Eduardo Van Der Kooy
Arrea al peronismo en su embate contra fiscales y jueces. Su acción estimula las amenazas. Agita el clima político. Pero complica la estrategia de su defensa. Alberto tampoco ayuda con sus graves errores.
La inestabilidad del triángulo de poder del Gobierno profundiza la crisis. Proyecta un futuro sombrío y dantesco. Lo peligroso de aquel desequilibrio no se relaciona únicamente a las decisiones incorrectas. También, a un estado emocional de sus principales figuras, sobre todo Cristina y Alberto Fernández, que empujan a la Argentina hacia una esquizofrenia política.
La vicepresidenta se ha encapsulado en la lucha contra el Poder Judicial por el pedido de 12 años de prisión que realizó el fiscal Diego Luciani, a raíz de la obra pública en beneficio del empresario K, Lázaro Báez. En esa andanza está arrastrando al peronismo e incubando la posibilidad de un gravísimo conflicto de poderes. Despliega el “operativo terror”. El Presidente quedó resumido ahora como acompañante. Sin agenda destacable. Empeñado en congraciarse sólo con la jefa. La poca gestión, en una administración fantasma, está en manos de Sergio Massa, el ministro de Economía, ocupado en evitar la hecatombe con recortes de gasto público. La quita del subsidio a las tarifas es apenas el primer eslabón de una cadena larga.
Esa realidad hueca de contenido épico induce al kirchnerismo a hurgarlo con desesperación en otros planos. Afloran las imágenes de aquella esquizofrenia política. Después de la alocución en el Senado para refutar a Luciani, cosa que no hizo, Cristina se asomó a un balcón del Congreso para arengar a un puñado de militantes. Añoranza de otra época. Esos entusiastas se ofrendaron como “los pibes para la liberación”. Massa disponía en simultáneo una poda de 210.000 millones de pesos del gasto, distribuidos en Educación, Salud y Vivienda.
El contraste brindó otros espectáculos sorprendentes. El sindicalista Walter Correa asumió como nuevo ministro de Trabajo de Axel Kicillof en Buenos Aires. El funcionario juró en nombre de Juan Perón, Eva, Néstor y Cristina Kirchner. Desató la euforia de una romería inexplicable que empezó a aplaudir y tararear la amenaza acerca de que “si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”. Celebró en primera fila Roberto Baradel, titular de Suteba, el poderoso gremio docente bonaerense. Ligado a la CTA kirchnerista de Hugo Yasky. De aquel recorte dispuesto por Massa unos $ 50.000 millones impactan en el plan Conectar Igualdad, en la construcción de jardines de infantes y en la inversión en infraestructura.
Tal vez Baradel y Yasky hayan permanecido ajenos a otro hachazo que conmovió a la Confederación General del Trabajo (CGT). Unos $ 10.000 millones extraídos a las Obras Sociales, con anuencia de Pablo Moyano. Puente con Máximo Kirchner y el propio Massa. La novedad surgió horas después de que la central obrera divulgara un comunicado de apoyo a Cristina por la presunta persecución judicial a raíz del pedido de condena de Luciani. Hubo una decena de gremios que promovieron la marcha atrás imposible. ¿Desdecirse del respaldo a la vicepresidenta?
Puede convenirse algo. Ningún gobernador, intendente o sindicalista, más allá de las diferencias que mantengan con Cristina, podría correrse un paso de la embestida contra el Poder Judicial. De prosperar el juicio contra la obra pública, en este caso en beneficio de Báez, se sentaría un precedente que, en cualquier circunstancia, encerraría riesgo de volverse contra aquellos. De la mayoría peronista e, incluso, de quienes no lo son.
De allí el blindaje que, con diferentes artilugios, intenta siempre imponer el sistema político. Aún en naciones más desarrolladas, con otro bagaje cultural. En febrero pasado se cumplieron 30 años de un proceso que sacudió el mundo: el mani pulite en Italia que encabezó el fiscal Antonio Di Pietro. Una trama de gigantescas coimas que enlazó a los partidos tradicionales con empresas. Pagó incluso un primer ministro, Bettino Craxi. Luego fugado y fallecido. Los estándares parecieron mejorar. La viscosidad vuelve como una marea. Silvio Berlusconi, el ex varias veces premier que cumplió en 2013 una condena de 4 años –haciendo incluso tareas sociales-, asoma ahora como sostén público de la candidata neofascista con posibilidades de ganar las próximas elecciones, Giorgia Meloni.
En todo el recorrido, en especial del que falta, aflora para el oficialismo un problema. Se advierte el debilitamiento del liderazgo de Cristina que nadie parece en condiciones de capitalizar. Se descubre, además, una conducta política errática disimulada para sus fieles por su personalidad desmesurada. Capaz de detonar locuras: en Mendoza se pretendió frustrar la charla de Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema. Ella misma denunció un presunto sitio a su domicilio porque se colocaron vallas para ordenar el acampe de militantes, que lleva seis días. Aquellas equivocaciones son anteriores a la unción de Alberto como cabeza de una alquimia electoral para destronar a Mauricio Macri. No parecen extinguirse en este tramo donde juega su destino personal y político.
Interfieren en la defensa por la causa de la obra pública donde su impulsividad y decisiones personales colisionan a veces con la estrategia pensada por el equipo de abogados que conduce Carlos Beraldi. Allí campea cierta incomodidad acicateada también por las críticas que filtra el Instituto Patria. Después de lo que el kirchnerismo califica de fracaso de Alberto para desarticular las causas de corrupción, el foco quedó apuntado sobre los especialistas contratados. La vicepresidenta supuso que iban a ser capaces de interrumpir o tumbar el proceso antes de que tuviera que intervenir el Tribunal Oral Federal 2. Falló el pronóstico.
En ese contexto prioriza la acción política por encima de los planes de la defensa. Pasan las cosas que pasan. Lanzó una recusación contra fiscales (Luciani y Sergio Mola) y jueces, fuera de tiempo. Con argumentos débiles. Sin escuchar consejos. Algo similar sucedió con su exigencia para responder en audiencia el pedido de condena del fiscal. Beraldi sintió alivio no bien la vicepresidenta comunicó que dicha iniciativa correspondió a ella. El abogado no desea perder en su universo la reputación que supo cosechar antes de embarcarse en esta aventura.
Resultó inexplicable, por otra parte, que en su exposición en el Senado haya cuestionado la divulgación de los mensajes de uno de los teléfonos de su ex secretario de Obras Públicas, José López, en los cuales se confirma su vínculo con Báez y revela la participación de su hijo Máximo en numerosos negocios. Adujo que se trató de un recurso de Luciani porque carecía de otras pruebas. No supo o su defensa nunca le informó que esos elementos fueron convalidados por las partes, por acción u omisión, antes del comienzo del juicio.
Sobre otras cosas Beraldi parece despreocuparse porque escapan a su control. Ingresan en la geografía de la batalla política. ¿Alguien cree, seriamente, que un pésame de mayo del 2021 del asesor macrista prófugo, Fabián Rodríguez Simón, a través del obituario de un diario por la muerte de un hermano de la esposa de Luciani, podía significar un descrédito al fiscal? ¿Alguien supone que parte de los US$ 9 millones de los célebres bolsos pertenecían a empresarios macristas, cuando López en su declaración ante el juez aseguró que el desplazamiento de ese dinero se lo había pedido Fabián Gutiérrez?. El ex secretario de Néstor y Cristina, extrañamente asesinado en Río Gallegos, en julio del 2020.
La escalada de la vicepresidenta posee para su equipo de defensa otra dificultad. Estrecha filas en un Poder Judicial que se siente acechado. Movió al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a disponer un refuerzo de la seguridad para los fiscales y jueces que participan en el juicio. Llevó al procurador Eduardo Casal a hacer un gesto público e inusual de respaldo a Luciani y Mola. “Esta mujer está cruzando todos los límites”, se exaltó uno de los cortesanos.
Sus abogados defensores son impotentes para contenerla. En el terreno político del oficialismo nadie se atreve a interpelarla. A llamarla a la razón. Para colmo, cuando el Presidente habla solo arroja agua sobre el lodo. Parangonó a Alberto Nisman con Luciani porque desde hace mucho tiempo su lengua se activa antes que su cerebro. Como si el Gobierno no tuviera problemas, añadió otro: aseguró que el ex fiscal de la Unidad AMIA se suicidó. No hay aún un veredicto definitivo. La investigación de la Cámara Federal apunta, en “prima facie”, el homicidio. Señala como causa presunta su trabajo por el Memorándum de Entendimiento con Irán.
Semejante escándalo político-institucional ocurre en medio de una formidable crisis económico-social. Apenas cuando el juicio por la obra pública ha dado sus primeros pasos. Restan las defensas de los 13 procesados. Recién después, el TOF2 deberá abocarse a dilucidar si Cristina, como sostuvo Luciani, fue jefa de una asociación ilícita para delinquir. Figura jurídica compleja para ser demostrada. Atenuante que serviría de poco al relato de la vicepresidenta, si no es declarada inocente.
Los expertos marcan la posibilidad de variantes. Considerarla partícipe necesaria de los delitos de administración fraudulenta. Nunca cabeza de una asociación ilícita. Podría llegar a saldarse el pleito con una condena de 3 años, hasta excarcelable. Insuficiente para una dama que ha repetido que la historia la absolvió.
Esta historia no podrá dilucidarse, al menos, hasta el 2025. Luego de que intervenga la Cámara de Casación y, si hiciera falta, la Corte Suprema. El plazo suena inquietante oteando una actualidad extremadamente crispada, con la Justicia amenazada y un pedido de juicio contra el Presidente radicado por Juntos por el Cambio, a raíz de sus asertos sobre Nisman y Luciani.
Massa se dispone viajar a Washington para pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI) y seducir a inversores en Houston. Llevará de fondo el paisaje de un país que se ve como próspero, sereno y confiable.
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