Apuntaron a “organizaciones que responden al Ejecutivo y someter a los jueces para que liberen detenidos”.
La Mesa Directiva del PRO se opuso este martes «rotundamente» a la idea de liberar a presos para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles y le pidió al Ejecutivo «que se ponga de acuerdo» y decida «de qué lado está» ante la diversidad de opiniones dentro del Gobierno.
«Nos oponemos rotundamente a la liberación de presos que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas. Los presos tiene que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados», comienza el comunicado.
En la misiva, que lleva la firma de la presidenta del partido, Patricia Bullrich; así también como las de Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi, Jorge Macri; el PRO destaca que «ignorar a las víctimas es ignorar la ley».
«Recordemos que gracias a la Ley de Víctimas que sancionamos cuando fuimos gobierno, hoy los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso. Ya lamentamos casos donde se liberaron a delincuentes y estos cometieron nuevos y aberrantes delitos», agrega.
Sigue: «Esto va a seguir pasando, porque el Ejecutivo ya avisó que no tiene cómo controlarlos. Nos ponen a todos en riesgo de convertirnos en nuevas víctimas».
El comunicado hace especial foco en «la posición del Ejecutivo» frente a la cuestión, al asegurar que «por un lado generan todos los protocolos epidemiológicos para abordar la pandemia en el ámbito carcelario (SPF) y dicen que van a perseguir a los jueces que no cumplan con la ley de victimas (Sergio Massa), pero por el otro, se avala la estrategia que auspician funcionarios y propician libertades masivas y presiones a los jueces».
El documento contiene una crítica directa al presidente Alberto Fernández, quien «ratifica la liberación indiscriminada de los presos, generando una indebida presión sobre la justicia, que no corresponde al Poder Ejecutivo que ejerza».
Y cierra: «Organizaciones que responden al Ejecutivo, como el CELS, o la Comisión por la Memoria, presionan a los jueces para que liberen detenidos. En la Provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Justicia se propician libertades masivas y conmutaciones de pena. El Ejecutivo se tiene que poner de acuerdo y decidir de qué lado está».
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