Dos hombres y una mujer fueron juzgados por varias estafas, ya que vendían la prestación del servicio de sepelio de una empresa inexistente, mediante el sistema de cobrador a domicilio. El engaño se descubrió al producirse el fallecimiento de la esposa de uno de los “afiliados”.
La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos, a cargo de María Eugenia Guzmán, solicitó juicio abreviado para dos hombres y una mujer que estafaron a numerosas personas. Los acusados simularon ser vendedores de servicios de sepelio de una empresa inexistente llamada Sepelios Salta según informo El Tribuno.
El accionar de estas personas quedó al descubierto cuando falleció la esposa de uno de los «afiliados». El hombre solicitó el cumplimiento del servicio fúnebre que había contratado y abonado mensualmente a un cobrador de la supuesta empresa, pero al presentarse en el lugar para hacer los trámites, advirtió que la misma no existía, por lo que los servicios no serían prestados.
Posteriormente aparecieron otros damnificados, quienes también fueron estafados por los acusados. El servicio supuestamente incluía el retiro y traslado de las personas desde el lugar de defunción al domicilio del velatorio en un furgón sanitario o ambulancia dentro del territorio provincial, pero nunca fue brindado al ser solicitado por los “afiliados”.
En el marco de la causa, se había procedido al secuestro de numerosa documentación en poder de los acusados: Entre ellas figuran planillas de rendición, fichas de inscripción, talonarios de recibos, folletería y demás papelería de la empresa, lo que se sumó a la aportada por las propias víctimas tales como comprobantes de pago, contratos celebrados y copias de carnés de los damnificados.
Con intervención del personal policial se logró establecer la inexistencia de registros y o habilitaciones para ejercer la actividad comercial por parte de los imputados y de la empresa de sepelios.
La audiencia de juicio se llevó a cabo en el Juzgado de Garantías 1, donde la jueza Ada Zunino condenó a Daniel Eduardo Rodríguez a la pena de 2 años y 10 meses de prisión condicional; a Marcelino Cristobal Castillo y a Liliana Alejandra Fernández a la pena de 2 años y 5 meses de prisión condicional por el delito de estafa. Les impuso además a los tres condenados, la realización de trabajo comunitario no remunerativo en algún establecimiento de bien publico una vez a la semana, por dos horas durante un año y de otras reglas de conducta que deberán observar para no perder la condicionalidad de la pena.
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