La abogada especialista en ambiente, Silvina Borla, advirtió que la Justicia debería garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y resguardar la salud de 33 niños.
La abogada especialista en ambiente, Silvina Borla, sostuvo que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria habilitó un criadero de cerdos sin tener un estudio de impacto ambiental ni contar con la autorización municipal. Además puntualizó que la actividad se desarrolla a metros de una escuela con 33 alumnos.
Borla confirmó que el millonario criadero de cerdos clandestino montado en el departamento de Rosario de Lerma, propiedad de la empresa Regata S.A., continúa su actividad y su clausura está en manos de una Justicia incompetente.
Sobre el SENASA, Borla dijo que existe un permiso “también sospechoso” porque el mismo organismo exige un estudio ambiental y el permiso municipal para la habilitación y a pesar no contar con ninguno de los papeles se permite la explotación.
“Hay un acta del SENASA donde se advierte que se produce desde 2016, sin embargo, la habilitación municipal es de abril de 2018”, planteó Borla y agregó que los funcionarios no conocen la ley al permitir este tipo de irregularidades y no denunciarlas.
La especialista explicó que las dos órdenes de clausura sobre el criadero, una por parte del ámbito penal y la otra desde la administración de la Municipalidad de Campo Quijano, fueron suspendidas por la Justicia.
Además, aseveró que la empresa presentó una auditoría a cargo de una socióloga y una ingeniera en recursos naturales que todavía no fue firmada y que luego la autoridad competente determinará si aprueba o no a las consultoras elegidas.
A criterio de la abogada, estos dos profesionales son insuficientes para una auditoría porque se requiere de un ingeniero/a industrial que calcule la infraestructura de los piletones donde se tratan las aguas residuales.
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