Presentará proyectos de emergenc iaeconómica, alimentaria y sanitaria.Quiere renegociar tarifas, poder transferir partidas y retocar tributos.
El Congreso se reactivará la semana próxima con el tratamiento en Diputados de la ley de emergencia económica, que le permite al presidente reasignar partidas del presupuesto sin pasar por el filtro parlamentario.
Alberto Fernández enviará el proyecto el lunes acompañado de otros dos similares, como son la emergencia social y la sanitaria, con el objetivo de aprobarlos el miércoles en el recinto y enviarlos al Senado para que sean sancionados antes de fin de año, con la mayoría sólida controlada por Cristina Kirchner.
Así lo acordó Sergio Massa con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra; y luego se lo comunicó a los jefes de bloque Máximo Kirchner (Frente de Todos), Mario Negri (UCR) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el desarrollo), para consensuar una agenda legislativa.
La emergencia económica la había confirmado en la mañana de ayer Cafiero en declaraciones radiales, pero los jefes del Senado creían que llegaría primero a esa Cámara.
No fue así y optaron por iniciar el tratamiento en Diputados, donde el reglamento permite llamar a una sesión especial con un dictamen emitido unas horas antes. Y así será, según los planes de la Casa Rosada: el martes a la tarde se realizarán plenarios de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y al día siguiente se abrirá el recinto para aprobar las tres emergencias.
Polémica
La emergencia económica es la más polémica y en Juntos por el Cambio no están decididos a apoyarla si permite reasignar más del 5 por ciento del presupuesto, el límite que tuvo Macri este año por una reforma de la ley de emergencia económica sancionada hace dos años.
Tampoco respaldarán una suba de impuestos o de retenciones y mucho menos una suspensión del Consenso Fiscal, que obliga a que las provincias reduzcan ingresos brutos y sellos en sus jurisdicciones.
Mientras tanto en la oposición ya se escuchan las quejas. «Espero que el paquete no signifique delegar facultades que son propias del Congreso», apunto Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos y agregó «Cuando hablamos de impuestos no es necesario declarar emergencia. Están las sesiones extraordinarias para que convoquen y se debata».
Massa confía en no necesitarlos. El Frente de Todos, coordinado por Máximo, tiene 120 diputados, le faltan 9 para una mayoría propia, y podría alcanzarlo con la neuquina Alma Sapag y los 8 del flamante bloque liderado por el mendocino José Luis Román, e integrado por misioneros, rionegrinos y tres exdiputados del PRO.
La emergencia sanitaria y social están vigentes y vencen en enero, por lo que el debate girará en torno de los niveles de discrecionalidad. El miércoles a la mañana Diputados realizará otra sesión temprano para aceptar renuncias de quienes migran a cargos ejecutivos y tomarles juras a sus sucesores, que aún no están definidos por una batalla judicial por el cupo de género librada en varias provincias. Massa había planeado esa sesión para este jueves pero la suspendió por la falta de definiciones en los Tribunales. Preparaba intimaciones a cada juez para que falle cuanto antes o se hagan cargo de trabar el funcionamiento del Congreso. En el Senado esperan su agenda y armarán las comisiones la semana próxima para responder en tiempo récord. Llegaría el prometido consejo económico social, el de «solidaridad y reactivación productiva» anunciado por Martín Guzmán.
Tarifas y tributos
Si bien no se conocen todavía detalles sobre el contenido de la emergencia económica, se estima que la iniciativa contendrá facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en materia tributaria como también tarifaria.
Esto le permitiría al Gobierno manejarse, al menos durante los primeros meses de gestión, por medio de decretos de necesidad y urgencia y/o decisiones administrativas, sin necesidad de una aprobación previa del Congreso.
Un tema clave para la Casa Rosada es la posibilidad de que el Ejecutivo tenga el instrumento necesario para poder negociar, por ejemplo, los contratos con las empresas de servicios públicos, con la primera intención de suspender cualquier suba por -al menos- los primeros seis meses de gobierno, mientras se negocia una tarifa definitiva en el marco de un consenso político más amplio.
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