El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó declararse incompetente y defendió que siga en la órbita de su tribunal, en Dolores, la causa que investiga una red de espionaje político judicial por la que están presos el falso abogado Marcelo D’Alessio, dos ex polícias bonaerenses y un ex espía.
El fiscal Carlos Stornelli, imputado en la investigación, había pedido que la causa se llevara en Comodoro Py, en donde él había presentado una denuncia como víctima contra D’Alessio. Más tarde se sumó el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, que en distintos dictámenes amplió sus fundamentos para insistir con que el caso debía tramitar en el edificio de Retiro. «El planteo de inhibitoria postulado a partir de la denuncia de Carlos Stornelli ante el Juzgado del Ercolini para que esta causa sea remitida por conexidad no resiste ningún tipo de análisis. No se puede ser imputado y denunciante o querellante al mismo tiempo», dijo el juez, según informó Informatesalta.
Entre distintos fundamentos, Ramos Padilla aseguró que en la causa se analizan una seguidilla de operaciones y no todas tuvieron lugar en Buenos Aires, mientras que el criterio de la Corte Suprema, en casos de denuncias similares simultáneas, es que el caso quede en «el lugar en el que la investigación se encuentra más avanzada e incluso el ámbito que la víctima escogió para judicializar su caso».
«No cabe duda que esta causa se encuentra más avanzada que cualquier de las otras que pueden aparecer como conexas y es aquí donde se ha planteado una investigación eficaz en la que ya se han producido una enorme cantidad de pruebas, allanamientos, secuestros, detenciones, declaraciones, informes, etc. Pero también es el ámbito al que han acudido las víctimas para acceder a la justicia», resaltó en la resolución a la que accedió Infobae. «El Tribunal ha delineado y dirigido una profunda investigación a lo largo de más de dos meses que difícilmente podría ser tachada de inoficiosa debido a su notorio avance».
Además, el juez resaltó que de las 15 partes que tienen el proceso, solo Stornelli y el fiscal pidieron que fuera a Comodoro Py. «No parece ser un criterio adecuado para asignar competencia realizar una suma aritmética de maniobras y verificar dónde ocurrieron éstas, o dónde se encuentran las oficinas administrativas involucradas, como surge de algunos de los razonamientos efectuados por la Fiscalía, más aún cuando se selecciona sin un criterio objetivo los hechos que van a analizarse», dijo el juez.
El fallo también afirmó que «la actuación inorgánica es la esencia de la actividad de agentes que podían reportar a diferentes oficinas de inteligencia y con diversos objetivos y operaciones, lo que tornaría absurdo que la elección de un territorio específico de actuación sea el criterio escogido para la asignación de competencia, cuando se observa que han actuado en diversas jurisdicciones del país y las medidas que habrán de evacuarse para continuidad de la pesquisa involucran no sólo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también a las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Mercedes –entre otras- e incluso territorio extranjero».
El planteo de incompetencia se originó cuando el juez Julian Ercolini, que intervino en la denuncia que Stornelli realizó como víctima en Comorodo Py, le reclamó a su par de Dolores que se inhibiera de seguir actuando y le remitiera lo actuado. En su resolución, Ramos Padilla resaltó que ese pedido se hizo sin certificar la causa que, en ese momento, estaba bajo secreto de sumario. «El magistrado capitalino indujo que los sucesos investigados en la presente consistirían en la presunta solicitud de una suma de dinero por parte de Marcelo D´Alessio a Pedro Etchebest y sostuvo que como las principales exigencias dinerarias y los supuestos pagos se habrían concretado en el ámbito de esa Ciudad de Buenos Aires, debía ser él el que investigara ese hecho», resaltó.
Cabe destacar que Ercolini desistió de seguir interviniendo en el caso cuando el fiscal Stornelli amplió su denuncia y ya no habló de haber sido «girado» por D’Alessio sino que aseguró que era un complot en su contra por parte de presos kirchneristas, entre otros, para hacer caer la causa de los cuadernos. Como esa misma hipótesis había sido denunciada por Elisa Carrio y el caso lo tiene el juez Claudio Bonadio, Ercolini le pasó su denuncia a su colega.
Qué investiga Ramos Padilla
Ramos Padilla insistió en que en su causa se investiga «la actividad de una organización criminal paraestatal con permanencia en el tiempo que llevaba adelante múltiples planes delictivos de diversa índole vinculados al espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico».
«Esta organización actuaba –y podría seguir actuando- con vinculaciones – eventualmente su requerimiento o bajo su órbita-, de agentes o ex agentes de inteligencia -orgánicos o inorgánicos- pertenecientes o ligados con agencias de inteligencia nacionales o internacionales. También hay elementos objetivos que dan cuenta de la relación existente con algunos miembros de los poderes judiciales y los ministerios públicos nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad –nacionales y provinciales-, los poderes políticos y los medios de prensa».
En su resolución, el juez precisó: «Sólo para dar algunos ejemplos en orden a las diversas jurisdicciones y hechos que son materia de investigación, en la segunda declaración indagatoria prestada por Marcelo D´Alessio se le imputó el espionaje ilegal realizado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay con el alegado propósito de ‘detectar una delegación comercial iraní clandestina´; o su actuación en las investigaciones de espionaje ilegales vinculadas con el narcotráfico en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, entre otras. Con estos ejemplos, o las referencias al Estado Maine en EE.UU., la extracción de personas de una embajada posiblemente en Venezuela, entre otros, quiero dejar en claro que el marco de investigación excede ampliamente las conductas que pudo haber tenido un fiscal de capital federal, o la actuación que le pudo haber cabido en el marco de alguna de las investigaciones a su cargo o en un hecho puntual y único que –como sostiene- lo pudo haber perjudicado; sino que, a partir del avance de la pesquisa, ha quedo en evidencia que el objeto principal de la presente causa es la actividad de la mencionada organización criminal paraestatal que realizaba operaciones de espionaje ilegal dentro y fuera del territorio nacional, con afectaciones en el ámbito político, empresarial, judicial y periodística.
El juez afirmó así que en esta compleja organización están involucradas «una gran cantidad de personas, algunas de las cuales han sido identificadas (e incluso detenidas) y otras no», y señaló que la pesquisa «se encuentra en un estadio embrionario, se ha secuestrado cuantiosa documentación, registros, archivos digitales y otros elementos cuyo procesamiento, relevamiento y análisis aún se encuentran en curso, por lo que variar una decisión que imponga a otro tribunal a cargo de la investigación aparece claramente como prematura».
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