mismo cuántos cortan el tránsito, les vengo a decir que vamos a retirar ese artículo porque está suficientemente explicado en otros artículos. Al haberse generado una confusión preferimos retirarlo. Denlo por retirado”, sostuvo.
El artículo 331 del proyecto de ley define a una “reunión o manifestación” como la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”. En el Capítulo I del texto enviado al Congreso se establece la sustitución del artículo 194 del Código Penal, que prevé penas de tres meses a dos años para quienes corten calles, elevándolas a penas de prisión de uno a tres años y seis meses.
“El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”, señala el texto.
Entre otros puntos vinculados a la seguridad, la ley ómnibus agrava las penas (de dos a cuatro años de prisión) para quien porte un “arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas”. Y el castigo se eleva con dos a cinco años de prisión para los organizadores de las manifestaciones, “estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
Bullrich defendió la elevación de penas y se focalizó en los organizadores de las marchas. “Las personas no van autónomamente a estas manifestaciones. Hay organizadores, lo hacen con capacidad de presión sobre los concurrentes. Hay una pena mayor para quienes son organizadores. Tienen de tres a seis años de prisión. Y van a ser solidariamente responsables por el daño que ocasionen”, resaltó Bullrich.
La ministra agregó que recibieron denuncias de personas que debían dejar parte del dinero que cobran por planes sociales a los “organizadores” de las marchas.
Legítima defensa
Otro de los puntos que desglosó Bullrich fue el de los cambios en el concepto de la legítima defensa. “La proporcionalidad del medio empleado debe ser interpretada en favor de quien actúa en cumplimiento del deber. Debe ser interpretada en favor de quien va a impedir un delito”, sintetizó.
En este tramo de su explicación, Bullrich se puso de pie y “actuó” una hipotética escena de un motochorro disparando hacia atrás a quienes lo persiguen. “Si el agente de las fuerzas de seguridad repele, se plantea que el tiro por la espalda es fusilamiento; no, es legítima defensa”, sostuvo.
También, Bullrich defendió los cambios propuestos en la ley ómnibus que proponen impedir que los delincuentes accionen judicialmente contra el Estado. “El que viola la ley, se enfrenta con la fuerza de seguridad y provoca un daño, puede presentarse y pedir resarcimiento. ¿Resarcimiento por qué, por ser chorro?”, se preguntó la excandidata presidencial.
A la hora de responder preguntas, Bullrich confrontó con algunos diputados de Unión por la Patria, como Matías Molle y José Glinski. Al segundo, que fue titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), le dijo que “convirtió a una fuerza federal en un grupo que miraba valijas”, porque “le sacó las armas”. Y le reprochó un retroceso en el número de operativos antidroga durante su gestión. “Había pandemia, no había vuelos”, le retrucó Glinski.
Tras un breve intervalo para solucionar problemas técnicos, continuaron las preguntas a Bullrich y se registraron nuevos cruces entre diputados.
La ministra le respondió al kirchnerista Leopoldo Moreau, que planteó una advertencia por los hechos en Ecuador, donde planteó que “se ha retirado el Estado” y dijo que el gobierno de Milei también propone que “el Estado debe retirarse”. Bullrich respondió: “No se retira el Estado, lo que se retira es la burocracia, el Estado inservible”.
A la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Bullrich le dijo qué es “un arma impropia”, un punto que consultó la legisladora en su encendida intervención en la que recordó el caso de gatillo fácil contra Carla Lacorte, una estudiante de veterinaria quilmeña que quedó en silla de ruedas por un disparo de un policía que creyó que era “campana” de un delincuente. “¿Qué es un arma impropia? Un mortero en medio de la Plaza del Congreso es un arma impropia”, retrucó la ministra.
El bullrichista Damián Arabia también se trenzó con Bregman. Le pidió que arme un partido “y saque más del 2 por ciento”. Bregman no estaba en la mesa y le contestó desde el fondo de la sala, donde se encontraba de pie: “Andá, ¿Vos qué ganaste? ¿Qué ganó este para estar tan agrandado”.
En el último bloque de preguntas, Bullrich les respondió a dipitutados kirchneristas como Juan Marino y Sergio Palazzo, entre otros. Marino le había consultado por dichos en un programa televisivo, en el que ella había planteado que habrá una “explosión” si las iniciativas de Milei no avanzan. “Una explosión significa que la situación económica del país no aguanta sin cambios. Estamos hablando de un mes (de gestión), como si hace un mes hubiera sido una panacea”, afirmó Bullrich.
A Palazzo, Bullrich le recalcó que “el derecho a la protesta está garantizado”, pero luego le hizo críticas por el modelo gremial. “El sindicalismo argentino tiene que cambiar. Tiene la vaca atada, reelección permanente y retención compulsiva. Ustedes, cuando gobierna su partido, no hacen un paro ni de casualidad”, le dijo la ministra al secretario general de la Asociación Bancaria (AB). Cuando Bullrich se retiraba, se cruzaron en tono amistoso. “A Independiente no lo privatices, dejate de joder”, bromeó Palazzo, que comparte la simpatía por El Rojo de Avellaneda con Bullrich.
Durante varios pasajes de la exposición de Bullrich se escuchó un murmullo de parte de algunos diputados y colaboradores presentes en el plenario de comisiones. Al momento de las preguntas, la diputada por Salta Emilia Orozco (La Libertad Avanza), dijo que no iba a “naturalizar” esos murmullos y señaló: “Pido que, si no les interesa, se retiren y vuelvan cuando termine”. La abuchearon algunos legisladores y dijo que le encantaba ser abucheada.
Luego de la ministra de Seguridad, está previsto que concurran al plenario de comisiones los secretarios Pablo Quirno (Finanzas), Fernando Vilella (Agricultura) y Pablo Lavigne (Comercio).
El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el primero de los funcionarios nacionales que se presentaron hoy, en la segunda jornada de debate del proyecto en comisión. Francos, a cargo de defender el proyecto en su capítulo de reformas electorales, aceptó modificar aspectos de redacción en la ley y tuvo algunos comentarios irónicos, como el de señalar que percibía “mucho apoyo” a la iniciativa, que se debate en medio de una polémica constante entre los diputados de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales.
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