La ministra de Seguridad brindó una conferencia de prensa con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y aseguró que el operativo se hizo en el marco de una manda judicial.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que hay «grupos violentos» que «no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan al Estado, la Constitución y los símbolos», al referirse a la muerte de un balazo del joven Rafael Nahuel.
«En el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Son grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la argentina, que no aceptan el estado, la constitución, los símbolos, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos», dijo Bullrich.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno junto a su par de Justicia, Germán Garavano, la ministra dijo que «estos grupos no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta sino que son grupos que han tomado a la violencia como la forma de acción política».
Afirmó por tanto que le da «carácter de verdad» a la versión que le ofrece la Prefectura Naval Argentina sobre el episodio en el que murió de un balazo el joven Rafael Nahuel. «Le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina el carácter de verdad», afirmó Bullrich, quien aseguró que hubo «armas de grueso calibre» que fueron utilizadas contra efectivos de esa fuerza.
Señaló que «había armas de grueso calibre una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros» y que «por lo que describen» había «armas de puño». Afirmó que había personas con «armas de puño y armas blancas» y que «eran cuatro prefectos contra quince o veinte personas que había en este grupo».
La ministra aseguró que el operativo realizado el sábado por Prefectura en la zona del Lago Mascardi, en Río Negro, donde permanecía un grupo de personas luego del desalojo del jueves, se realizó «en el marco de una manda judicial dispuesta por el juez Gustavo Villanueva» y aseguró que el Gobierno «no» debe «probar lo que hacen las fuerzas de una tarea emanada de una orden judicial».
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