Alumnos de zonas rurales están entre los más afectados por la pandemia.
Mirta Lapad, asesora general de Incapaces de la Provincia, manifestó su preocupación por el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia de COVID-19 y pidió medidas urgentes para los grupos más vulnerables, en una presentación al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa. La funcionaria requirió además que se le informe específicamente «cuál es el plan de acción integral para el regreso a clases progresivo, gradual y seguro» que se aplicará en 2021.
«La situación sanitaria durante este año obligó a implementar estrategias de educación a distancia con un alcance desigual para los niños y puso en evidencia la inequidad que ya existía en cuanto al acceso a recursos tecnológicos, conectividad y posibilidad de acompañamiento del proceso de aprendizaje desde el hogar de cada niño y adolescente de la provincia», sostuvo Mirta Lapad en una nota que envió ayer al ministro de Educación.
La magistrada citó datos del informe que publicó el 9 de octubre Unicef sobre cómo repercutió la pandemia en la educación en América Latina y el Caribe. El documento señala que el cierre de las escuelas impactó especialmente en los niños y jóvenes en zonas rurales con baja conectividad, que tienen menos acceso a modalidades de educación a distancia efectivas.
Unicef también advierte sobre la realidad de niños en hogares pobres que tienen dificultad para asegurar una alimentación básica o un espacio para estudiar o que, aún en zonas con acceso a internet, no cuentan con dispositivos electrónicos para acceder a la educación remota por medio de herramientas digitales.
También quedaron en una situación de desigualdad los niños en hogares monoparentales o con bajo nivel educativo donde los padres no pueden ofrecer acompañamiento ni un ambiente propicio para el estudio.
Se resaltó que otros grupos que requieren atención son los de niños de poblaciones indígenas y aquellos con discapacidad, quienes se verán afectados de manera desproporcionada en la medida en que las soluciones de educación a distancia no se ajusten a su lenguaje o necesidades para el aprendizaje.
En una de las provincias con mayor proporción de población perteneciente a comunidades originarias, con una matrícula importante de alumnos en escuelas rurales de zonas dispersas y con estimaciones de Unicef que indican que el 68 por ciento de los niños, niñas y adolescentes estará bajo la línea de la pobreza a fines de 2020 en el NOA, Mirta Lapad consideró que es urgente generar políticas para garantizar el derecho a la educación.
La asesora general de Incapaces sostuvo que las nuevas tecnologías resultaron una herramienta útil para superar los obstáculos que impedían la presencialidad, pero que «ante una realidad que se va a extender en el tiempo resulta imprescindible planificar la reapertura de los establecimientos educativos a fin de concentrar los esfuerzos con medidas concretas que permitan el regreso progresivo de los niños a las aulas».
«La escuela no solo cumple una función vinculada con el aprendizaje sino que además es un espacio que brinda contención, por lo que es imprescindible para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Asimismo, juega un rol de protección y garante de los derechos, ya que se detectan en el ámbito escolar situaciones de amenazas y vulneración de derechos de los niños, vinculadas con la violencia familiar y el abuso sexual infantil, lo que pone en funcionamiento los sistemas de protección», manifestó.
Lapad es responsable de los asesores de menores e incapaces del Ministerio Público Pupilar que actúan en causas judiciales y de oficio cuando hay situaciones que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin conexión
Desde el Ministerio de Educación de Salta se estimó que hay unos 12 mil chicos en el último año de la secundaria, pero cerca de 6 mil tuvieron nula o casi nula comunicación con la escuela a lo largo de este año porque no tienen los medios para recibir clases por internet o enviar las tareas a sus docentes.
En septiembre se comunicó que el objetivo era ir a buscar a estos estudiantes a sus casas para que de algún modo recuperen contenidos. Aún se desconoce qué criterio se aplicará para determinar cuáles son los alumnos a los que se les puede dar por aprobado el último año de la escolaridad.
El martes, funcionarios del Ministerio de Educación y del COE (Comité Operativo de Emergencias) analizaron en una reunión la posibilidad de habilitar las evaluaciones presenciales a fin de año para los estudiantes que están terminando la secundaria en las zonas de menor circulación viral de la provincia.
Según se difundió, el tema quedó a criterio del COE y la próxima semana se conocerá si se habilita esta posibilidad en los departamentos que tienen menor índice de contagios de coronavirus.
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