Más allá de coincidir con la idea general, el gobierno de Alberto Fernández tomó distancia del proyecto de ley presentado por la senadora kirchnerista Eugenia Catafalmo y acompañado por otras cuatro legisladoras, que propone anular las prisiones preventivas en caso de que su publicación en medios masivos haya «afectado la percepción pública» sobre el imputado.
«Lo leí, y creo que no es el momento para ser debatido. Debería serlo en un contexto más amplio, como el que puede dar el debate de una reforma judicial», dijo a LA NACION el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando «Chino» Navarro.
«Sí es cierto que los hombres públicos y los periodistas que forman opinión deberíamos tener cuidado, porque a veces emitimos opiniones que malversan a las personas y pueden influir negativamente en fallos judiciales», agregó el funcionario de la jefatura de gabinete.
La opinión de Navarro se suma al silencio de la Casa Rosada sobre el proyecto, que surgió del kirchnerismo duro a pesar de que la vicepresidenta Cristina Kirchner, a través de voceros en off the reccord, dejó en claro que no avala la discusión del proyecto en este momento. «Cristina ya se despegó, ¿para qué vamos a decir algo nosotros? Somos uno», afirmó, entre la razón y la ironía, el ocupante de un importante despacho de la Casa Rosada.
La iniciativa, presentada a fines de diciembre pasado, habla de «verdaderos linchamientos mediáticos» en referencia a artículos de investigación que afectan a funcionarios del kirchnerismo. Y propone anular las prisiones preventivas o detenciones «en el caso de publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución».
Las críticas de la oposición también llegaron, en la voz de la titular de Pro, Patricia Bullrich, para quien la norma «es de un autoritarismo total».
Jorge Taiana, también en contra
El senador Jorge Taiana (Frente de Todos.-Buenos Aires) se manifestó en contra del polémico proyecto de ley que cinco senadoras ultrakirchneristas presentaron con el objeto de limitar la posibilidad de que los jueces puedan usar el instituto de la prisión preventiva a acusados por causas de corrupción.
«En líneas generales soy bastante reticente o directamente contrario a limitar la libertad de expresión, así que si bien no lo he visto al proyecto, no creo que lo pueda acompañar», afirmó Taiana en declaraciones periodísticas.
El excanciller se refirió así al inciso B del artículo 2 de la iniciativa, el cual establece como causal de nulidad de una prisión preventiva «la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción publica respecto del principio de inocencia sobre el afectado».
Taiana también rechazó que el texto responda a una estrategia legislativa del oficialismo, tras lo cual insistió en su postura contraria al proyecto. «No es un tema que, para mí, sea posible tratar», sentenció.
La postura del senador oficialista refleja la de muchos de sus colegas, quienes dijeron desconocer la existencia del proyecto.
«Es un disparate», opinó un senador que integra el sector que responde a los gobernadores, que consideró que el proyecto «roza» el derecho constitucional de la libertad de expresión.
Algo parecido, aunque con matices, comentó ante este diario un senador oficialista de corte kirchnerista. «No lo leí, pero el proyecto me parece tan inconstitucional como muchas de las prisiones preventivas que se dictaron en los últimos años», dijo.
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