El presidente anunció la intervención y la expropiación de la compañía. En un anuncio cargado de ideología, habló de «soberanía alimentaria» y de Venezuela.
El Presidente adelantó que el interventor será Gabriel Delgado. Estará a cargo de YPF Agro.
El presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país. «Estoy anunciando acá, en este instante, que estamos mandando al Congreso una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el Estado nacional se haga cargo. Todos los activos del grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión a YPF AGRO», puntualizó.
Alberto Fernández sostuvo, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, que para la intervención del grupo Vicentin, el Poder Ejecutivo «ha designado a un experto que es Gabriel Delgado».
«Esta es una empresa que está en concurso preventivo, camino a la quiebra», sentenció el jefe de Estado, quien remarcó que no sabe qué opina la oposición sobre esta medida, pero remarcó que los productores agrícolas santafesinos «deben estar muy contentos».
El mandatario sostuvo que se trata de «una operación de rescate», al enfatizar que «Argentina necesita soberanía alimentaria». En este sentido, añadió que la compañía «será declarada de utilidad pública» y aseguró que «los trabajadores continuarán en sus puestos de trabajo».
«Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar esa empresa, líder en el mercado agropecuario argentino», sentenció el Presidente, quien insistió en que «el propósito es que la empresa continúe, que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en su trabajo y que 2600 productores puedan seguir contando con una empresa a quién venderle los productos que producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura».
El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.
Durante la conferencia de prensa, el ministro de Desarollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, destacó: «Está aquí presente Sergio Affronti el CEO de YPF, ellos en el día de mañana van a analizar estos elementos para poder aprobar esta propuesta en su directorio, poder tratarla. Tenemos el objetivo central que es el rescate de esta empresa que tiene un papel central en el mercado agroindustrial, tres mil productores se han visto fuertemente afectados».
Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.
La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.
Es la sexta empresa del sector agroexportador y tiene una deuda total de USD 1.350 millones.
La administración pública nacional tomaría el control del 51% de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones.
Gabriel Delgado, un economista del INTA de mucha confianza de Fernández, es el interventor en la compañía. Es un ex secretario de Agricultura que sonó para ser ministro casi hasta último momento en el que fue elegido Luis Basterra.
“Si hay evidencias de defraudación se harán las denuncias del caso y lo llevaremos a la Justicia, pero queremos mantener en pie a un empresa muy importante”, aseguró el mandatario sobre versiones de la conducción privada de la compañía.
La administración pública nacional tomaría el control de, 51% de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones.
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