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El atentado a la AMIAPara Bonadio, Cristina dio órdenes secretas para beneficiar a los iraníes

Consideró que la ex Presidente impartió “personalmente” y “en secreto” órdenes para dotar de impunidad a los iraníes acusados por el ataque a la mutual judía.

Cristina Kirchner está procesada por traición a la Patria y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. En un dictamen de 365 páginas, el juez Claudio Bonadio firmó la peor acusación de las muchas que afronta la ex Presidenta: que impartía las órdenes para beneficiar a los terroristas que causaron 85 muertos y más de 150 heridos en el peor ataque de la historia argentina. Por eso, el magistrado la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado -del atentado- y “estorbo de un acto funcional”, es decir de la investigación para hallar a los culpables.

Para Bonadio, la ex Presidente “impartió órdenes personalmente” para lograr que los iraníes obtengan “la impunidad” “logrando que “Argentina no lo señale como un Estado terrorista que promueve y financia organizaciones terroristas”. Es una de las primeras frases de la resolución.

Durante la investigación -dice el juez- se demostró “la responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos que negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de una potencia extranjera -Irán-, que está demostrado judicialmente queordenó/organizó/financió/ instigó dos actos de guerra en el territorio nacional, contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de “lesa humanidad””.

Descalificó así el planteo que los funcionarios realizaron durante las indagatorias, cuando negaron “haber participado en la redacción de borradores, “papers de trabajo” o memos internos para la firma del memorándum.

La resolución señala que Timerman, “que carece de la mínima formación universitaria, en su descargo por escrito sostiene que lo redactó en un hotel del que no recuerda el nombre” y que estuvo en “compañía de su contraparte Iraní, el canciller Salehi”. El texto del documento “sólo lo consultó, siempre según su versión, con Cristina Kirchner y Carlos Zannini” y luego “viajó a Etiopía y lo firmó”.

Aquella supuesta improvisación de Timerman revela en verdad que sólo actuaba como “brazo ejecutor de las órdenes personales de Cristina Kirchner”, a quien Bonadio encontró responsable de los delitos de “traición a la patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionaria pública”, y también de “estorbo de un acto funcional”, en calidad de coautora. En cuanto a su detención, quedará sujeto a “las resultas del proceso de desafuero”, que ahora debería discutirse en el Senado.

¿Qué actos se le atribuyen a Cristina Elizabet Fernández, tal como Bonadio la menciona en dieciocho oportunidades? En el Elizabet histórico, se señaló que ella “cambió de postura” respecto al avance de la investigación de la AMIA respecto a lo que ocurría en el gobierno de Néstor Kirchner. “En septiembre de 2010, cuando la entonces presidente ofreció en su discurso ante la ONU, ofreció elegir un tercer país en donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA”.

Según el juez, ése fue el inicio de giro diplomático que se consagró con la firma del pacto con Teherán. Al poco tiempo, comenzaron a gestarse una serie de “negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Ejecutivo Nacional”, con representantes de la República Islámica de Irán.

El secreto fue un dato clave para Bonadio: el uso de una “diplomacia paralela” por parte de Cristina – al punto tal que ni siquiera el jefe de Gabinete estaba al tanto de las negociaciones con Irán- es un argumento central para atribuirle a la ex Presidenta la intención de beneficiar a los acusados con una puerta de salida que no estaba prevista ni podía presentarse ante la sociedad a la luz del día.

Según el magistrado, en aquella asamblea de la ONU fue cuando comenzó a gestarse “la maniobra delictiva”, que a partir de entonces tuvo varios capítulos. Hubo cuatro reuniones (el 30/10/12, 27 y 28/11/12, el 3/1/2013 y el 23/1/2013), y todo el proceso “culminó con la suscripción del Memorando de Entendimiento, entre nuestro país y la República Islámica de Irán” firmado por los cancilleres de ambas naciones el 27 de enero del año 2013 en la ciudad de Addis Abeba, Reino de Etiopía.

Este documento fue -según Bonadio- “el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo”, presentado mediática y políticamente por el “gobierno de Cristina Elisabet Fernández” al momento de su firma y “durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA”.

Para el magistrado, Cristina Kirchner era quien “impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados”, y encabezó la realización de un documento que en realidad “favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina”.

Así, según la resolución, “este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchnerjunto con, entre otras personas: su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, con la colaboración Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Andrés Larroque, Eduardo Zuain, Alberto D`Alotto.

“Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados”, remarca el texto.

Además, “participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados, siendo que por el artículo 7° se le daba operatividad autónoma al proceso de aprobación del Memorando”. Esto es traición a la Patria, tal como la describen la Constitución y el artículo 214 del Código Penal.

Es decir, “los imputados se unieron con representantes de un Estado al que se le atribuía haber perpetrado dos actos de guerra de agresión en Argentina” ayudando a los iraníes “acusados de participar en el atentado terrorista a eludir la investigación” de la justicia argentina y “librarse de las órdenes de captura internacional que fueron dispuestas en el marco de dicha causa”.

¿Por qué el juez pidió la detención de Cristina?

En la extensa resolución, Bonadio explicó que Cristina Kirchner, Héctor Timerman y Carlos Zannini, como ex funcionarios, debían tener prisión preventiva ya que ocupando sus respectivos cargos “traicionaron a la Nación Argentina” y que su “intervención en el hecho logró superar todos los controles” a los actos de gobierno que tiene la Constitución Nacional “pues eran ellos los que debían velar por la paz y la seguridad de la nación”.

Así consideró que “atento a sus vínculos, siendo Cristina KirchnerSenadora Nacional electa, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial, así como el descubrimiento de la verdad y la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria”.

Mientras los imputados permanecieron durante un prolongado período “en las más altas esferas de influencia del poder estatal -y/o con nexos con el mismo”, -según la resolución judicial- “poseían determinadas capacidades que incrementan su potencial (contactos, información privilegiada, medios económicos y capacidad de acción) tanto para evadirse, como para dificultar la producción de pruebas”.

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