La Procuración requirió informes a diferentes entes sobre la situación de las aguas subterráneas en el territorio. Ante la falta de respuestas, dio intervención al CIF y la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa. Se evaluarán nuevas medidas.
Motivado por la posibilidad de que el agua de consumo humano procedente de explotaciones subterráneas resulte pasible de contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas, la Procuración de la provincia elevó la consulta a los organismos de vigilancia provincial.
En primer lugar, requirió a la Dirección General de Coordinación Epidemiológica Provincial explicaciones sobre las políticas de protección implementadas.
Dicha Coordinación informó que no posee registros sobre aguas subterráneas; que aplica las normas de vigilancia a través de los centros de salud, y solo cuando existen casos puntuales de foco de patologías hídricas, coordina tareas con Aguas del Norte (CoSAySA). Por último, expuso que realiza el control sistemático sobre aguas envasadas.
Por otra parte, la Procuración pidió informes a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia respecto de su desempeño en la concesión de usos especiales de aguas subterráneas y su monitoreo; sobre los sancionados por generar efectos dañosos sobre las aguas y sobre la obligación de hacer un inventario actualizado anualmente, que establezca su grado de contaminación, conforme le exige el Código de Aguas Provincial.
La autoridad hídrica contestó que no cuenta con la información de mapas de vulnerabilidad de acuíferos por falta de infraestructura. Además, informó que está empezando a realizar mapas de calidad de agua, con datos disponibles por regiones y en base a la concentración de algunos elementos físico-químicos. Por último, detalló las tareas de avance del mapa de riesgo de arsénico de Salta.
Los entes tienen el deber de realizar la clasificación y mapeo de las aguas subterráneas en relación a su vulnerabilidad, ya que es una obligación que pesa sobre sus autoridades desde la entrada en vigencia del Decreto N° 3097 del año 2000.
Tras el análisis de estos informes, el Procurador General decidió ampliar el pedido y se dirigió al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), a fin de que detalle la explotación subterránea de acuíferos para extracción de agua para consumo humano que realiza la prestadora provincial; la vigilancia sistemática realizada sobre su cantidad y calidad y especialmente sobre contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas y las políticas de protección implementadas. El ENRESP todavía no contestó.
Ante la falta de implementación de los instrumentos de control detectados, el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo requirió la intervención del Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta.
Con los resultados de los exámenes solicitados, la Procuración determinará los pasos a seguir para adoptar nuevos cursos de acción que permitan conocer fehacientemente el estado de potabilidad de las napas subterráneas de la provincia y las posibles consecuencias ante el incumplimiento de normativa vigente sobre la información requerida.
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