Política

Sospechas de corrupciónPese al pedido de su abogado, la Justicia ratificó que Pablo Moyano será indagado este jueves

Pablo Moyano

El sindicalista está acusado de dirigir una asociación ilícita para defraudar al club Independiente.

El abogado de Pablo Moyano presentó un escrito ante la justicia para solicitar que se deje sin efecto el llamado a indagatoria del fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, dispuesto para este jueves a las 11. Para Daniel Llermanos, defensor del hijo del líder de Camioneros, la decisión del fiscal no es legal, y por eso volvió a pedir que se declare su nulidad. Sin embargo, la jueza Brenda Madrid resolvió no suspender la audiencia, y la indagatoria se realizará como indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Para la fiscalía de Scalera existen elementos suficientes para atribuir a Pablo Moyano «el delito de asociación ilícita en calidad de jefe».

Por este motivo, hace diez días el funcionario judicial lo había llamado a indagatoria, que debe hacerse efectiva este jueves. En el expediente se investiga una asociación ilícita con maniobras defraudatorias contra el club Independiente.

Pero Pablo Moyano se negaba a declarar este jueves, bajo el argumento de que había una decisión previa -del 20 de agosto- donde la jueza del caso, Brenda Madrid, «resolvió dejar sin efecto el llamado a indagatoria de Pablo Moyano que había efectuado el Fiscal General Adjunto Scalera». Por eso el abogado consideró que «corresponde que en lo sucesivo quien deberá ordenar y llevar a cabo todos los actos o medidas a producirse en la presente investigación es la Fiscalía interviniente” y no el fiscal Sebastián Scalera.

La respuesta de la jueza, volcada en una carilla, significó un revés para el hijo de Hugo Moyano. «Con esta nueva resolución de la Fiscalía General, no corresponderá hacer lugar a la suspensión de la audiencia solicitada por la Defensa, toda vez que claramente el reciente designado Fiscal General ha dispuesto que continúe en la pesquisa el Dr. Sebastián Scalera».

Asimismo, Madrid indicó que «sin perjuicio de dejar a salvo que esta Juez Garante conoce sus facultades como magistrada y que de ningún modo intentó ni en este, ni en ningún otro proceso coartar la actividad del Ministerio Público Fiscal».

Hace dos semanas, el titular de la Unidad de Coordinación de fiscales había citado a indagatoria al hijo de titular del Gremio de los Camioneros. Los fiscales de la Unidad Fiscal 3 de Avellaneda, Elbio Laborde y Solange Cáceres, habían pedido la colaboración de Scalera.

Como en la provincia la investigación está delegada en los fiscales, Scalera fijó la indagatoria para el viernes pasado, pero el abogado de Pablo Moyano, Daniel Llermanos, pidió la postergación de la audiencia y la nulidad de la causa a la jueza de garantías Brenda Madrid. La respuesta de la magistrada fue dar traslado a los fiscales Laborde y Cáceres, quienes atendieron los argumentos de Llermanos.

Esto devino en un nuevo planteo, y sobre la competencia y el alcance de la Unidad que dirige Scalera, se pronunció el fiscal general interino Carlos Baccini, quien avaló su participación. Por ello, este lunes el fiscal del caso sobre la defraudación al Club Independiente volvió a citar a Moyano.

La defensa del sindicalista consideró que esta nueva citación debe declararse nula. Sostuvo que es facultad de los jueces de garantías «velar por del orden constitucional durante toda la tramitación», y que «el marco de legalidad del Juzgado de Garantías y el esquema recursivo pretendió ser violado de manera ostensiblemente grosera por Scalera y Baccini, que pretendieron alzarse contra una decisión jurisdiccional por vía de un acto administrativo de superintendencia».

Pero la jueza Brenda Madrid señaló que el Fiscal General Baccini resolvió «en el marco de las atribuciones que le corresponden a ese Ministerio, nuevamente la intervención de la Unidad de Coordinación General para casos de Delitos Complejos y Crimen Organizado», aunque señaló que la medida «no fue comunicada formalmente a esta sede» y que observó «desprolijidad desplegada por la Fiscalía de Cámara en esta causa en particular, en cuanto a que se ha designado y cambiado en reiteradas oportunidades las fiscalías de intervención», no había argumentos suficientes para suspender la indagatoria de Pablo Moyano. 

En el expediente se investiga una asociación ilícita con maniobras defraudatorias contra el club Independiente.

En diciembre, la jueza de Avellaneda Brenda Madrid, dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral al barra Pablo «Bebote» Álvarez como jefe de la asociación ilícita, junto a Damián Lagaronne, Roberto (Polaco) Petrov, Noray Nakis y Hector “Yoyo” Maldonado entre otros. El vicepresidente del club, Pablo Moyano, está acusado de haber dirigido la asociación ilícita junto a Álvarez, pero como fue incorporado posteriormente en la investigación, no está incluido en este tramo de la causa que la magistrada ya elevó a juicio oral.

La acusación esgrime que «desde fecha indeterminada y al menos hasta el mes de noviembre de 2017, operaba una asociación ilícita integrada por un grupo variable y no determinado de personas del sexo masculino y femenino, todos mayores de edad, siendo parte de la misma una facción de la hinchada del club Independiente». Ese planteo fue respaldado por la Cámara Penal de Lomas de Zamora, al rechazar planteos de Noray Nakis y Héctor «Yoyo» Maldonado, también involucrados en la causa.

Este grupo de personas lideradas por Pablo «Bebote» Álvarez -quien según su confesión como arrepentido a su vez respondía órdenes de Pablo Moyano- se «reunían habitualmente con motivos de encuentros futbolísticos en donde interviene el equipo en las inmediaciones de su estadio, además de sus sedes sociales y lugares en donde se disputan los encuentros, como así también en los sitios en los que el equipo de primera división de Independiente concentra previo a los partidos y en los lugares de entrenamiento».

Entre otros aspectos, la imputación remarca que la maniobras defraudatorias contra Independiente «mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, ‘protocolos’ de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del Club”.

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