Duro golpeEl corte del gobierno nacional de la ayuda salarial afectará a más de 25 mil salteños

Son personas a las que el Gobierno nacional les pagó parte del salario.

Más de 25 mil salteños, que en los últimos dos meses cobraron sus salarios con un porcentaje pagado por el Gobierno nacional, se verían afectados si la Casa Rosada reconfirma que solo brindará ayuda a las zonas del país donde la cuarentena es más rígida.

Ayer, durante una reunión de funcionarios de la región NOA de la Anses con senadores, el director de Relaciones Institucionales, Pablo Pacífico, al referirse al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el que se pagó el 50% del salario de trabajadores del sector privado, detalló que Salta alcanzó por dos meses a más de 25.000 empleados de 2.858 empresas, la mayoría pymes, con una media de $20.0000 por cada uno.

Acotó que a este programa se agregan otros beneficios como reducción del pago de contribuciones patronales, créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos y una suba que llevó a la prestación por desempleo de $6.000 a $10.000.

El IFE

Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, detallaron que en Salta llegó a poco más de 322.000 personas, se prevé sumar otras 22.000 para el segundo pago a partir del 20 de junio y que la modalidad de liquidación será a través de bancos y ya no del correo.

Posteriormente los funcionarios acordaron con los senadores la capacitación del personal del cuerpo para asesorar a los vecinos de cada departamento sobre la resolución de trámites a distancia y la reactivación de la unidad de atención móvil para poder llegar a lugares alejados de la provincia.

Además, los legisladores consultaron sobre la necesidad de abrir más oficinas en lugares como San Antonio de los Cobres o San Carlos y de convertir oficinas ya existentes en UDAI en otras ciudades como Tartagal y Joaquín V. González.

Se habló también sobre la posibilidad de operativos conjuntos a parajes alejados o sin conectividad, como el caso de Luracatao, de manera de permitir el acceso a los servicios de Anses de los ciudadanos del interior profundo.