Política

Sospechas de corrupciónDenunciaron en la Justicia a un funcionario de La Cámpora por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner

Los diputados Ocaña y Waldo Wolff hicieron una presentación luego de las declaraciones públicas de Matías Kulfas.

Los diputados de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff denunciaron penalmente a Agustín Gerez, presidente de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) y referente de La Cámpora, y a quienes intervinieron en la licitación pública para el gasoducto Néstor Kirchner. Buscan que la justicia investigue si se benefició exclusivamente a la empresa Techint​.

La denuncia penal se da en el marco de la renuncia de Matías Kulfas del Ministerio de Producción, luego de que desde esa cartera se difundiese entre un grupo de periodistas información en off the record en la que se planteaban críticas a funcionarios de la secretaría de Energía que responden a Cristina Kirchner. El sorteo adjudicó el caso al juez Ariel Lijo.

En el texto presentado en Comodoro Py se incluyó también a los funcionarios que intervinieron en la confección de la Licitación Pública 01-2022, bajo la sospecha de que se habrían cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Según lo anunciado por el Gobierno, el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, realizado a partir del decreto 76/2022, se financiará en parte con el aporte solidario a las grandes fortunas. Como parte del proceso, ya se realizó la oferta pública para la provisión de cañerías, estudios de impacto ambiental y procesos para adquisición de bienes complementarios para la puesta en marcha del gasoducto.

Por el momento, sólo fue adjudicada la provisión de cañerías. Se encuentra en etapa de análisis la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termocontraíbles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos vinculados tanto al gasoducto como a obras complementarias.

La diputada Graciela Ocaña es una de las que presentó la denuncia por el gasoducto.La diputada Graciela Ocaña es una de las que presentó la denuncia por el gasoducto.

En este caso, la denuncia penal pide que el proceso licitatorio sea investigado, en base al contenido del off the record que devino en el pedido de renuncia a Kulfas, y que colocó un manto de sospecha sobre las etapas adjudicadas. «Todas estas expresiones realizadas impúdicamente frente a toda la sociedad argentina indicarían que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio para la adquisición de tubos para el transporte del gas estarían direccionadas a efectos de favorecer a una empresa en particular, Tenaris Siat SA parte del grupo empresario Techint», se señala en la presentación judicial.

«Si analizamos la licitación a la que hace referencia el ex Ministro Kulfas, llamativamente la única empresa que se presentó y terminó siendo adjudicataria de una licitación multimillonaria fue Tenaris», indica la denuncia de los miembros de Juntos por el Cambio.

En el mensaje de Kulfas se decía que había otra empresa, Laminados Industriales SA, que podía hacer esos caños. Pero que se puso en el pliego que los caños tuvieran 33 milímetros para presuntamento solo ingresara Techint. Pero el domingo, Laminados Industriales sacó un comunicado en el que aclaró que «no producía chapa con calidad apta para gasoductos». Además, dijeron que recién están haciendo pruebas para la producción de chapas gruesas con calidad “API” -que es la calidad estandarizada para usar en gasoductos y oleoductos- y que a fin de año estarían en condiciones de calificar para producir esas chapas. 

Se consignaron además, otras expresiones radiales del ahora ex ministro donde señaló que «la empresa que licita es IEASA, que es una empresa que esta conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta, ahí están establecidas las condiciones».

Cristina expuso el tema en el acto del viernes último en YPF, donde reclamó al Presidente que pida a Techint que mude una planta que tiene en Brasil para la provisión de la chapa para fabricar los tubos licitados.

El diputado del PRO Waldo Wolff es uno de los que presentó la denuncia por el gasoducto.El diputado del PRO Waldo Wolff es uno de los que presentó la denuncia por el gasoducto.

Por ahora, esos tubos los fabricaría la empresa brasileña Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA -USIMINAS, donde el grupo Techint tendría una participación del 50 por ciento del paquete accionario. Tenaris tendría participación accionaria en USIMINAS a través de una subsidiaria brasilera llamada Confab Industrial SA y Ternium.

«En los hechos (los dichos de Cristina Kirchner) terminaron actuado como una caja de Pandora y dejaron expuestos una doble situación irregular en el proceso de construcción del gasoducto Kirchner», sostiene la denuncia de Ocaña y Wolff.

Bajo ese mismo criterio, los denunciantes plantearon ante la Justicia federal que «la sospecha de la vicepresidenta se relaciona con el reclamo del pago de 200 millones de dólares que la empresa SIAT, única oferente de la licitación de tubos, para pagar la importación de acero a la empresa USIMINAS. Son todas empresas vinculadas a través de un complejo mecanismo de participación societaria recíproca».

Los diputados de JxC pidieron que se investiguen estos hechos en relación a una obra que busca suplantar parte de los 3.440 millones de dólares que el Estado vuelca a la importación de gas.

La sospecha de los diputados opositores es que en el marco del proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner «se habrían violado los principios de razonabilidad, transparencia en los procedimientos y la igualdad de tratamientos para interesados y oferentes y la promoción de concurrencia de interesados y competencia de oferentes».

El presunto direccionamiento del pliego a favor de una empresa, tal lo manifestado por el ex ministro Kulfas, «es una violación flagrante de estos principios y puede constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrir una maniobra defraudatoria contra la administración pública», y por ese motivo se pidió que se abra una investigación penal.

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