Participaba una salteñaAsí operaba la red de trata que llevaba travestis de los bosques de Palermo a París

Mujer trans, E. es una figura ampliamente reconocida, una de las mayores referentes en la lucha por los derechos de las travestis en la Argentina. El 23 de noviembre pasado, E. se armó de coraje y se sentó frente a una funcionaria de la PROTEX. La PROTEX, encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, es el ala de la Procuración dedicada a investigar la trata de personas y la esclavitud sexualen el país. La elección que E. había hecho al sentarse ante esa funcionaria judicial no era sencilla. Se trataba de un punto crítico, de una paradoja hiriente en el corazón más vulnerable de su comunidad.

«En mi calidad de activista por los derechos de las transgénero y transexuales es mi deseo que se investigue y se desmantele la organización criminal que vengo a denunciar, para que esta mafia no siga explotando a otras chicas trans», aseguró al comienzo de su declaración. Se trataba de solidaridad, en el fondo: E. reconoció haber sido víctima de la explotación y de «numerosos abusos» durante años, «he vivido muchas injusticias y persecuciones», aseguró. No era cualquier organización criminal la que E. estaba dispuesta a denunciar, no era un simple negocio de transas y proxenetas dedicados a someter mujeres y traficarlas, sino algo mucho más ambicioso.

Así, E. comenzó a hablar y señaló «a la organización criminal que maneja todo lo relacionado con la trata de personas transgénero femeninas tanto en la Argentina como en Francia, España e Italia». La organización que E. describió comenzaba en el noroeste argentino, en barrios periféricos pobres de las capitales de Salta, Jujuy y Tucumán. «Las chicas trans son reclutadas con la finalidad de explotarlas sexualmente. El reclutamiento siempre se da de la misma manera; se motiva y se ilusiona a las chicas diciéndoles que en Buenos Aires iban a ganar mucha plata y que después incluso van a poder ir a Europa. Luego de reclutadas, esas chicas son llevadas a Buenos Aires. Si no están operadas, las operan».

E. no solo hablaba de rinoplastías e implantes mamarios, sino de cosas más riesgosas e ilegales, principalmente, de inyecciones de silicona líquida, el célebre «aceite de avión» que aumenta los tamaños de nalgas y pechos y es capaz de provocar lipodistrofias deformantes y paros cardíacos.

Así, de acuerdo a la denuncia, las trans eran prostituidas en los bosques de Palermo, el circuito sinuoso del Parque Tres de Febrero «para que vayan adquiriendo experiencia y ver ‘qué potencial tienen'». Luego, para las elegidas, el casting de trata termina: son exportadas a Europa para que se prostituyan. No es gratis, ciertamente. «Por todo se les cobra», aseguró E., «por las operaciones, los viajes, por el hospedaje, por los celulares, por las ‘plazas'», es decir, las paradas donde se prostituyen. «Por todo hay que pagar», remató, con fuertes intereses cobrados. La violencia, los aprietes y las intimidaciones eran moneda corriente, la norma para mantener la negocio.

E. no habló desde el aire: dio nombres propios, perfiles de Facebook, números, tarifas cobradas y detalles de las extorsiones, nombres de presuntas víctimas que pudieron escapar. Apuntó el foco de la trama, el lugar donde las chicas trans captadas en el noroeste eran recibidas. No era una pensión ignota, una red de departamentos privados, sino uno de los símbolos más visibles de la comunidad trans porteña: el Gondolín, el pequeño hotel de la calle Aráoz solamente habitado y manejado por travestis, un símbolo histórico de solidaridad.

Finalmente, E. dio lo más fuerte de todo: los nombres de las cabezas de la organización. Sorprendentemente, no eran hombres, cafishos taciturnos; eran otras trans. La herida en la comunidad se volvía obvia. «Temo por mi seguridad», aseguró E. a la PROTEX: «Todas ellas me consideran una traidora, implementaron la creencia de que una trans puede denunciar a otra».

Dos de las cabecillas que nombró E. eran, precisamente, las mayores figuras entre las paredes color violeta y malva del Gondolín. Habló de A.A., alias «Chichi», mujer trans de 47 años, oriunda de Salta, una de las fundadoras del Gondolín, que vivió en el hotel de la calle Aráoz desde 2008 hasta 2013, que operaría desde París, y de «L.», su sucesora en la calle Aráoz. «Ella te saca el pasaje a Europa. Si el pasaje sale 10 mil, ella te lo cobra 15 mil», aseguró sobre esta última.

E. habló también de «La Emperatriz», otra trans salteña ubicada en la capital francesa, presunta cómplice de «Chichi», y de «P.», una trans de poco más de 60 años, la presunta encargada de la operación en Roma. «Te cobra por cualquier cosa», aseguró sobre «P.»: «Si una chica quiere ejercer la prostitución, P. te cobra dos mil euros como mínimo; el precio sube si querés parar en un barrio de clase alta o en un departamento privado. Te da un celular y un chip; si lo cambiás te multa, te multa por todo».

Lo cierto es que la denuncia de E. ante la PROTEX no era el comienzo, sino el principio del final. La Justicia federal, primero con el fiscal Carlos Stornelli y luego con su colega Ramiro González y la secretaría a cargo de Alejandra María, había acumulado e investigado denuncias contra la red de explotación alrededor del Gondolín durante años, los expedientes se desperdigaban entre los tribunales de la calle Talcahuano y Comodoro Py, se perdían entre archivos y sobreseimientos.

El primer caso del que se tiene registro data de febrero de 2011, generado por un pedido de extracción de testimonios proveniente del Juzgado de Menores N° 5sobre la prostitución en los Bosques de Palermo, que llegó a la fiscalía de Núñez-Saavedra a cargo de José Campagnoli. Los primeros testimonios, precisamente, hablaron de una captación desde Salta que terminaba en el Parque Tres de Febrero.

Las denuncias de otras trans que pudieron escapar de la presunta organización se repitieron con el tiempo: casi todas tenían al Gondolín como punto de paso y a «Chichi» como principal sospechosa o directamente con su nombre de nacimiento en la carátula del expediente. En paralelo, se integraba un expediente del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que indicaba la posibilidad de que la banda participaría en la falsificación de documentos para «exportar» a sus «pupilas».

La Justicia argentina tampoco estaba sola. Francia también trabajaba. El Tribunal de Grande Instance de París, que depende del Ministerio de Justicia francés, envió a la Justicia porteña por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un pedido de colaboración internacional que indicaba que se recibió una denuncia contra «Chichi» en noviembre de 2010 que indicaba que «dirigiría una organización vinculada al reclutamiento de transexuales en Argentina»proporcionándoles a las víctimas documentos falsos y dinero en dólares.

El juez Sebastián Casanello asumió la causa en Comodoro Py e investigó a la red de trata junto a la PROTEX, el fiscal González y la secretaria María con escuchas, seguimientos y otras tareas de inteligencia a cargo de la división Trata de Personas de la Policía Federal. El Gondolín fue allanado el mes pasado por la división Delitos contra la Salud de la PFA, el principal objetivo en una lista de 15 objetivos ubicados entre Salta, Jujuy y Tucumán, los presuntos focos de captación.

«L.» fue arrestada, tal como «Chichi», que fue encontrada en el aeropuerto de Ezeiza, con un pasaje de Air France en su bolsillo. Se disponía a viajar de vuelta a París; un proceso judicial la aguardaba, aseguró. «Exportaron el modelo de negocios», apunta un investigador de la causa a Infobae: «Acá, prostituían a las trans en los Bosques de Palermo. En Europa, lo hacían en los Bosques de Boulogne, el parque al oeste de París».

Hoy, este sistema de travestis que explotan a travestis comienza a llegar a su fin. En la mañana de ayer, el juez Casanello procesó a doce personas, doce de ellas travestis por los delitos de trata con fines de explotación sexual agravadas «por el uso de engaños, violencias y amenazas y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad». Los embargos impuestos fueron considerablemente fuertes: 500 mil pesos para cada procesado. R., el hermano menor de «Chichi», también fue arrestado como cómplice, supuestamente encargado de atraer jóvenes travestis a la trama.

Además de las mujeres trans, dos hombres fueron también detenidos y procesados como partícipes necesarios. Se trata de A.C., un cirujano plástico de la capital de Santa Fe, frecuentado por mujeres trans, acusado de ser elencargado de operar a las chicas que serían enviadas a Europa. El segundo es J.L., el titular de la agencia de viajes Le Martial, ubicada dentro de una galería de la calle Florida, el supuesto proveedor de pasajes.

La gran mayoría de las travestis detenidas fueron excarceladas bajo cauciones reales. Casanello en cambio dictaminó la prisión preventiva para «L.» y «Chichi».La trans salteña podría haber recibido el beneficio de la libertad en los cálculos de Casanello. Finalmente, el juez decidió mantenerla presa: llegó a sus oídos que una de sus subalternas amenazó a una mujer trans en el Gondolín luego de los operativos de la PFA.

La investigación determinó que «L.», con domicilio en Ciudadela, sería la principal articuladora, el nexo entre la captación en el noroeste, el cirujano, la agencia de viajes y el envío final a Europa. Casanello y el fiscal González determinaron que la red en el interior era operada también por travestis y por el hermano menor de «Chichi», con base en Campo Santo, departamento de General Güemes, provincia de Salta.

El cuadro poblado con los nombres de las imputadas refleja nada más que exclusión, manipulación y miseria. En la capital salteña, «La Gorda Vanesa» les cobraba 200 pesos por noche a las travestis de la zona roja local. A las que se negaban les llegaban los golpes y las amenazas. En San Miguel de Tucumán el canon era considerablemente más caro: otra travesti domiciliada en el Barrio Galicia les cobraba a otras trans 500 pesos por noche por trabajar la calle en zonas como el Parque 9 de Julio. En San Salvador de Jujuy, tres travestis que son hermanas biológicas y terminaron arrestadas por la PFA fueron acusadas de proveer de «pupilas» a «Chichi» y de controlar paradas de oferta sexual en la avenida Almirante Brown. Las trans eran acogidas en el Gondolín por dos procesadas en la causa, apunta información del expediente.

A.C., el cirujano, aparecía en algún punto de la línea, cuando alguna de las proxenetas determinaba que las trans «necesitaban» pasar por el bisturí. Aparentemente, el médico no solo operaba en su clínica, el Instituto Silva, sino también en su domicilio particular. Al ser indagado por Casanello, reconoció el vínculo con «L.», que le enviaba pacientes, pero aseguró no saber nada de ninguna red de trata.

A.C. es un hombre valorado en la comunidad LGBT. Su Facebook personal está cargado de agradecimientos de pacientes travestis, «el creador de mi nueva nariz», comentarios por el estilo. Varias travestis aseguraron que A.C. era uno de los pocos médicos en el país dispuestos a retirar el peligroso «aceite de avión» usado para aumentar escotes y glúteos. Sin embargo, según fuentes en la fiscalía de Ramiro González, lo habría inyectado él mismo también. Casanello decidió liberar al doctor, bajo embargo de medio millón de pesos.

«Chichi», que afirmó ante la Justicia ser «cocinera» en el Gondolín y se negó a declarar bajo indagatoria, dejó el hotel de Villa Crespo cerca de 2013. El tiempo ocasionó un cambio, la llegada de nuevas chicas que ya no eran leales a la trans salteña.

María Rachid es la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña y la secretaria general de la Federación LGBT. Estuvo presente en el allanamiento del Gondolín: «Había más móviles de la Federal que gente a la que iban a detener», asegura a Infobae. 

Rachid se presentó como amicus curiae en el expediente del juez Casanello. Lo hizo en defensa de las habitantes del Gondolín que buscan distanciarse de «Chichi». Durante los últimos meses varias mujeres trans en el lugar llegaron a ella, alarmadas por una vuelta de «Chichi» en la escena, cargada de intimidaciones y amenazas. Pidió la presencia del Estado dentro del hotel, que se dicten talleres. Dos de las travestis que le pidieron ayuda hoy están procesadas por Casanello como partícipes en la banda.

Rachid apunta: «La comunidad trans ha sido históricamente marginada y excluida. A una edad muy temprana son expulsadas de sus hogares y del sistema educativo, sin otro recurso que el del trabajo sexual para sobrevivir, donde es en general otra trans la que las recibe en su casa y les enseña cómo sobrevivir en un mundo que les ofrece un promedio de vida de tan solo 35 años. En ese contexto, una vergonzosa ley nacional que confunde trata con explotación y con trabajo sexual es muy peligrosa. Vemos a diario cómo se criminaliza a las trabajadoras sexuales y a quienes colaboran con ellas injustamente».

«En esta causa en particular, sin dudas hay hechos que merecen nuestro absoluto repudio, que algunas de las mismas imputadas han denunciado ante la Justicia y varios organismos del Estado, pero observamos que estos hechos están mezclados con situaciones de injusticia donde se involucra a personas que no han sido más que víctimas de una sociedad extremadamente violenta hacia ellas», continúa la funcionaria.

Para Casanello, el caso se trata de un círculo vicioso, mujeres trans que someten a mujeres trans, en una sociedad que no otorga oportunidades. El juez federal pidió que se le dé intervención al Ministerio de Desarrollo Social «para que aborden la situación» y les garanticen a las travestis «efectiva contención» y «el acceso a oportunidades de trabajo y formación para que puedan empoderarse y resistir la violencia de género».

La investigación, sin embargo, no termina. Casanello y su equipo miran a Europa. Hoy, trabajan en establecer con exactitud las identidades de «P.» y «La Emperatriz», las supuestas cabezas de la red de trata en París y Roma, para liberar exhortos internacionales en su contra.