Se trata de Leonardo Chávez, quien denuncia que fue apartado del cuerpo del baile por su edad. Con 30 años quedó en la calle.
La polémica por el último concurso de ingreso al Ballet Folklórico de la Provincia suma un nuevo capítulo y esta vez interviene la Justicia local. El jueves pasado ingresó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial un pedido de amparo en contra del reglamento que rigió en el certamen del cuerpo de danza, efectuado en marzo de este año, en el que se dejó afuera al bailarín Leonardo de Jesús Chávez, de reconocida trayectoria, aparentemente por su edad: 30 años.
Puntualmente, el oficio que fue presentando ante el juez Marcelo Domínguez plantea la inconstitucionalidad del reglamento del concurso del organismo provincial de baile. Se pide, además, la reincorporación de Chávez al Ballet, al que perteneció desde su creación en 2011 hasta que fue apartado. En esos ocho años el artista profesional certificó su alta calidad en todas las audiciones con las que renovó su cargo cada dos años y en la penúltima prueba, en 2017, salió primero en orden de mérito.
La situación de Chávez junto a la de sus excompañeros Brenda González y Mariano Ponca, quienes también habían quedado excluidos del Ballet, fue revelada en abril por El Tribuno. Los bailarines denunciaron en esa oportunidad la supuesta arbitrariedad en el certamen y el caso tomó trascendencia nacional e internacional sobre todo por lo ocurrido con Brenda, quien había concursado con un embarazo de cinco meses y la dejaron afuera, tras rendir, por su estado de gravidez.
La repercusión mediática hizo que el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia reincorpore a la bailarina a su puesto de trabajo, pero Chávez y Ponca quedaron desamparados. Ese desenlace fue remarcado también en el reciente amparo: «la Administración Pública no analizó con igualdad jurídica los casos», consigna la presentación legal.
Se aclara, de todas maneras que «el objeto de la demanda supera una cuestión de género y va dirigida a la defensa de un derecho internacional, nacional y provincial expresamente reconocido en nuestras constituciones como es el trato igualitario, entre otros».
Argumentos
La acción de amparo de Chávez sostiene que el reglamento, en particular el capítulo de requisitos donde figura que la edad máxima de admisión al cuerpo de baile es de 28 años, es «arbitrario e ilegal».
Se afirma que el bailarín quedó cesante «a raíz de un menoscabo al principio constitucional de trato igualitario argumentado en una falta de idoneidad inexistente, sostenida por parte de la administración».
Asimismo, se remarca la precaria situación económica en la que quedó el demandante, con una hija por mantener.
El sistema para permanecer en el Ballet Folklórico es despiadado. Más allá de lo que se busca es, lógicamente, la excelencia, las pruebas de ingreso o ratificación de los cargos cada dos años ubica a los bailarines y las bailarinas en una situación de precariedad laboral y tensión permanente. Además, ahora se encuentra el condicionante de la edad, como marca el antecedente de Chávez.
La contracara a ese mecanismo de selección se encuentra en el Ballet Folklórico Nacional, donde los integrantes son de planta permanente del Estado y no por ello dejan de rendir pruebas periódicas para formar parte de las presentaciones artísticas y con ello se mantiene la alta calidad del principal cuerpo de danza del país en el rubro. Y, por cierto, también existen certámenes de ingreso cada cierto tiempo.
Acciones en el Inadi
Antes de recurrir a la Justicia, Chávez presentó su caso en la oficina salteña del Inadi. El organismo que actúa contra la discriminación citó a una conciliación al bailarín y a representantes de Cultura provincial.
En esa reunión, efectuada en mayo, no hubo acuerdo y aún está pendiente la resolución del Inadi sobre si hubo una situación discriminatoria en el último concurso del Ballet Folklórico. Si bien la decisión, que se resuelve en la sede central del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Buenos Aires, no será sancionatoria, puede ser presentada como prueba ante un eventual juicio.
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