Una serie de correos electrónicos cruzados entre el Ministerio de Salud y la compañía norteamericana Pfizer entre el 11 y el 15 de diciembre pasados, muestran los motivos detrás de la pelea entre ambas partes, que le impiden a la Argentina hasta ahora cerrar un acuerdo con el laboratorio para hacerse de una de las alternativas más codiciadas en la pelea contra el covid.
La documentación analizada muestra la molestia del titular de Salud, Ginés González García, con el laboratorio, enumera reproches y denuncia presiones, pero deja la puerta abierta a un futuro acuerdo.
También revela que el gobierno argentino, según sus términos, modificó el marco normativo hasta el límite de lo permitido e hizo piruetas legislativas para contar con la vacuna de Pfizer y otras alternativas, algo que incrementó el enojo de Salud ante la negativa de la empresa.
Del otro lado, el gerente general del laboratorio en la Argentina, Nicolás Vaquer, mencionó que las demoras en la negociación, sumadas a motivos clínicos, dilataron la llegada de la vacuna al país de acuerdo con un cronograma conversado a mediados del año pasado.
El primer capítulo de la historia que se cuenta en estas líneas comenzó el último 11 de diciembre. A las 16.08 salió el correo electrónico desde la secretaría privada de González García con destino a la casilla de Nicolás Vaquer. Llevaba adjunto una carta firmada por el ministro de Salud.
El texto tiene una prosa fría y reconstruye las facilidades que le dio la Argentina a Pfizer para desarrollar la vacuna, entre las que se destacan la «plena disposición» del Hospital Militar Central para el trabajo clínico.
La carta de González García recuerda que el Gobierno y Pfizer suscribieron un acuerdo de confidencialidad donde se evaluaron alternativas de suministro, plazos de entrega, cantidades y precio. Luego se enumeran los problemas: «…se ofreció reemplazar condiciones de indemnidad por una póliza o seguro de caución en Nueva York, pero estas no fueron aceptadas por Pfizer.. … Se pretendió imponer al Gobierno Argentino que aceptara firmar el contrato en un plazo de una semana, sin contemplar los principios que deben primar en toda la actuación de la Administración Pública».
Párrafos más adelante, González García repasó los pasos de la Casa Rosada para adaptar el marco normativo de la Argentina a las demandas de quienes producen las vacunas. Allí aparecen elementos nuevos: «Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad. Entre ellos, Pfizer reclamó además condiciones de inmunidad que exceden las que brinda el Estado argentino a organismos internacionales o programas de organismos multilaterales», reconoció el ministro de Salud.
Según la interpretación del Gobierno documentada en las copias que vio LA NACION, la Casa Rosada considera que la empresa norteamericana insistió con posterioridad a las normas sancionadas en la necesidad de contemplar cláusulas con requerimientos más importantes que superan las excepcionalidades previstas.
Dos son los puntos clave: condiciones de indemnidad (prohibición de represalias) y de reconocimiento de pérdidas que, según González García, exceden las posibilidades del Estado.
La respuesta a González García llegó cuatro días después, por la noche. El 15 de diciembre pasado a las 23.34 Nicolás Vaquer, de Pfizer, le contestó, también por carta enviada electrónicamente, al ministro de Salud. Su secretaría privada confirmó haber recibido la comunicación a las 11.02 del día siguiente.
La nota de Vaquer ensaya algunos reproches en una redacción más amistosa que la de González García, pero puntualiza mejor que nadie las diferencias entre el Gobierno y el laboratorio norteamericano.
En una referencia a una conversación con el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, menciona dos puntos pendientes de resolución. Tal como aparecen escritos, son: «1) El supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley. 2) La limitación de bienes, que tornan prácticamente imposible la ejecución de la indemnidad».
El primer punto, que introdujo en la ley la diputada Graciela Ocaña, pero fue sostenido por el ministro de Salud, sugiere que Pfizer entiende que la inclusión de la negligencia (alguna cuestión que haga que algo salga mal) le quita a la empresa los beneficios asociados a la indemnidad, algo que limitaría su responsabilidad en caso de reclamos patrimoniales o de otro tipo.
Dicho en otros términos: el temor de la empresa es que la indemnidad no aplique cuando haya negligencia. Versiones periodísticas indican que debajo de esa argumentación hay otra pelea por la logística de la vacuna, compleja dado que requiere de bajas temperaturas. LA NACION no puede corroborar esa versión a partir de diversos documentos que obtuvo en respuesta a pedidos de información amparados por la ley.
El término «negligencia» es también para González García el nudo de la disputa. En una presentación en comisión en Diputados, el ministro sostuvo que la empresa no «quería que estuviera» esa palabra.
El hecho de que el término esté escrito en la carta que la empresa le envió al ministro acredita versiones anteriores de González García.
Otros gobiernos de la región, recordó Pfizer en la nota, aceptaron ceder en ese punto.
El segundo punto en discordia, estimaron fuentes consultadas, apunta a resolver el primero. Como se «coló» la negligencia, el laboratorio pidió una cobertura económica ante juicios que debía correr por cuenta del Estado. Por eso, la salida estaría en un seguro de caución en Nueva York. Puede tratarse de una cifra gigantesca.
Aunque lejano, el último punto es el que estaría más cerca de resolverse, según el texto de Vaquer a González García, ya que la opción de la póliza en Estados Unidos, como propuso el gobierno argentino, «podría ser un punto válido» para abordarlo según Pfizer.
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