Política

Nueva instanciaLa Corte de EE.UU. le pidió opinión al Gobierno de Donald Trump en el juicio contra Argentina por YPF

El máximo tribunal quiere conocer lo que dice el jefe de los abogados de la Casa Blanca. Un fondo buitre demanda US$ 3.000 millones.

La decisión de la Corte estadounidense es bien vista por el Ejecutivo argentino.

La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió solicitar opinión al General Solicitor de ese país (el jefe de los abogados del Estado) en el juicio que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF, llevada adelante en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. De esta forma, el Ejecutivo gana tiempo y se abre una nueva instancia tras dos fallos adversos para el país.

Lo que debe decidir el máximo tribunal estadounidense no es la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción: si la demanda de un fondo buitre por 3.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama el Gobierno argentino.

La estrategia oficial es traer el juicio a la Argentina para resolver, a través de la justicia local, la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la posibilidad de entablar el juicio, cosa que hizo.

Según la primera evaluación hecha por la administración de Mauricio Macri, la resolución es altamente positiva.  Por un lado, demuestra la importancia del caso, pues de otro modo, se hubiera rechazado de plano. Además, analizan, la Corte rara vez realiza ese tipo de convocatorias y, por eso, debe destacarse que el Estado americano sólo interviene bajo una invitación especial.

En el Gobierno también destacan que si bien ​la opinión del Solicitor General no es vinculante, es tenida en cuenta especialmente por la Corte. Además, queda claro que produjo efecto la presentación de los Amici por parte de Chile y México, marcando la importancia del asunto desde el punto de vista internacional para los Estados Unidos.

En la Rosada entienden también que la decisión judicial resulta una mala noticia para los demandantes, quienes esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio. En definitiva, que es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada en cuanto a las posibilidades del recurso ante la Corte.

Las fuentes oficiales destacaron la labor de la Procuración del Tesoro (que conduce el abogado Saravia Frías) y la de los abogados del Estado argentino, según publicó Clarín.

El tema ya había recibido dos fallos adversos para la Argentina en instancias inferiores de Nueva York y el Gobierno apeló entonces al máximo tribunal estadounidense, que debía resolver entre tres opciones: si aceptaba tratar la apelación, si la rechazaba o si, como finalmente ocurrió, pedía la opinión de un “solicitor”, que en este caso es la administración de Estados Unidos.

La Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda porque la expropiación de YPF es un acto de un estado soberano por lo que debería ser tratada por tribunales locales.

Los abogados de Burford-Petersen exponen, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina quebró el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.

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