Sospechas de corrupción Piden la indagatoria del funcionario K del PAMI que compró un soporte informático en $140 millones

El fiscal federal Eduardo Taiano y el fiscal a cargo de la UFI-PAMI Javier Arzubi Calvo pidieron la indagatoria de Luciano Di Cesare, quien fuera el director del PAMI -la obra social de los jubilados- durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El pedido de los fiscales se presentó en una causa judicial en la que se investiga si el ex funcionario cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública al contratar por casi 140 millones de pesos los servicios informáticos de la empresa «Red Hat de Argentina».

La denuncia fue hecha en mayo del año pasado por la UFI-PAMI que encabeza Arzubi Calvo. Por sorteo cayó en el juzgado de Julián Ercolini e interviene Taiano. Los fiscales analizaron en conjunto la maniobra –que se habría cometido en perjuicio de la obra social– en la contratación de la empresa para brindar una solución de plataforma para los servicios informáticos del PAMI.

En el expediente interno bajo investigación judicial, el por entonces titular de la Unidad de Análisis Estadística y Planeamiento del PAMI, Juan José Chomiak, elaboró un informe en el que sugirió la contratación de esta empresa mediante trámite simplificado y por exclusividad en el servicio.

Ese informe comenzó a circular en junio de 2015 y fue avalado por las diferentes instancias de la obra social hasta que Di Cesare declaró admisible la oferta y se contrató a la empresa para que brindase la plataforma informática destinada al desarrollo de los sistemas del PAMI.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, el procedimiento para la contratación comenzó el 22 de junio de 2015 y finalizó el 30 de septiembre de ese año, día en el que Di Cesare lo aprobó. El trámite solo duró tres meses y ocho días para un contrato por un monto de 138 millones de pesos. De haber llamado a licitación pública el proceso, dada la complejidad de la materia, se habría extendido por más tiempo que el que insumió el trámite acelerado que se le dio en el PAMI. Los investigadores sospechan que la celeridad del trámite se relacionaba con la finalización del mandato gubernamental.

En la investigación realizada se consignó la opinión de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) –que depende de la Procuración General de la Nación y encabeza la fiscal Cristina Caamaño- y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en cuanto que no había motivos para realizar un trámite simplificado del proceso de compra y que no existe exclusividad en el servicio contratado ya que otras empresas del mercado lo pueden ofrecer.

El actual titular de la Unidad de Análisis Estadístico de Planeamiento del PAMI declaró en el mismo sentido que los informes de DATIP y de la UTN.

Una vez reunida toda la información, los fiscales determinaron que los directivos del PAMI direccionaron el proceso de compra y por eso pidieron la indagatoria. Los fiscales Taiano y Arzubi Calvo le pidieron a Ercolini que cite a declarar a los que tuvieron alguna actuación administrativa relacionada con la millonaria compra.

Además de Di Cesare y Chomiak, los fiscales pidieron que sean indagadas otras siete personas de diversas áreas del PAMI.