Varios gobernadores apuraron el miércoles mejoras salariales a las policías de sus provincias por temor a un «efecto contagio» del reclamo de la Bonaerense; lo hicieron echando mano a sus propios presupuestos, tan estresados como el de Axel Kicillof. Fuentes de distintas administraciones admitieron que están en alerta porque ahora otros sectores estatales pueden reclamar subas.
La decisión del presidente Alberto Fernández de generar un fondo para Buenos Aires con una detracción de la coparticipación de la jurisdicción porteña no cayó bien, más allá de que ningún peronista saldrá a criticarlo abiertamente. No avalan que los cambios a la coparticipación sean por decreto, pese a que el efecto de esta modificación sea neutral para ellos.
El expresidente Mauricio Macri aumentó, también por decreto, la coparticipación a la Ciudad de 1,4 puntos a 3,75 cuando le transfirió la Policía, en 2016. Luego, ese ítem bajó a 3,5 puntos, por el pacto fiscal. La ley de coparticipación que rige es anterior a la reforma de la Constitución de 1994, que ordenó sancionar otra norma. Aunque todos los presidentes prometieron avanzar, ninguno lo hizo; es un trámite arduo porque se requiere del acuerdo de todos los gobernadores.
Ministros de Economía de cuatro provincias coincidieron, ante consultas de LA NACION, en que, desde el punto de vista financiero, la decisión de Fernández no impacta en la distribución al resto de las provincias, pero admiten que es una «mala señal».
«Cuando Macri subió los montos para la Ciudad hubo quejas porque era desproporcionado respecto al costo de la policía que transfería», repasa un funcionario santafesino. Incluso, en ese momento hasta Miguel Ángel Pichetto, quien era jefe del bloque de senadores peronistas, dijo: «El traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño genera tensión en las finanzas de la Capital que hay que atender, no se lo puede hacer en detrimento del conjunto de las provincias como lo está haciendo el presidente Macri a través de un decreto».
«Ahora cuando vengan a pedir aumentos hay que mandarlos a Olivos», ironizó el ministro de Hacienda de un distrito grande, quien entiende que la forma en que se decidió crear el fondo responde «a cuestiones políticas y no económicas, porque si no podrían haberlo asistido con emisión, como a otros». Otro ministro de una provincia del norte sugirió que una manera de empezar a resolver inequidades es «cortar con los subsidios extras que recibe la Ciudad de Buenos Aires».
En las administraciones peronistas prefieren evitar las críticas directas a la Casa Rosada porque están negociando distintos tipos de ayuda y partidas en el presupuesto 2021. Una fuente de La Rioja recuerda que ese distrito reclama desde 1988 por la pérdida de un punto en el coeficiente de coparticipación (por la misma ley por la que Buenos Aires perdió seis): «Se vienen usando mecanismos diferentes de compensaciones extracoparticipación, pero nunca se llega al punto. Nos fue mejor con los peronistas que con Cambiemos, con el que nos fue muy mal», describió. Un punto equivale a unos $18.000 millones.
Acumuladas a agosto, las transferencias totales (automáticas y no automáticas) del Estado nacional a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires sumaron $1.567.110 millones, lo que implica un crecimiento interanual de 39,2% pero quedando debajo de la inflación. Buenos Aires encabeza los envíos, con el 25,9% del total; la ventaja la saca en los giros por fuera de la coparticipación.
De lo que recibió – según datos de la consultora Politikon 47,5% son transferencias no automáticas. Con el crecimiento de recursos de este año, indica el trabajo, Buenos Aires acortó «significativamente» la brecha con la Capital: en 2019 las transferencias per cápita a la Ciudad fueron de $19.937,9 millones contra $14.447 millones de la provincia. Este año son $25.159,6 millones frente a $23.103 millones.
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