El gran fraude de la empresa ocupa a la Justicia en Salta y Metán.
La planta que ahora explota Agsof en General Güemes desató un escándalo el pasado 26 de octubre, cuando el hoy suspendido diputado provincial Kuldeep Singh se llevó maquinarias con su camión para cobrarse una deuda de $1,8 millones en cheques rechazados. En la causa, la jueza de Garantías 1 del Distrito Centro, Ada Zunino, ordenó la prisión preventiva del legislador por Rosario de la Frontera que perdió los fueros y de otros partícipes que están imputados por privación ilegítima de la libertad y robo calificado.
Los hechos habían sido registrados por las cámaras de seguridad del lugar y el fiscal penal Federico Jovanovics consideró al material fílmico como prueba suficiente para formular los cargos y pedir el desafuero del diputado.
En Metán
En Metán, tres productores afectados presentaron el pasado 21 de noviembre una denuncia contra Maximiliano Tieri y su esposa, Miriam Candia Ferrario, por estafa. Ambos son apoderados de Nutribras y firmaron más de 900 cheques, por $110 millones, que fueron rechazados por falta de fondos.
Mario Ezequiel Tedeschi, Federico Biurrun y Abel Eduardo Vico fueron defraudados con 71 cheques por un total $11.740.666. Así lo expusieron en la denuncia que recayó en la fiscal penal Susana Redondo y aún se encuentra en etapa de investigación preliminar. En la presentación, que se conoció a través del portal de noticias Código Abierto Metán, los denunciantes aclararon que, además de las 71 órdenes de pago detalladas en el escrito, fueron afectados con más cheques, por otros $17 millones, que no tenían en ese momento en su poder.
Recordaron los viajes que hicieron hasta Buenos Aires sin poder cobrar 2.600 toneladas de poroto. Manifestaron que durante las tratativas Tieri escrituró 4 departamentos a nombres de amigas de su esposa y que recibieron de la intermediaria china pagos que pusieron en una caja de seguridad para burlar a los acreedores. “Fue una maniobra fraudulenta premeditada”, afirmaron Tedeschi, Biurrún y Vico en la denuncia penal.
Fuente: Antonio Oieni, El Tribuno
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