Ante el fiscal Di Lello, el supuesto testaferro de Amado Boudou se acogió al régimen de protección de imputados.
El ex testaferro de Amado Boudou Alejandro Vandenbroele cambió de abogados y se presentó esta tarde ante el fiscal Jorge Di Lello en la causa Ciccone, confirmaron a Clarín fuentes seguras. Durante la reunión, Vandenbroele firmó un acta para sumarse al régimen de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia. Estuvo cerca de 90 minutos en la fiscalía y se labró un acta ante un defensor oficial a la que sólo pueden acceder las partes.
A semanas de iniciado el juicio oral por la compra de la imprenta Ciccone, en el que podría terminar detenido, Vandenbroele comunicó al fiscal Di Lello que a partir de hoy tiene un defensor oficial, tras la renuncia de su abogado particular. Fuente judiciales explicaron que ahora se inicia una negociación para ver si el fiscal le da la figura de arrepentido a cambio de información clave para avanzar en la causa. Además, se comprometió a declarar en los próximos días.
Según señalaron fuentes judiciales a Clarín, después que Vandenbroele ante el representante del Ministerio Público Fiscal pidió acogerse al régimen de imputado colaborador, se fijó la fecha (secreta) en la que declarará.
La declaración será filmada y documentada y después será el fiscal quien la remita al juez Ariel Lijo quien evaluará si la información proporcionada es verídica y relevante para la causa. En tal caso, el magistrado homologará el acuerdo que se firmó hoy en la fiscalía y se lo aceptará como «arrepentido» y allí podrá acceder a los beneficios del régimen.
Durante la reunión Vandenbroele le pidió al fiscal interiorizarse sobre su situación en cada una de las causas en las que se encuentra imputado. Es investigado en la operación que permitió la compra de la imprenta Ciccone, su empresa The Old Fund se quedó con el 70% de las acciones, además
Con The Old Fund Vandenbroele, está imputado en la investigación sobre la renegociación de la deuda que la provincia de Formosa tenía con el Estado y finalmente, es parte de la causa por enriquecimiento ilícito en la que quedó detenido Amado Boudou y su amigo José María Núñez Carmona hace diez días.
también en el expediente conocido como «Ciccone 2» que busca reconstruir la ruta del dinero que permitió el salvataje de la calcográfica.
En este contexto, Vandebroele pidió ingresar al Régimen de Testigo Protegido. Al finalizar la reunión en la fiscalía el presunto testaferro del ex vice, se reunió con su defensor oficial Juan Martín Vandenbroele.
En agosto, Clarín había revelado en exclusiva que los abogados del operador habían iniciado hace dos semanas consultas informales con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para saber si su cliente podía ser incluido en el programa de protección de testigos e imputados de su cartera porque teme por su vida.
Pero las conversaciones fracasaron porque habría pedido un millón y medio de dólares como sueldo.
Bullrich comunicó al juez federal Ariel Lijo de esa posibilidad y éste explicó que la defensa debe negociar con el fiscal Jorge Di Lello el intercambio de información que permita avanzar en la investigación a cambio de una reducción de penas.
«La evaluación para determinar si los datos y documentos que ofrece Vandenbroele sirven, corresponde a la Justicia», subrayaron las fuentes.
El programa de protección de testigos depende del ministro de Justicia, German Garavano, quien entonces tendrá la última palabra sobre las condiciones que se le podrían otorgar a Vandenbroele.
Por esos contactos Lijo y Di Lello se quedaron hasta tarde en sus despachos a la espera de que los abogados inicien los trámites formales, lo que hasta ahora no ocurrió.
En esas conversaciones, Vandenbroele quería escritas medidas de seguridad, una casa segura y “facilidades económicas” mientras esté en el programa de protección. Bullrich le garantizó las primeras dos condiciones y la tercera debería ser «la misma asignación dineraria» que reciben otros arrepentidos. Las tratativas continuarán la semana próxima para intentar explicar el alcance del programa de protección de testigos e imputados en el que, por ejemplo, ya está incluido Leonardo Fariña, el arrepentido de la causa de la ruta del dinero K.
El ex testaferro de Boudou estaría asustado porque recibe amenazas y prácticamente todos los días lo llaman por teléfono distintas personas para “garantizar que no se doble”, explicaron las fuentes. Sospechan que «un empresario» estaría financiando a testigos e imputados para que no se quiebren.
Vandenbroele está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos que cada uno tienen una mínima de 2 años de prisión y una máxima, de 6 años. En el peor de los escenarios, los jueces sumarían las dos penas máximas y por no tener antecedentes podrían darle una pena de hasta 10 años, estimaron fuentes judiciales. Por esta razón, es que Vandenbroele no quiere quedar como el “pato de la boda” con pena mayor que todos.
El apuntado testaferro comenzó a cambiar de posición, luego de 4 años de mantenerse en silencio, cuando el 13 de este mes la Cámara Federal de Casación Penal dio vía libre al inicio del juicio oral al ex vicepresidente y los demás procesados en la causa Ciccone, al rechazar dos recursos de queja contra las acusaciones hechas por la fiscalía, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El juicio ya está a cargo del Tribunal Oral Federal 4, que habilitó la feria judicial de invierno para seguir con la preparación y luego ponerle fecha de inicio que empezó en octubre. El debate está a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López.
Boudou y los demás acusados fueron procesados porque se dio por probado que ejecutaron maniobras para quedarse con la imprenta Ciccone mediante su compra, usando como testaferro a Vandenbroele a través de The Old Fund para luego adjudicarse contratos con el Estado Nacional para la impresión de billetes.
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