AnalisisEl riesgo de que la lucha anticorrupción afecte la gobernabilidad

Por Sergio Berensztein*

Luego de largas décadas de encendida retórica integracionista, los países de América Latina carecen aún de mecanismos mínimos de coordinación en áreas vitales de política pública, no solo en materia comercial, financiera, fiscal, de defensa e infraestructura.Venezuela se desangra en la peor crisis humanitaria no generada por un desastre natural de las últimas décadas, frente a la impotencia y la inacción de sus vecinos, que seguramente consensuarán durante la Cumbre de las Américas que empieza hoy, en Lima, una declaración de condena tan dura como irrelevante al régimen de Maduro, ausente con aviso, ya que fue específicamente excluido del evento por sus reiteradas violaciones de los derechos humanos.

Una sensación de frustración similar podría surgir cuando evaluemos los resultados concretos de esta nueva reunión de mandatarios regionales, dedicada nada menos que a la «gobernabilidad democrática frente a la corrupción».

En primer lugar, porque la propia formulación ignora un hecho histórico tan doloroso como real: como ocurrió con muchos países europeos que fueron espejo de nuestras transiciones a la democracia, como Italia o España, la corrupción constituyó, lejos de un obstáculo para su consolidación, uno de los mecanismos de cooperación más potentes, en el sentido de modificar prácticas arraigadas dentro de las respectivas elites nacionales (políticas, económicas y sociales).

Sin embargo, el uso político de la corrupción implicó una innovación que discontinuó décadas de inestabilidad institucional y reversiones autoritarias. De este modo, fue posible desandar las lógicas de confrontación intensa, el divisionismo, la polarización y la interrupción de la continuidad institucional con golpes militares. En vez de desplazarse del poder con la intervención de actores «ajenos» al sistema, las elites políticas comenzaron a alternarse y compartir el poder con las mieles aparejadas, tanto formales (vía presupuestaria) como informales (vía la corrupción).

Primera conclusión: la corrupción no es un fenómeno exógeno a la gobernabilidad democrática, tal como fue históricamente concebida en las últimas décadas de desarrollo político latinoamericano. Por el contrario, es endógena, inherente, parte integrante del arsenal de recursos que hizo posible que nuestras elites se convencieran de que les convenía jugar, individual y colectivamente, el nuevo juego de la competencia electoral y las reglas constitucionales, sistemáticamente ignoradas hasta hace tres décadas y media.

Es que ambos ámbitos, el empresarial y el deportivo, no fueron ajenos al fenómeno de la corrupción. Alimentaron ese círculo vicioso que explica al menos parcialmente la rápida «democratización» de las burguesías nacionales: también ellas habían apostado sistemáticamente a las aventuras militaristas autoritarias y obtenido pingües ventajas. Lo siguieron haciendo en el contexto de los nuevos regímenes democráticos, que generalmente mantuvieron el capitalismo de amigos y las transferencia de rentas y cuasi rentas incluso a empresas transnacionales. Pronto descubrieron que las recuperadas democracias podían brindar los mismos privilegios. Incluso muchos más. La mayoría de los gobiernos militares, con la parcial excepción de la dictadura de Pinochet, demostraron ser bastante inoperantes en términos económicos, en especial para establecer entornos macroeconómicos estables y un clima de negocios previsible.

Es cierto que en algunos casos los proyectos autoritarios desarrollistas beneficiaron a las clases empresariales locales en materia financiera y de proteccionismo. Brasil y la edad de oro del PRI en México, previo al default de 1982, son dos ejemplos. Pero los desaguisados macroeconómicos los distanciaron de las elites económicas a las que habían favorecido y de las que habían obtenido apoyo en un contexto tan discrecional como poco transparente.

Sorprendieron entonces los nuevos demócratas con su flexibilidad para abrazar, particularmente en la década del 90, el nuevo credo promercado. Así, la agenda de reformas económicas sirvió también como excusa para limitar la influencia de las viejas elites autoritarias. Ese fue sobre todo el caso de la Argentina, que prácticamente desmanteló sus Fuerzas Armadas (como pone de manifiesto la tragedia del ARA San Juan).

Segunda conclusión: los vínculos público-privados no fueron ajenos a las prácticas corruptas, sino que constituyeron un componente fundamental. Esto ocurrió tanto bajo gobiernos autoritarios como en las experiencias democráticas que tuvieron lugar en las últimas décadas.

¿Cómo se rompen inercias y comportamientos tan arraigados? ¿Cómo se modifican prácticas y (dis) valores que han permeado en amplios espacios institucionales e influido en las decisiones de los principales protagonistas de la vida política nacional? Interrogantes cruciales sin respuestas sencillas.

En especial, a la luz del avance de las investigaciones judiciales en Brasil: si miramos a nuestro vecino en el espejo de Italia, el colapso de un régimen político estructurado en torno a la corrupción (como lo demostraron el Mani Pulite y el Lava Jato), lejos de contribuir a la gobernabilidad democrática, puede derivar en un ciclo de inestabilidad estructural y de oportunidades para que las fuerzas extrasistémicas (populistas, autoritarias, claramente antidemocráticas) vuelvan a prevalecer.

*Por Sergio Berensztein para La Nación