«Esta tasa ya existió en la Argentina», aclaró la diputada y secretaria parlamentaria, quien precisó que era percibida por la Policía Aeroportuaria, cuando dependía de la Fuerza Aérea, pero en 2005 cuando se creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dejó de cobrarse.
En 2007, la tasa pasó a ser percibida por la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), por el servicio de seguridad operacional. Pero diez años después, el ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich, reflotó el debate interno e hizo un planteo ante el ministerio de Transporte, en un intento por regularizar la situación.
Incluso se firmó un convenio entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la PSA que nunca llegó a ejecutarse.
Con esta nueva legislación, la recaudación de este impuesto, según se argumentó en la presentación, estará destinada a las tareas de seguridad. «Efectivamente la PSA tiene una situación crítica de financiamiento, no hay recursos», fundamentó la diputada y mano derecha de Máximo Kirchner en la Cámara baja.
Esta tasa de seguridad de la aviación será de un monto fijo que determinará el ministerio de Seguridad, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25 % del sueldo básico del grado jerárquico de oficial principal del escalafón general del personal de la PSA. De acuerdo a los valores actuales tendría un tope de $250 pesos por pasajero.
Lo cierto es que la aplicación de esta tasa comenzó hace tres años, ya que el 96 % del presupuesto total de la PSA es absorbido por la masa salarial y les queda muy poco margen de fondos para financiar otras tareas como el equipamiento y entrenamiento de los efectivos de la fuerza.
En la normativa se precisó que la tasa deberá ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina.
Asimismo se establece que las compañías aéreas o quienes tengan a su cargo la venta de los pasajes aéreos serán los agentes de percepción del impuesto.
La propuesta causó malestar entre los diputados de las oposición que rechazaron y se oponen a la creación de nuevos impuestos.
El debate del Presupuesto y las definiciones de la oposición
Este martes desde las 12.30 se empezará a debatir la ley de Presupuesto en la Cámara de Diputados. El oficialismo se entusiasma con lograr la media sanción en una larga jornada y la semana que viene votarlo en el Senado.
Los diputados de Juntos por el Cambio coincidieron en que al menos había diferencias con más de 15 artículos. El número podría ser irrisorio si se evalúa que el proyecto tiene más de 140 artículos, pero dentro de ese menú de rechazos había temas que el oficialismo incluyó a último momento, sin mencionar el aumento a las prepagas, que finalmente se sacó del proyecto, y la tasa que tendrán que pagar quienes viajen en avión para financiamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La discusión en el interbloque se calentó cuando se pasó a hablar de la votación en general y saltaron las diferencias. La Coalición Cívica, luego de que Elisa Carrió anunciara la decisión de no acompañar, terminó por confirmar que votará en contra del presupuesto.
En el PRO, en tanto, hubo un giro porque si bien Macri dio el aval para acompañar, los artículos agregados a último momento no cayeron bien. «Massa nos quiere llevar de las narices y tira esto de los jueces para decir: ‘A ver cómo hacen para votar en contra’. Pero no se lo vamos aprobar y si tenemos que pagar el costo político, lo pagaremos», desafió un importante diputado.
El bloque de la UCR que comanda Mario Negri prefirió mantener la cautela, guardó silencio y evitó dejar trascender sus diferencias internas ante un tema crucial como el presupuesto. Pero está claro que lo que se juega en esta votación no es lo mismo para un diputado de Córdoba que para un representante de Jujuy o Corrientes.
Evolución Radical, que tiene como referente al senador Martín Lousteau, se diferenció del resto de Juntos y mandó varias señales de que apoyará la propuesta al destacar las gestiones que se realizan para revertir el recorte del 15% con el que llegó a Diputados el presupuesto. Desde ese espacio advierten que esa baja se corrigió parcialmente con la reasignación de $ 60 mil millones para las becas Progresar, $ 31 mil millones para el FONID y aumento de partidas presupuestarias a universidades en $ 7 mil millones.
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