Política

El arrebato de Urtubey contra Enjasa podría costarle a los salteños $2.400 millones

Juan Manuel Urtubey

Es porque la empresa plantearía el caso ante el CIADI por una indemnización millonaria, según admitió el exministro de gobierno, Julio Cesar Loutaif.

El exfuncionario afirmó que la durísima demanda para la provincia provendría de ENJASA ya que tenía capitales internacionales

Luego que se conociera que el Estado nacional deberá pagar US$384 millones por la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, en Salta se encendieron algunas alarmas debido al alto costo económico que podría significar causas similares iniciadas contra la Provincia.

El ex ministro de gobierno y actual presidente del Consejo Económico y Social, Julio Cesar Loutaif, dijo que si bien hasta el momento la única demanda existente es la de Aguas de Salta por la rescisión de su contrato en mayo del 2015, el Gobierno local no se debería preocupar por la misma, aunque sí aclaró que se tendrá que hacer cargo de los estragos judiciales.

Ahora bien, desde el Ejecutivo deberán estar atentos a lo que ocurra con otra de las rescisiones de contratos, tal como sucedió con ENJASA.

Casinos Austria, propietaria de Enjasa y concesionaria del juego hasta agosto de 2013, demandó al país y a la provincia de Salta ante el Centro Internacional de Arbitrajes (CIADI), por US$ 150 millones. La empresa tenía contrato hasta 2030, pero el gobernador Juan Manuel Urtubey le rescindió el contrato por presunto lavado de dinero, aunque las pruebas aún resultan insuficientes y las argumentaciones esgrimidas por el gobierno provincial fueron consideradas «muy flojas».

Los rumores políticos de aquel momento sobre la verdadera trama de la abrupta desadjudicación atribuían la arrebatada decisión del gobernador Urtubey a la cercanía de Casinos de Austria con el exgobernador Juan Carlos Romero, por entonces su enemigo y en guerra política declarada. También se especuló en aquel entonces con que la nueva adjudicación debía quedar en manos de empresarios cercanos al gobernador y a algunos de sus familiares.

El CIADI sentó un precedente preocupante para el Gobierno de Salta, ya que si alguna de las demandas entabladas contra el estado resultan favorables para alguna de las perjudicadas con las expeditas quitas de las concesiones, seremos todos los salteños los que deberemos desembolsar millones y millones de dólares.

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