La organización que encabezaban los hermanos Castedo, se dedicó al tráfico de droga en Salta y Buenos Aires desde 1999 y buscaron blanquear el dinero recaudado.
Delfín Castedo, sindicado como jefe de una de las mayores organizaciones narcocriminales del norte de Salta, su hermano Raúl, los integrantes de una familia de comerciantes de Salvador Mazza y un martillero público comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal N°1.
El debate comenzó a primera hora con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y de la querella, lo cual demandó gran parte de la primera jornada. En la sala de audiencia solo estuvo presente la imputada, Melba del Carmen Araujo, mientras el resto de los acusados participaron por vía remota. Los hermanos Castedo, desde el penal de Ezeiza, y el resto desde sus respectivos domicilios, todos acompañados por sus defensores.
Concluida la lectura de los requerimientos de juicio, el martillero público Eduardo Torino y Araujo pidieron prestar declaración. El primero, tras aclarar que no respondería preguntas, hizo un extensivo relato sobre su historial de trabajo, para luego referirse a cómo conoció a Delfín Castedo y en qué consistieron ciertos negocios realizados con el acusado.
En su relato, Torino en todo momento se mostró como un hombre trabajador, ajeno a los hechos ilícitos imputados en su contra, aunque reconoció que se vio implicado en la venta de la finca El Aybal, en el límite con Bolivia, operación inmobiliaria que llevó adelante a pedido de Castedo.
Aunque trató siempre de mostrase lejos del principal acusado, finalmente terminó por reconocer que debió, con ayuda de un escribano, realizar una operatoria para simular la venta, en la cual quedó como propietario real de la propiedad.
Negó el tenor de ciertas escuchas telefónicas y cualquier relación con hechos vinculados al narcotráfico y otras actividades adjudicadas al clan Castedo, entre ellas amenazas, operaciones de transporte de estupefacientes y el homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006.
Admitió que sabía que su teléfono estaba intervenido por el Poder Judicial, pero aseveró que no estaba preocupado por ello pues declaró que nunca hizo nada fuera de la ley. Insistió en mostrarse como víctima de un “mal negocio” respecto a la operación inmobiliaria realizada en torno a la finca.
De acuerdo a la fiscalía, todos los imputados integraron la asociación ilícita destinada a la comisión de hechos de tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de ese tráfico, con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de origen lícito. Estas operaciones se sucedieron en las provincias de Salta y Buenos Aires desde el 26 de noviembre de 199
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