Policías y seguridad privada controlan el orden. Temprano hubo fuertes discusiones en la puerta del Nicolás Vitale.
Desde las 8.30 en el complejo Nicolás Vitale se realiza la asamblea extraordinaria que convocó la comisión directiva de ADP (Asociación Docente Provincial) para que los afiliados definan si expulsan a la secretaria general del gremio, Patricia Argañaraz, acusada de desmanejos. La Justicia rechazó un amparo que pretendía frenar la reunión y habrá un estricto operativo de seguridad.
Jorce Cerruti, integrante de la comisión directiva, explicó que se ocuparán de la vigilancia efectivos de la Policía de la Provincia y que también se contrató a una empresa de seguridad privada.
Para ingresar a la reunión los docentes deberán pasar por tres controles. Primero tendrán que mostrar la documentación que acredite que son afiliados al gremio. Luego, firmarán un registro de asistencia y les darán una pulsera que los habilita para permanecer en la reunión. Finalmente, deberán pasar por un sector en el que habrá personal masculino y femenino para palparlos.
La asamblea se realiza en medio de la grave crisis institucional que atraviesa la ADP, gremio mayoritario de la educación en la provincia, por las acusaciones por supuesta administración fraudulenta contra Argañaraz.
Una de las principales denuncias contra la titular del gremio es sobre irregularidades en un fideicomiso creado para construir viviendas para los socios. Según la acusación, es un «emprendimiento personal» pero se utilizó la imagen de la institución para promocionarlo.
Sectores
Se estima que asistirán de 1.500 a 2.000 personas. Confluirán los sectores que apoyan a Patricia Argañaraz con los que han sido críticos de su gestión al frente de la ADP.
«Incurrió en una inconducta gremial y eludió rendir cuentas ante la comisión directiva en tres oportunidades: el 4, el 11 y el 22 de febrero», aseguró Cerruti
Los afiliados deberán votar si quieren que Argañaraz continúe al frente del gremio o separarla del cargo para el que había sido elegida.
Como primer paso, los docentes elegirán a las autoridades de la asamblea. Luego, la hasta ahora secretaria general del gremio tendrá 10 minutos para defenderse y podrá pedir una extensión de cinco minutos si lo considera necesario.
Sin embargo, se especula con que Argañaraz no asistiría a la asamblea extraordinaria, ya que había presentado un amparo para que no se realice porque la considera ilegítima. Sin embargo, la Justicia rechazó su pedido.
El 22 de febrero la comisión directiva de la Asociación Docente Provincial decidió suspender a Patricia Argañaraz por «faltas gravísimas» y Viviana Figueroa quedó momentáneamente a cargo de la institución.
Ese mismo día la sindicalista denunciada había pedido carpeta médica por 30 días. La suspensión empezó a correr a partir del final de la licencia por problemas de salud que había solicitado Argañaraz.
Luego se convocó a una asamblea extraordinaria para que sean los afilados los que definan qué pasará con la conducción del gremio.
En paralelo, la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos investiga la supuesta administración fraudulenta de la institución.
La Justicia avaló la asamblea
La jueza de primera instancia del Trabajo 2, Alejandra Salim, rechazó el amparo planteado por la secretaria general de ADP (Asociación Docente Provincial) Patricia Argañaraz contra el gremio.
La titular del gremio planteaba que la asamblea no le fue debidamente notificada, sino que tomó conocimiento de que se realizaría a través de los medios de comunicación.
Argañaraz argumentaba que esta falta de notificación afecta el ejercicio de su derecho de defensa.
Antes de resolver, la jueza llamó a las partes a una audiencia de conciliación en la que no se logró llegar a un acuerdo. En esa audiencia se escucharon dos testimoniales, que se sumaron a todas las pruebas producidas en la causa.
La jueza
Para resolver el planteo, la jueza consideró que la notificación personal de la asamblea fue efectiva, ya que se envió un correo electrónico de ADP firmado por el secretario gremial y de actas a su casilla.
A ello se sumó, según consta en la causa, un intento de notificación a través de escribano público el fecha 22 de abril.
Además, la asamblea se hizo de conocimiento público al haber sido publicada en los medios de comunicación.
“Por lo que se puede afirmar que la profesora Patricia Argañaraz ha tomado conocimiento de la asamblea extraordinaria al menos con cinco días de antelación, por lo que no se puede afirmar que el derecho de defensa se haya visto cercenado”, se difundió desde la Justicia provincial.
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