El líder del Movimiento Evita, que es funcionario en Desarrollo Social, grabó un video en el que señala que a la ayuda directa “se la come la inflación”. Reclama que esos fondos se inviertan en programas de empleo.
El líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, quien además es secretario de Economía Social del ministerio de Desarrollo, cuestionó en duros términos la política social del Gobierno. Criticó la dirección del gasto social de la administración de Alberto Fernández, 12 horas después de que el Presidente anunciara un aumento de la tarjeta Alimentar, programa estrella de la Cartera que conduce Daniel Arroyo. El mismo viernes, el mandatario había participado con Pérsico de un zoom para celebrar el 102 aniversario del nacimiento de Eva Perón.
Pérsico grabó un video para analizar el alcance de las nuevas medidas que Fernández comunicó en el Museo del Bicentenario en una nueva reunión de la Mesa contra el Hambre. Dirigentes cercanos al secretario de Estado se encargaron de distribuir las conclusiones lapidarias de su jefe político. El secretario social del Evita Gildo Onorato las posteó en Facebook por si había algún distraído.
“El gasto en ayuda directa, la tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”, sentenció Pérsico en una grabación de apenas 10 minutos.
La tarjeta Alimentar, tras los anuncios del Presidente, llegará a un universo de 2 millones de personas- y ampliará su alcance a chicos de hasta 14 años mientras que el monto pasará a ser de $6000 para madres con un hijo, de $9000 para madres con dos hijos y de $12000 para tres hijos o más.
Pérsico, que el miércoles se reunió con Fernández en Casa Rosada y el viernes en Olivos, para participar del mencionado zoom , pretende que el Estado invierta el costo de la tarjeta Alimentar en el programa Potenciar Trabajo, que él administra y agrupa a los 870 mil beneficiarios del salario social complementario, que cobran $11.772, la mitad del salario mínimo vital y móvil, que hoy es de $23.554 (y que recién en febrero de 2022 llegará a $29.160).
“Cuando se creó el PRIST (Programa Ingreso Social con Trabajo), que luego le dio origen al Argentina Trabaja y hoy es el Potenciar Trabajo, de los recursos que ponía el Estado en generación de trabajo, el 50% se destinaba en inversión productiva (materiales y herramientas) y el otro 50% al salario. Hoy estamos por encima del 5%, llegando al 10%. Creo que ese es un problema grave”, razonó el líder del Evita.
El secretario de Economía Social -que este año administrará un presupuesto de $114 mil millones- considera que si el Estado volcara lo invertido en ayuda directa a su programa; con el que -afirma- podrían construir 260 mil viviendas por año. “Sería un capital social enorme. En 4 años de gobierno serían un millón de viviendas o pequeña obra pública. ¿Que significa eso? Los recursos que pone el Estado en la tarjeta Alimentar”, dijo Pérsico.
Para el referente político de la agrupación que en 2017 jugó con Florencio Randazzo y enfrentó a Cristina Kirchner, en un armado electoral el que también formaba parte el actual Presidente- esa medida favorecería la creación de un millón de puestos de trabajo.
“El Estado como último empleador tiene que garantizar trabajo. La otra tarea tiene que ver con que hay cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que casi no reciben ninguna ayuda del Estado”, señaló. Los reclamos alcanzan al Gabinete económico y a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. Pretenden que la ex DGI habilite un monotributo especial para 4 millones de trabajadores que hoy están en la informalidad. “Esto -en alusión a toda la asistencia oficial que reclama- es para 10 millones de compañeros que están en estas condiciones, cuatro millones que trabajan y no alcanzan y seis millones demandantes de empleo”, señalan.
Entre las organizaciones sociales que forman parte del armado del Frente de Todos la situación social se agravó con las nuevas restricciones y el parate de la economía que afecta a las changas, fundamentales para completar los ingresos de los trabajadores de la economía popular.
Durante el acto del viernes, el Presidente se hizo eco de las críticas a la política social del Ejecutivo, que en muchos casos proviene de los propios aliados. “Muchas veces leo que somos un gobierno que ajusta, un gobierno mezquino. Cuando uno ve estas cifras, nuestra vocación por la progresividad es manifiesta”, sostuvo Fernández. Se refería al costo de la ampliación de la política alimentaria, que representan una inversión de $123 mil millones, el equivalente al 0,33% del PBI, desde febrero. Ese es la cifra que reclama Pérsico. “No tenemos que separarnos, pero tenemos que alzar la voz cada vez más para que nos vean”, advirtió el líder del Evita.
El descontento de las organizaciones afines al Gobierno suma capítulos: la Corriente Clasista y Combativa, del diputado Juan Carlos Alderete ya se movilizó para reclamar el tratamiento de la ley de Tierra-Techo y Trabajo que duerme en la cámara de Diputados desde septiembre. El MTE de Juan Grabois también salió a la calle. Barrios de Pie, que dirige el subsecretario de Pérsico en Desarrollo Social, Daniel Menéndez advirtió que si los alimentos no llegan a los comedores populares se verán obligados a reclamar a los supermercados. Además promueven una ley para garantizar conectividad en los barrios populares -que generará ruido con las empresas de telecomunicaciones- y solicitan la inmediata vacunación contra el coronavirus de los 70 mil trabajadores de los comedores populares, una definición que por ahora el Gobierno dilata.
Al Presidente, que esta semana buscó apagar los cortocircuitos entre el ministro de Economía Martín Guzmán y el subsecretario de Energía eléctrica, el kirchnerista, Federico Basualdo, se le abre otra fisura en el frente interno. Más y nuevo fuego amigo.
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