Por José Luis Brea
Si quien conduce la economía de Venezuela fuera discípulo suyo, como el ministro Martín Guzmán, el premio Nobel Joseph Stiglitz quizás no habría hablado de un supuesto milagro económico argentino, sino del milagro venezolano. Sorpresivamente, el gobierno de Nicolás Maduro logró lo que hasta hace poco parecía imposible: salir de una hiperinflación que en 2018 había llegado al 130.060% anual, para ubicarse ahora en niveles anuales de tres dígitos. En 2021 cerró en 686% y se espera que en 2022 siga bajando. Continúa siendo altísima, pero en términos relativos la reducción fue importante.
El último dato mensual es otro logro y resulta chocante para nuestro país: el índice de precios de febrero pasado fue de 2,9% y por primera vez deja a la Argentina, con su 4,7% informado hoy por el Indec, en el primer puesto de la inflación regional.
Conocer el nivel real de los precios en Venezuela no es tarea fácil. El Banco Central de ese país (BCV) dejó de publicar los datos durante tres años, razón por la que proliferan las mediciones alternativas privadas, al estilo de lo que sucedió en la Argentina con el apagón estadístico fomentado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. No obstante, en los últimos años se fue propiciando un sinceramiento. Volvieron los indicadores oficiales y además ahora se acercan a los privados o incluso se da el llamativo caso, como el de febrero pasado, en el que el índice alternativo que mide la oposición a Maduro resultó más bajo (1,7%) que el del propio BCV (2,9%).
El éxito (relativo) de Venezuela es hijo del pragmatismo. Por empezar, el excanciller de Hugo Chávez tuvo que aceptar un proceso acelerado de dolarización de la economía. Según datos de la consultora venezolana Ecoanalítica, más del 60% de las transacciones comerciales en los centros urbanos se pagan hoy en dólares y la liquidez en moneda norteamericana es actualmente cinco veces mayor que la de bolívares, la divisa nacional. Lo permitió el mismo gobierno para el que hasta hace unos años era delito publicar la cotización del dólar paralelo.
Desde que en febrero de 2021 autorizó las cuentas bancarias en dólares, la mitad de los depósitos están en esa moneda y el sistema de pagos, a diferencia de otras áreas de la economía, se ha modernizado: funciona con efectivo, tarjetas de crédito y débito, billeteras digitales y hasta criptomonedas. “No hay contradicción entre dolarización y revolución”, sintetizó Maduro en aquel entonces, lejos del espíritu que anima a algunos miembros del gobierno argentino, fervientes defensores de la administración de divisas (cepo cambiario) y que aún sueñan con lograr que la economía nacional algún día deje de referenciarse en el dólar y se mueva exclusivamente en pesos.
La dolarización de hecho es el gran ancla de estabilización de la economía venezolana, pero no el único. Fue acompañada por un ajuste clásico que suele ser mala palabra para los gobiernos populistas. En el caso argentino, aún están frescos los reproches del cristinismo que recibió Guzmán por haber desacelerado el gasto en el primer semestre de 2021, antes de las PASO y de las elecciones parlamentarias, factor al que el kirchnerismo duro adjudicó la derrota oficialista en las urnas, que intentó revertir con el “plan platita”.
Ajeno a estas tribulaciones, Maduro impulsó una fuerte reducción del gasto público, que estaba en 40 puntos del PBI durante la híper y cayó a 15 puntos, y del déficit fiscal, que pasó del 25% del producto al 6-7%. “Pasó la tijera por todos lados, gastos de mantenimiento de infraestructura, gastos corrientes, salarios públicos; de hecho, los sueldos del Estado venezolano y las pensiones están entre los peores del mundo, con menos de 10 dólares mensuales”, explicó a LA NACION Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica y uno de los economistas más escuchados de Venezuela.
El gobierno chavista fue relajando también dos de las políticas preferidas del kirchnerismo -los controles de precios y el cierre, o la celosa administración, de las importaciones- y otra con la que los cristinistas aún sueñan: la producción estatal de alimentos.
Mientras aquí Guzmán y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apuestan a la “coordinación voluntaria de precios e ingresos con el sector privado”, según la presentación del acuerdo con el FMI ante el Congreso, en Venezuela ese tipo de iniciativas perdieron fuerza. Eso sí, se diluyeron sin abandonar las formas.
Desde el punto de vista legal, los controles y la retórica que los acompañan siguen vigentes, pero casi nadie los cumple. En pleno auge de la pandemia, el Estado lanzó un plan de “precios acordados” para una canasta de 27 productos básicos, entre ellos, leche, huevos y carnes. “Fue un anuncio, una foto, un show, pero no se cumplió y se liberalizó todo”, recuerda Oliveros. ¿El resultado? Se terminó la escasez de productos y aumentaron la variedad, las inversiones y las importaciones. Ahora el problema ya no es de oferta, sino de demanda: pocos pueden acceder a esos bienes. Según la encuesta que realizan en conjunto tres universidades, una privada y dos públicas, el 95% de los venezolanos vive en la pobreza. El gobierno, que dejó de publicar el dato -en una decisión que recuerda la época en que el kirchnerismo no medía los pobres para no estigmatizarlos-, habla de un 20%.
Las compras al exterior también han funcionado como elemento de contención para los precios internos. Y si bien no son significativas en términos absolutos, sí lo son en términos relativos, ya que representan cerca del 30% del PBI, según Ecoanalítica. Principalmente, se importan alimentos, pero últimamente también creció la adquisición de bienes terminados o de consumo.
En cuanto a la producción de alimentos, el Estado venezolano controla varias empresas fabricantes, que se fue quedando a lo largo de los años por medio de expropiaciones. La experiencia fue desastrosa: algunas de ellas dejaron de operar y en otras el manejo tuvo que ser transferido nuevamente al sector privado, aunque la propiedad sigue siendo pública. En la Argentina, si bien el Gobierno niega que se esté analizando crear una empresa nacional de alimentos, el kirchnerismo duro sigue impulsando la idea y la suba internacional de las commodities podría volver a ponerla sobre la mesa, al igual que lo que sucedió con la suba de retenciones, desmentida hasta hace apenas unas semanas.
El factor Putin
El esfuerzo de Maduro para salir de la híper ahora podría verse empañado por el contexto mundial. La invasión de Rusia a Ucrania alteró el tablero y si bien a simple vista parecería que Venezuela podría beneficiarse por la suba del precio internacional del petróleo, las sanciones que recibió en su momento el gobierno chavista hacen que no sea tan sencillo colocar el crudo venezolano. “¿Dónde creen que irá a parar el petróleo ruso sancionado? A competir con ventaja en el mismo mercado que Venezuela si no flexibilizan las sanciones”, escribió el especialista Luis Vicente León, economista y presidente de la consultora Datanalisis.
Por otro lado, los alimentos que el país importa serán más caros por la suba de los precios internacionales y eso también pone piedras en el camino descendente de la inflación, un fenómeno que amenaza a todas las economías del mundo.
Mientras tanto, el dato del IPC difundido hoy por el Indec, del 4,7%, deja a la Argentina ganando la Copa América de la inflación, título que, a diferencia del fútbol, tardó muchos menos años en reconquistar. De todos modos, el dominio del problema se parece más a un campeonato largo que a un torneo de pocos partidos y al cabo de 2022 la Argentina aún seguiría segunda detrás de Venezuela. El gobierno chavista consiguió recortar drásticamente el número maldito, pero aun así se ubicaría en torno del 200%, lejos del 55/60% estimado para la Argentina, proyecciones que ahora dependerán de un árbitro inesperado: Vladimir Putin.
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