Dos septuagenarios fueron captados por una mujer que fingiendo ser pareja, se apropió de la vivienda de uno de ellos. Además de ser sometidos a agresiones físicas y abandono, los usó para pedir préstamos, apropiándose de sus tarjetas de cobro. En un allanamiento coordinado por el CIF, fueron puestos a salvo. La mujer fue excluida del hogar.

Personal de la Unidad de Investigaciones del CIF actuó a solicitud de la Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género N° 1 Dra. Claudia Geria, a fin de resguardar la integridad física, psíquica, emocional y económica, de dos adultos mayores sometidos a maltratos. 
La rápida decisión de destinar a la Unidad Especial del CIF en la investigación, fue tomada por el Procurador General Dr. Abel Cornejo, quien frente al comportamiento burocrático y formal esgrimido por la Secretaría de Adultos Mayores, advirtió el riesgo que involucra una de las manifestaciones de violencia más oculta: la infligida a las personas de edad avanzada, grupo de población sumamente vulnerable. Mientras, la mujer acusada por el momento solo fue excluida de la casa. 

Cabe destacar que las personas mayores no suelen denunciar sus situaciones de maltrato, y es por eso que el silencio (no solamente el de las víctimas, sino también de quienes tienen responsabilidad de intervenir) es cómplice de los malos tratos. Existe así, un círculo de silencio, de ignorancia y de vulnerabilidad, que exige el debido compromiso de los organismos responsables.

Los hechos

A partir de la denuncia radicada por la hija de uno de ellos, se toma conocimiento sobre el impedimento de contacto al que es sometido su padre, de 71 años de edad propietario de una vivienda en barrio Juan Pablo II. Señala en su exposición que una mujer de apellido Reyes, ejercía violencia física sobre su progenitor, aislándolo de todo el grupo familiar para que nadie se enteré del calvario que se encuentra viviendo». 

La demandada, utilizando el ardid de hacerse pasar por pareja del hombre e invocando la supuesta profesión de “asistente terapéutica”, se había instalado en la vivienda, y luego de un año de estadía, albergó a distintos miembros de su familia. 

Esto no le impidió que usara idéntica modalidad con otro hombre de 79 años, a quien llevó a residir a la vivienda manteniéndolo encerrado en una habitación, en condiciones infrahumanas, con total falta de higiene y cuidados.  El hombre, se encuentra en estado de postración y no tienen ningún familiar en esta provincia (sus hijos son oriundos de Jujuy).  

Se sospecha que la mujer, haría uso de tarjetas y documentación pertenecientes a estos dos adultos mayores para su aprovechamiento personal. Incluso a través de préstamos. 

A partir de la intervención de asistentes sociales, se constató que el padre de la denunciante, no solo se encontraba privado de su documentación y tarjetas de crédito, sino también de mantener contacto familiar. Se constataron lesiones en brazos y miembros inferiores que sustentan la existencia de agresiones por parte de la acusada. Se encuentra bajo de peso, y no recibe los alimentos ni la medicación necesaria. 

En el caso del otro hombre, también se determinó su bajo peso, con el agravante de no recibir la medicación que le corresponde por ser insulino-dependiente. Se realizaron consultas con autoridades del PAMI, quienes informaron que ambos, no reciben atención profesional médica desde hace más de un año.    

Pese a la constatada situación de violencia y esclavitud en detrimento de los adultos mayores, hubo una dilación por parte de la jueza interviniente Sandra Espeche, quien finalmente autorizó el correspondiente allanamiento.

El operativo se realizó no sólo con la finalidad de resguardar a las víctimas, sino también para recabar elementos probatorios de los supuestos delitos. En el procedimiento coordinado por la Unidad de Investigaciones del CIF, estuvieron presentes la fiscal Claudia Geria, la asesora de Incapaces Dra. Silvia Ibarguren, la Secretaria de Adultos Mayores, personal de Criminalista del CIF, personal médico del CIF, y personal del SAMEC.
Ambas personas fueron contenidas y controladas en su estado de salud. Habiendo manifestado el hombre que se encontraba postrado, el pedido especial a la Asesora de Incapaces de ser retirado del lugar, debido a los maltratos de los que es víctima.

«No hubo dilación» 

Tras conocerse el caso, desde la Justicia señalaron en un comunicado que no hubo dilación para ordenar el allanamiento en el domicilio donde habitaban los dos ancianos. 

La jueza de Garantías 6, Sandra Espeche, en la causa “Fiscal Penal de Violencia Familiar y de género 1 solicita se libre orden de allanamiento y secuestro en relación a la AP 582/20 OOYD GAR 170061/21” informa que la solicitud ingresó ayer disponiéndose la orden correspondiente en la misma fecha.

Dicha solicitud ingresó en fecha 09/02/2021 a fin de que se llevara a cabo la medida cautelar peticionada, “desde hs. 10:00 y/o en el lapso de tiempo que disponga S.S ”, con la habilitación de horas inhábiles.

La orden requerida fue expedida por la jueza en idéntica fecha de recepción, esto es el 09/02/2021, con habilitación de horas inhábiles (artículo 300 del Código Procesal Penal) y adoptando todos los recaudos necesarios para que, dentro del margen de plazo solicitado por la Fiscal, se llevara a cabo este procedimiento con intervención interdisciplinaria de la Asesora N° 6, Silvia lbarguren, médico de tumo del CIF, Criminalística del CIF, SAMEC y Secretaria de Adultos Mayores.

La orden fue entregada por la jueza  al oficial principal Pedro Añazgo, personal perteneciente al CIF y comisionado por la fiscal Claudia Geria en su carácter de Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 1, para retirar la misma. La intervención fue requerida como consecuencia de un hecho denunciado el pasado 23 de diciembre de 2020, denunciado en la Oficina de Orientación y Denuncia y tramitado por la Fiscal, tomando conocimiento la jueza ayer, martes 9 de febrero de 2021.