El caso está referido a la concesión de licencias para la explotación de ese metal, un sector en el que su país es el principal productor en Europa.
Salpicado por un escándalo de corrupción que provocó la acusación contra uno de sus ministros y de su jefe de gabinete, el primer ministro de Portugal, el socialista Antonio Costa, anunció este martes que presentaba su renuncia.
“Las funciones de primer ministro no son compatibles con cualquier sospecha sobre mi integridad. En esas circunstancias, presenté mi renuncia al presidente de la República”, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, declaró.
“El futuro dependerá de la decisión del presidente”, agregó Costa, uno de los raros socialistas al frente de un gobierno en Europa.
Poco después, el jefe del Estado anunció en un comunicado que había aceptado esa renuncia, anunciando la convocatoria -para este miércoles-, de los partidos presentes en el Parlamento a fin de convocar a elecciones anticipadas
Según la Justicia, el escándalo que afecta al primer ministro consiste en sospechas de “malversación, corrupción activa y pasiva de titulares de funciones políticas y tráfico de influencia”. Todo, en el marco de la concesión de licencias de explotación de litio y producción de hidrógeno.
Durante la investigación, “el nombre y la autoridad del primer ministro fueron citados por los sospechosos”, indicó el ministerio público en un comunicado. Sospechado de haber intervenido personalmente “para desbloquear procedimientos”, Costa será a su vez “objeto de una investigación” separada, afirmó el tribunal. Durante su intervención ante la prensa, el primer ministro se declaró “sorprendido” por la apertura de esa indagación.
Los investigadores se interesan principalmente en la concesión de licencias “de exploración de minas de litio” en el norte de Portugal, en “un proyecto de producción de energía a partir de hidrógeno” y en otro “de construcción de un centro de datos de la sociedad Start Campus” en Sines, a un centenar de kilómetros al sur de Lisboa.
Este martes, la justicia realizó allanamientos en la residencia oficial de Costa, en otros varios domicilios, ministerios y estudios de abogados. Teniendo en cuenta los elementos obtenidos, del “riesgo de filtración y de continuación de la actividad criminal”, la Justicia emitió “órdenes de arresto” contra el jefe de gabinete del premier, el alcalde de Sines y dos administradores de Start Campus.
El ministro portugués de Infraestructuras, João Galamba, fue inculpado, así como el presidente del consejo de dirección de la Agencia Portuguesa para la Protección del Medioambiente (APA).
A comienzos de septiembre, APA había acordado su luz verde, bajo ciertas condiciones, para un segundo proyecto de explotación minera de litio, metal utilizado para la fabricación de baterías y esencial para la transmisión energética. Portugal, que posee las más importantes reservas de litio en Europa, ya es el principal productor. Aunque, por el momento, su producción sirve exclusivamente para la cerámica y la cristalería.
Un primer proyecto de mina de litio también había obtenido, bajo condiciones, una autorización de la APA en mayo pasado. Todos esos programas son denunciados por las ONG ecologistas y por parte de la población local en esa región rural portuguesa.
El actual escándalo que provocó su renuncia es un durísimo golpe para Costa quien, con su amplia victoria en las elecciones del 30 de enero de 2022, había obtenido una mayoría absoluta que debía garantizar la estabilidad de su gobierno. Desde entonces, sin embargo, uno de los escasos jefes de gobiernos socialistas de Europa, vio derrumbarse su popularidad debido a numerosos escándalos.
El principal de esos casos fue el llamado “TAPgate”, por el nombre de la compañía aérea nacional, que provocó la renuncia de más de una decena de ministros y secretarios de Estado.
En aquel momento quedaron al descubierto las tensiones que existían entre Rebelo de Sousa y su primer ministro. El presidente reprochó entonces a Costa su pasividad frente a la sucesión de escándalos en la gestión gubernamental del caso. TAP había sido renacionalizada en urgencia en 2021 para evitar su quiebra.
Lo que desató aquel escándalo fue la revelación de la indemnización (500.000 euros) percibida por una de las administradoras de la empresa. Sobre todo porque la beneficiaria asumió poco después el puesto de secretaria de Estado del Tesoro. Comenzó entonces una cascada de renuncias en el gobierno que concluyó con la destitución del equipo dirigente de TAP, en marzo.
Costa se negó a dimitir en aquel momento, convirtiéndose en blanco de las críticas del jefe del Estado. Hoy, el hombre que se hizo célebre por lograr acuerdos políticos improbables, parece haberse quedado sin recursos.
Paradójicamente, los problemas parecen acumularse en tiempo calmo para el otrora popular primer ministro quien, durante su primer mandato, había logrado gobernar sin mayoría y dinamizar su país a pesar de la desconfianza de Bruselas, apoyándose en difíciles aliados de la extrema izquierda.
Hoy, el desgaste político parece irremediable para Costa. Por un lado, su partido se prepara a una guerra de sucesión. Por el otro, el descontento social es demasiado profundo.
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