Locales

Obra social Psicólogos, en estado de alerta por los «débitos preventivos» del IPSS

El colegio que los representa solicitó una audiencia urgente con las autoridades de la obra social provincial. Reclama el cese del «techo prestacional» y la devolución de lo retenido.

El Colegio Profesional de Psicólogos de Salta se declaró en estado de alerta por los débitos preventivos realizados por el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) en las facturaciones de sus asociados, y pidió una reunión urgente con las autoridades de la obra social provincial.

El planteo no es nuevo. Ya el pasado 28 de diciembre el colegio que preside Irma Silva había solicitado una audiencia con la titular del IPSS, Gladys Sánchez, tras reclamar el reintegro de las deducciones que aplicó la obra social del sector público en el entendimiento de que las facturaciones prestacionales superaron el techo.

A través de un comunicado, la entidad profesional señaló que espera la confirmación de la audiencia, que fue requerida con carácter de urgente despacho, para solicitar información relacionada con el pago de prestaciones de octubre de 2020 y los débitos que el IPSS empezó a imponer sobre las facturaciones desde septiembre.

El Colegio de Psicólogos plantó bandera contra el citado tope y su masa de asociados, a la par de los reintegros reclamados, espera no ver repetidos los «débitos preventivos» con las prestaciones adeudadas de noviembre y diciembre.

Ante el techo prestacional establecido por el IPSS, la entidad que representa a los profesionales del sector planteó que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, se incrementaron notablemente las consultas psicológicas.

Sobre esta base, el Colegio de Psicólogos sostiene que dichas prestaciones «no deben ni pueden ser medidas con el mismo criterio que se tenía» antes de la aparición del nuevo coronavirus.

La entidad señala que una de cada cuatro personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y remarca que en Argentina una de cada tres personas presenta algún problema de salud mental a partir de los 20 años.

«Las condiciones generadas por la pandemia de COVID-19 han llevado a un aumento en el número de personas con nuevas condiciones de salud mental o que experimentan un empeoramiento de condiciones preexistentes. Según un estudio de la OMS, la pandemia ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% de los países del mundo, en tanto que aumenta la demanda de atención de salud mental», precisó el Colegio de Psicólogos.

La institución recordó que el Ministerio de Salud de la Nación destacó la importancia de la labor de los psicólogos a raíz de la aparición del nuevo coronavirus. Agregó que, ante un evento que socialmente es tan disruptivo como la pandemia actual, «es importante tener en cuenta que nuestra salud mental se verá afectada de alguna manera».

Tras el escenario descripto, el colegio destacó «el esfuerzo de los profesionales psicólogos prestadores y de esta institución para adecuarse al sistema de autorización propuesto por la obra social en 2020».

Por otra parte, la entidad profesional destacó que «la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones sostiene que el costo psicológico de la enfermedad ya es evidente tanto en la población general como en las personas con trastornos mentales (en particular, aquellas con enfermedades mentales graves y deterioro cognitivo) y trabajadores de primera línea».

Agregó que «los sistemas de salud mental han cambiado rápidamente durante la pandemia y es necesario coordinar una respuesta sostenida a los desafíos planteados por el virus, y garantizar la continuidad de la atención para los usuarios de los servicios de salud mental y la facilitación del acceso a la evaluación y atención de la salud mental para pacientes con problemas de nueva aparición y pacientes de alto riesgo».

Analizan acciones

El Colegio de Psicólogos, a través de su vicepresidenta, Edith Iturbe, solicitó al consejo de administración del IPSS, que preside Gladis Sánchez, “que se abstenga de efectuar retenciones preventivas o de cualquier índole en las auditorías a realizarse que no se correspondan, estrictamente, con las establecidas en la cláusula tercera del convenio vigente”.
La entidad hizo público su rechazo a “la fijación ex post facto del techo prestacional correspondiente al año 2020 por valores menores a los de las prestaciones ya autorizadas por ese Instituto” e intimó a la obra social “a la devolución de lo retenido preventivamente”.
A la par, rechazó cualquier débito “que se aplique, o se pretenda aplicar retroactivamente” y planteó que “las 
prestaciones autorizadas y rendidas oportunamente por este Colegio a la obra social deben ser abonadas en su totalidad”. El Colegio dejó abierta la posibilidad de “iniciar las acciones judiciales o administrativas necesarias”.

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