Política

La pelea con la NaciónLa Corte Suprema fallaría mañana a favor de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales

Ya presentaron sus votos Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Highton de Nolasco se abstendrá.

La Corte se prepara para fallar este martes en el amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires luego de que el presidente Alberto Fernández prohibiera con decreto las clases presenciales en el área metropolitana (AMBA) por la pandemia de coronavirus.

El fallo, que ya está listo, se daría a conocer este martes y abogaría por la autonomía porteña, aunque restará una vez que se conozcan los detalles de la sentencia los alcances de la medida.

Hace dos semanas, la Ciudad presentó un recurso ante la Corte para defender la autonomía porteña y resistir el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández que ordenó cancelar las clases presenciales en todos los niveles educativos. Ese mismo DNU fue reemplazado por otro este último sábado que mantiene esa misma orden.

Este lunes, cuatro de los jueces de la Corte presentaron sus votos en la Secretaría de Juicios Originarios. Elena Highton de Nolasco se abstendrá porque ya consideró, cuando Horacio Rodríguez Larreta presentó el recurso, que no es competencia de la Corte involucrarse directamente en los diferendos entre la Nación y la Ciudad.

Según fuentes judiciales, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda dieron los mismos argumentos para fallar acerca de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Rosatti y Maqueda fueron convencionales constituyentes en Santa Fe, donde en 1994 se sancionó la reforma constitucional. En el artículo 129 -que apoyaron en ese momento ambos cortesanos- dice que «la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad».

Ricardo Lorenzetti y el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, también presentaron su voto en la Secretaría. Iría en la misma línea de defensa de la autonomía aunque podría contener argumentos diferentes.

La causa arrancó el 16 de abril y fue impulsada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la presentación, encabezada por el procurador porteño Gabriel Astarloa, la Ciudad le pidió a la Corte que declarara inconstitucional el artículo 2 del decreto 241/2021 del Presidente que suspendió las clases presenciales en el área metropolitana (AMBA) por dos semanas y que dispusiera una medida cautelar. La administración de Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que ese artículo “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.

Lo cierto es que ese decreto hoy no está vigente porque rigió hasta el viernes pasado. Pero la prohibición de dictar clases presenciales en el AMBA fue prorrogada por otro decreto presidencial, el sábado pasado. La Ciudad, de todas maneras, mantuvo las escuelas abiertas con clases presenciales y optó por una modalidad mixta -virtual y presencial- para los secundarios para impulsar una reducción de la movilidad como pedía el Gobierno.

Tres días después de la presentación de la causa en la Corte, el tribunal aceptó la competencia y empezó un lento camino hacia el fallo que saldría este martes que incluyó un dictamen favorable del Procurador General interino Eduardo Casal, el jefe de los fiscales apuntado por el kirchnerismo.

Casal dictaminó que el DNU de Fernández es «inconstitucional» porque se arroga funciones sobre materias, como la educación, que permanecen en manos de las provincias. Para Casal, y lo mismo dijo la Corte en varias sentencias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo estatus jurídico que las provincias, sobre todo en referencia a las disputas con la autoridad nacional.

El dictamen, aunque no es vinculante, fue un golpe para el Gobierno nacional que buscaba hacer valer el DNU presidencial.

Ayer, desde la Ciudad, la ministra de Educación, Soledad Acuña, dijo que desde el Gobierno porteño esperan que la Corte Suprema «ratifique lo que dice la Constitución Nacional, que en materia de política educativa la Ciudad es autónoma para definir”.

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