Se trata de un peón. El director del Senasa deslindó responsabilidad y dijo que actuaron como la ley indica; se solidarizó con los empresarios timados.
La denuncia por una millonaria estafa en contra de empresarios de la carne correntinos y chaqueños dio un sorprendente giro ayer cuando los fiscales penales de Rosario de la Frontera se interiorizaron de lo sucedido en un campo de ese departamento.
Horas antes, uno de los participantes en la venta de 130 animales en pie con instrumentos públicos falsificados y con sellos de haber sido confeccionados en alguna dependencia oficial de Santiago del Estero, se sinceró con los timados, haciéndoles la devolución del dinero que cobró por comisión, apenas 35.000 pesos. El joven es un peón rural a quien le prestaron una camioneta para que parezca un comisionista respetable.
En un audio, el hombre reconoce que no sabía nada de los papeles truchos, ya que no fue él quien los confeccionó, deslindó a un compañero y dijo que la trama sigue hacia algo más oficial y escandaloso aún que podría llevar a una oficina oficial de Pozo Hondo, Santiago del Estero.
Lo cierto es que en la mañana de hoy habrá una audiencia a la que fueron citados tanto los compradores de buena fe, como el acusado de estafarlos.
En el medio, 130 animales fueron sacrificados, entre estos 32 terneros de meses, sin destete, los que fueron supuestamente incinerados.
Versión del Senasa
Por estos hechos, el director regional del Senasa, Jorge Cabral, en diálogo con El Tribuno, dijo que los funcionarios del organismo de sanidad animal actuaron tal cual lo señalan los procedimientos y sus directivas. Es decir que tras el acto de interdicción, sanidad animal determinó la faena de todo lo decomisado y que la carne será rematada a mejor postor. El producto de esa subasta irá a rentas generales de la Nación.
«Velar por la sanidad animal y la salud pública es nuestra función», expresó.
Luego dijo que se solidariza con los empresarios damnificados en esa operación fallida, que debe investigar la Justicia provincial.
Aclaró que de todos modos como institución hará una denuncia formal en la Justicia Federal por la falsificación del instrumento público, documento falso que motivó el procedimiento de faena sanitaria.
En tanto el abogado de los empresarios, Diego Protti, señaló que la investigación está dando ya resultados extraordinarios, ya que uno de los que participaron en la venta de los 130 animales se arrepintió y devolvió su comisión. El joven aclaró que es un peón de campo que quería hacer «una moneda» y solo cobró 35.000 pesos.
El hombre señaló a dos eslabones más para llegar al lugar donde se fraguaron supuestamente los DTE que les entregaron a los empresarios que perdieron casi 5 millones de pesos.
Pero el escándalo va más allá, porque baquianos de la zona de San Felipe deslizaron a una fuente consultada anoche que los animales de marras tendrían otro origen, porque el vendedor no posee ganado ni tiene stock ganadero para comercializarlos, por lo que las vacas con cría al pie, los novillos y los toros tienen otro dueño.
Los damnificados esperan una solución razonable, ya que entienden fueron dos veces víctimas: la primera cuando les vendieron con papeles falsos y luego cuando secuestraron su patrimonio.
En tanto los damnificados Rubén Samite y su hijo Cristian dijeron que los animales fueron comprados por la firma que representan el 7 de diciembre a una persona que se llama Guillermo Scaraffia, por intermedio de varios comisionistas: Gerardo Guzmán, con domicilio en Villa Nueva Esperanza (Santiago del Estero); Guido Schiaffino, con domicilio en la provincia de Chaco y un tercero de nombre Ariel y el comisionista de la empresa Marcelo Perco, de Chaco.
Toda esa gente será citada a declarar y la estafa millonaria puede dar un giro impensado si se llega a la oficina o a la persona que fraguó el instrumento público que produjo una matanza innecesaria.
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