Está sospechado de haber actuado como supuesto «intermediario» entre Odebrecht y funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo
El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy la inhibición general de bienes del empresario Jorge «Corcho» Rodríguez y libró exhortos a Panamá, Antigua y Barbuda y Uruguay, en busca de información sobre sociedades y movimientos bancarios de los imputados en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht para adjudicarse obras por parte de AySa.
El magistrado dispuso inhibir los bienes del empresario por entender que hay riesgo de «desapoderamiento e insolvencia», en una resolución firmada hoy.
Rodríguez está sospechado de haber actuado como supuesto «intermediario» entre la constructora brasileña y funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo, como el ex subsecretario de Planificación, Roberto Baratta.
El magistrado notificó de la inhibición de bienes al Banco Central, a los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, a la Dirección de la Propiedad Automotor y a la Caja de Valores, entre otros organismos.
La inhibición se ordenó ante la necesidad de dictar una medida cautelar urgente debido al riesgo de que Rodríguez intente una insolvencia o desapoderamiento de bienes que, en un futuro, podrían ser objeto de decomiso en la causa, explicaron a Télam fuentes judiciales.
El caso
En el caso de Paraná de las Palmas, en Trigre, las obras fueron adjudicadas a una unión transitoria de empresas (UTE), integrada por Odebrecht Brasil, Roggio-Cartellone-Construcciones Civiles y Supercemento.
Además de inhibir a Rodríguez, el juez dispuso el envío de exhortos a Uruguay en busca de información sobre «Sabrimol», una sociedad que se sospecha podría ser de Rodríguez aunque figura a nombre de otra persona.
También dispuso que se envíe un exhorto a Panamá, en busca de información sobre «Engineering Consulting and Services» y otras sociedades bajo investigación allí y también sobre «Embry Investment SA», cuyo directorio estaría integrado por la esposa y las hijas del ex titular de Aysa, Carlos Ben.
En el caso de Antigua se requerirán datos sobre «Klienfeld Services Ltd».
La investigación gira en torno a sospechas de pago de sobornos a funcionarios públicos entre 2007 y 2014 y el supuesto direccionamiento en las adjudicaciones.
En la causa, el fiscal federal Federico Delgado ya pidió a Casanello la citación de 29 investigados a declaración indagatoria, entre ellos el ex titular de Aysa Ben y el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner.
Agencia Télam
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