El cliente denunció que desde 2013 le cobraron un servicio de mensajes de trivias que no contrato.
La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta confirmó parcialmente una condena contra “Telecom Personal S.A.”, que deberá pagar los intereses a un cliente, quien desde 2013 recibe una factura por un servicio de mensajes trivias que no contrató.
La Cámara dio lugar parcialmente al recurso interpuesto por la empresa telefónica, pero revocaron el punto II de la sentencia, con lo cual desestimaron el reclamo de daño punitivo y confirmaron lo demás, decidido por el juzgado de primera instancia.
Es que consideraron que es ajustada a derecho la condena a la empresa, a abonar los intereses de las sumas reintegradas, más los cargos indebidamente facturados en noviembre de 2013 y sus intereses hasta su pago efectivo, que constituyen el daño material reclamado por el cliente.
El fallo detalla que la empresa incurrió en incumplimiento del deber de información a su cargo, el cual quedó configurado cuando al celebrar el contrato de telefonía móvil, no comunicó al usuario. Tampoco lo hizo cuando en el juzgado la intimó a acompañar la documentación requerida.
La Ley de Defensa del Consumidor establece que el proveedor está obligado a suministrar en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, sea por sí o por terceros, y las condiciones de su comercialización y; que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión.
Pero en este caso, Telecom Personal S.A. no aportó prueba alguna tendiente a acreditar que puso en conocimiento del contratante los servicios ofrecidos por las supuestas empresas prestadoras, o por lo menos le advirtió sobre la posible oferta a través de la línea adquirida, la forma de contratación y los costos, etc”.
En consecuencia, admitieron la apelación de Telecom Personal S.A. y revocaron la condena impuesta en concepto de daño punitivo, por la cual la firma debía pagar la suma de 200 mil pesos.
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