El presidente de la Cámara de Diputados dijo que si hubiese recibido una instrucción para direccionar fondos, “lo hubiese denunciado”.
El juicio oral por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional entre 2003 y 2015 se reanudó este lunes con la declaración como testigo de otro ex jefe de Gabinete K, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Negó conocer a Lázaro Báez, como también los lazos comerciales que mantuvo con la ex Presidenta. En otro tramo negó categóricamente haber recibido órdenes de Cristina Kirchner para favorecer con obras viales a Santa Cruz.
La declaración testimonial de este lunes fue la última de este grupo que incluyó a los ex jefes de gabinete del gobierno kirchnerista. Cada uno de ellos, incluido el actual presidente Alberto Fernández, declararon en el único juicio por presunta corrupción que Cristina Kirchner tiene en desarrollo, por pedido de la vice.
El juicio que inició en mayo de 2019, está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, junto a sus pares Andrés Basso y Jorge Gorini, quien accedió a citar a los ex titulares de la jefatura de gabinete dentro de los testigos requeridos por la ex presidenta.
Frente a ese Tribunal, Sergio Massa inició su declaración testimonial después de las 9.36, respondiendo las preguntas vía Zoom desde su despacho en el Congreso nacional, concluyendo su exposición poco antes del mediodía.
Con un planteo más técnicos que los demás ex jefe de Gabinete, Sergio Massa también realizó una defensa con sus explicaciones de las decisiones adoptadas durante la gestión kirchnerista en materia de obra pública.
En este caso se juzga a la vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado, al favorecer al Grupo Austral con 51 contratos viales por $ 46.000 millones. Según la imputación de la fiscalía, el agravante, además que Báez no contaba con capacidad técnica para recibir esa cantidad de obras, es que la mitad quedaron inconclusas y el holding percibió sobreprecios que promediaron en un 65%.
En números, sostiene la acusación que llevó a Cristina Kirchner a su primer juicio por presunta corrupción, el 11% del presupuesto nacional correspondiente a obras viales, se volcaron a la provincia de Santa Cruz. Allí, el 86% de las licitaciones terminaron en manos del mismo empresario: Lázaro Báez. Esto ocurría mientras celebraba con la familia Kirchner diversos acuerdos comerciales, administración de hoteles, construcción de edificios, alquiler de propiedades, 15 compra- venta de inmuebles, creación de fideicomisos, entre otros.
Al ser un testigo pedido por Cristina Kirchner el primero en preguntar fue Carlos Beraldi, su abogado defensor.
Al comienzo de su exposición, el asesor letrado le preguntó a Massa si había recibido alguna vez recibió una orden, por parte de Cristina Kirchner, para que se desarrollen obras viales en alguna provincia en particular, favoreciendo a la misma. “No, no recibí ninguna orden. No sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso”. La pregunta apuntó a quitarle peso a la acusación que envió a juicio a la vice, según la cual se direccionaron 51 licitaciones viales a favor de Lázaro Báez.
La defensa de la vicepresidenta también consultó al testigo si existe la posibilidad de que alguno de los organismos públicos pueda determinar en el presupuesto los montos que se volcarán a una provincia en particular, en materia de obra pública y cómo se distribuye ese dinero en el territorio. En ese punto, Massa dijo que no era posible: «Hay momentos donde hay que ver qué se prioriza si hay una dificultad en la generación de empleo, porque es generadora rápida de trabajo, pero las necesidades las plantea cada provincia y se va evaluando”.
Las siguientes preguntas las formuló el abogado de Báez, quien le consultó a Massa si en alguna oportunidad algún miembro del Ejecutivo solicitó que no se apliquen controles sobre Santa Cruz o sobre los fondos destinados respecto a las obras que se adjudicaron al Grupo Austral. “No me consta que nadie haya pedido ninguna de esas situaciones. Los pedidos a la Secretaría de Hacienda o al área presupuestaria se hacen por escrito, porque implican realizar modificaciones en el plan de metas”, puntualizó Massa.
El abogado del empresario K fue más directo en su pregunta, y le consultó a Massa si en algún momento recibió alguna indicación para ampliar una partida presupuestaria que reasignara fondos para beneficiar a la provincia de Santa Cruz o alguna empresa de Báez: “Si hubiese recibido esa instrucción, lo hubiese denunciado”, respondió.
El planteo refiere a la acusación fiscal, que indica que se fueron modificando de manera constante las partidas asignadas a la provincia de Santa Cruz donde Báez era el principal adjudicatario de obra pública. Esas reasignciones de partidas, sostiene el dictamen, posibilitó que pese a no concluir el 50% de las obra continúa cobrando las certificaciones de obra y se apliquen sobreprecios promedio del 65%.
Finalmente, Sergio Massa negó haber conocido en alguna ocasión a Lázaro Báez “desde mi funciones nunca mantuve ninguna reunión con él», señaló. Cuando el fiscal Diego Luciani le preguntó si conocía los múltiples acuerdos comerciales que los ex presidentes Kirchner mantenían con el empresario patagónico, sólo respondió: «Desconozco».
El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, ex socio comercial de los Kirchner, cerrará esta etapa en la que ya se escucharon más de cien testigos desde que comenzó el debate oral, en mayo de 2019. Se estima que podría haber un veredicto a finales de este año.
Cristina Kirchner sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública se trataron de “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que ella no fue quien firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado.
La ex presidenta sostiene que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.
En base a ese criterio, Cristina Kirchner pidió -cuando aún no se había constituido el Frente de Todos y contaba con un público enfrentamiento con Massa y Alberto Fernández-, que declarasen como testigos los ex jefes de Gabinete entre 2004 y 2015, como responsables de firmar las partidas presupuestarias volcadas a obra pública.
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