Una sentencia del Supremo obliga a liberar a los presos que no tienen sentencia en firme, y el expresidente había recurrido la condena por la que ingresó en prisión el año pasado
La Justicia brasileña ha decretado este viernes la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que llevaba encarcelado un año y siete meses, después de la decisión adoptada la víspera por el Tribunal Supremo de Brasil.
Una decisión polémica y muy ajustada (seis votos contra cinco) que abre las puertas a la impunidad, y que podría dejar libres a miles de presos acusados de corrupción. Una vez más el sistema se impone en una sociedad cuyos cimientos se tambalean, carcomidos por la violencia y la desigualdad. La defensa de Luiz Inacio Lula da Silva presentó ante la Justicia un recurso para la excarcelación del ex presidente, con base en la decisión adoptada la víspera por el Tribunal Supremo de Brasil.
De esta manera, Lula, encarcelado desde hace un año y siete meses por corrupción y blanqueo de capitales, saldrá de la cárcel en las próximas horas, después de que la máxima corte del país determinara que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.
«El presidente está muy sereno, pero la decisión del Supremo, aplicando nuestra Constitución, también dio una luz de esperanza de que pueda haber justicia», había declarado el abogado Cristiano Zanin, que espera que, tras la orden de la liberación, ésta se lleve a cabo de forma «inmediata». «Esperamos que [la juez de ejecución de penas] pueda expedir de inmediato la orden de liberación, porque no hay ninguna razón para aguardar cualquier otro trámite», dijo Zanin tras visitar a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba.
De ser liberado, Lula podría entrar en política, pero no sería elegible bajo la ley de Ficha Limpia de Brasil para buscar un cargo electo durante ocho años. Para que el expresidente sea elegible nuevamente, el Supremo también debería aceptar una solicitud de su defensa, que exige la supresión del ex juez y actual ministro Sergio Moro, que actuó en el «caso Lava Jato».
Al conocerse la noticia las calles del barrio Santa Cándida de Curitiba, donde miles de personas participan desde hace 579 días de la vigilia «Lula Libre», estallaron en una fiesta a la que llamaron «Lulapalooza». «Fue un clima de final de un mundial» de fútbol, dice uno de los campesinos del Movimiento Sin Tierra que organiza la acampada y todas las mañanas cantan un «Buenos Días, presidente Lula» en dirección a la celda solitaria donde se halla el fundador del Partido de los Trabajadores.
La decisión de la Corte Suprema de acabar con la prisión de condenados en segunda instancia, con la que pueden quedar libres casi 5.000, supone un duro golpe para la «operación Lava Jato», la mayor investigación contra la corrupción en Brasil. Hace cinco años tras revelar cómo empresarios, políticos y directivos de la estatal petrolera Petrobras y otras empresas públicas desfalcaron las arcas de Brasil casi una década. Su alcance traspasó incluso las fronteras de país, implicando a líderes de diversos países de Latinoamérica. Básicamente sus tentáculos se extienden por todo el continente.
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