La oficina de Migraciones del gobierno de Iván Duque le impidió ingresar al país alegando ese motivo. Qué dice la normativa vigente
El gobierno de Colombia le negó ayer el ingreso a Juan Grabois luego de que se le detectara el pasaporte “vencido” y por “faltarles al respeto” a las autoridades migratorias. El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) había viajado junto a una delegación de observadores en una misión internacional con el objetivo de auditar las violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales que comenzaron el pasado 28 de abril.
En un comunicado oficial, la oficina de Migraciones de Colombia fundamentó la decisión de deportar al dirigente social por agredir verbalmente a una agente del organismo. La documentación presentaba “inconsistencias” y, según el órgano gubernamental, Grabois no colaboró con la revisión de los papeles.
“Un ciudadano de nacionalidad argentina, quien se negó a que se le realizara una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte y faltó al respeto al Oficial de Migración y al Supervisor a cargo, fue inadmitido de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2 del Decreto 1727 del 21 de diciembre de 2020″, señala el texto de las autoridades colombianas.
Según la normativa migratoria vigente, los argentinos de los estados del Mercosur y sus países asociados -entre ellos, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela- pueden viajar y salir del país por vía aérea, terrestre, marítima o fluvial tanto con el pasaporte nacional como con el DNI digital en su formato tarjeta.
Fuentes oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron a Infobae que Juan Grabois, efectivamente, utilizó su DNI tarjeta para viajar al exterior. La credencial tiene fecha de vencimiento al 2034, por lo que con esa documentación “salió bien” del territorio nacional y “podía ingresar a Colombia”, precisaron desde el organismo a cargo de la directora Florencia Carignano.
La reglamentación del uso del DNI digital para viajar al Mercosur y países asociados entró en vigencia el 1 de noviembre de 2016, a través de la Resolución 480/2016 del Registro Nacional de las Personas. Desde ese momento, los documentos que no son válidos ni sirven para egresar del país son aquellos que tienen una confección manual, es decir, los que tienen tapa verde o bordó de personas mayores y de menores de edad, o bien la libreta celeste de niños y niñas confeccionados manualmente.
Ese requisito emana del “Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”, suscripta entre los países de la región en 2008, y el “Segundo Acuerdo Modificatorio” sobre la temática firmado en 2014. Son convenios supranacionales en los que se reconoce la validez de los documentos de identificación personal como documentos de viaje hábiles para el tránsito de cada país, lo que garantiza la movilidad legal de las personas al interior del bloque regional y sus estados asociados.
En un audio publicado por la misión de observadores, Grabois contó que fue “agredido con empujones y un golpe en la cara por dos funcionarios de migraciones”, y luego otros dos oficiales le informaron que se le “denegaba el ingreso” porque su “presencia era una amenaza para la seguridad del Estado”. La idea de la delegación argentina, donde 19 integrantes pudieron ingresar sin problemas, es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades donde ocurrieron las masivas movilizaciones y denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad estatales.
El canciller Felipe Solá se refirió hoy al incidente que protagonizó el dirigente social y respaldó al líder del MTE. “Lamento que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede Juan Grabois”, publicó el diplomático a través de las redes sociales.
Felipe Solá recordó que Grabois integraba una misión internacional en derechos humanos. No es la primera vez que el gobierno argentino toma una postura con relación a la situación que atraviesa el país presidido por Iván Duque: el 6 de mayo, el propio Alberto Fernández reclamó que cese la “violencia institucional” y se resguarden “los derechos humanos”, en el marco de las protestas que tenían lugar en diferentes ciudades.
Gonzalo Armúa, uno de los integrantes de la delegación en la que iba Grabois, dijo que todos los miembros de la delegación pasaron “con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y en el mismo vuelo”. “Al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto”, indicó a la agencia Télam.
Grabois señaló las “agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad” y atribuyó su expulsión del territorio a que el gobierno de Colombia lo considera un “riesgo para la Seguridad de Estado”.
“Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adiós Colombia ¡Fuerza!”, sostuvo el dirigente del MTE.
La “misión” a Colombia
Integran la misión en la que iba Grabois representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En la delegación están Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).
Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.
El objetivo final del viaje es que el grupo pueda “elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizar y denunciar (las violaciones a los derechos humanos) a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano”.
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