La gran mayoría de los mandatarios confirmó su asistencia al encuentro de este viernes; sólo Mendoza, La Rioja y Formosa enviarán a los vicegobernadores; el Gobierno quiere reflotar la ley ómnibus.
La Casa Rosada se prepara para la primera prueba de fuego de cara al “Pacto de Mayo” que propuso Javier Milei para intentar que buena parte del arco político respalde el plan de reformas que, por ahora, solo tiene en papel.
La primera convocatoria a los gobernadores generó, a priori, asistencia perfecta. En la tarde de este jueves, las 24 provincias habían confirmado su presencia en la reunión de este viernes a las 15 que será encabezada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.
En la previa, el titular de la cartera política recibió ayer por la tarde al presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem junto con los jefes de bloque de dos bancadas aliadas o amigables: Cristian Ritondo (Pro) y Rodrigo De Loredo (UCR). Francos pretendía tener un primer termómetro de la situación en la Cámara baja para plantearles hoy a los gobernadores el reflote de la “ley Bases” reformulada y comenzar a negociar el pacto fiscal.
Además de Posse y de Francos, el cónclave de este viernes contará con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que será la voz del ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda viajó a la reunión del BID, pero los gobernadores pretendían que en las conversaciones esté quien toma las decisiones sobre la caja nacional. Guberman, además, esta semana ya se encontró con los responsables económicos de todas las provincias, en una reunión que estaba pautada desde hace tiempo pero que se resignificó de cara al Pacto de Mayo.
La presencia de Posse en la reunión con los gobernadores también es una novedad relevante. Primero, porque hasta ahora el jefe de Gabinete se había ocupado de la puesta en marcha de la gestión, del diseño del organigrama y de la redacción de las reformas puertas adentro. Pero no había estrenado su rol político y público.
Además, el involucramiento de Posse implica un cambio de dinámica crucial respecto a lo que había ocurrido con la primera negociación de la ley ómnibus. En aquel momento, Francos era el principal negociador visible pero no podía tomar las decisiones sobre los cambios en los artículos de la ley sin darse vuelta para consultarlo con la “mesa técnica” de Milei, conducida por la jefatura de Gabinete. “Ahora los encargados de la negociación y los que escriben las normas van a estar involucrados en todo el proceso”, explicó un importante colaborador de la Casa Rosada.
La presencia de Milei en la reunión todavía genera algunas dudas. En Balcarce 50 las fuentes oficiales señalaban que no está previsto que el Presidente participe del cónclave con los gobernadores y que se quedará en Olivos, como todos los viernes, monitoreando el encuentro. Sin embargo, algunos movimientos ayer por la tarde en la Casa Rosada daban cuenta de que el jefe de Estado podría sorprender en el encuentro, no para sentarse a hablar de la letra chica, sino como un gesto político. Milei aún tiene mucha desconfianza hacia los mandatarios provinciales y es muy escéptico de todo el proceso.
Respecto a los confirmados, todos los gobernadores respondieron afirmativamente a la invitación protocolar que se les cursó por mail el miércoles al mediodía. Los últimos en hacerlo fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Zilliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Formosa, Mendoza y La Rioja enviarán a los vicegobernadores.
Cartas sobre la mesa
El Gobierno pretende pactar con los gobernadores un intercambio sencillo: fondos para las provincias a cambio de apoyos políticos para reimpulsar la ley Bases. Si bien en la Casa Rosada dicen que Milei quiere resucitar la ley ómnibus “completa” (con sus más de 600 artículos originales) lo cierto es que la intención del gobierno libertario es hacer pasar el corazón económico del proyecto.
Tal como anticipó LA NACION, se habla de los capítulos vinculados a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, las privatizaciones, la reorganización administrativa del Estado, las desregulaciones económicas, la reforma en hidrocarburos y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
A ese paquete se le sumarían dos novedades que no estaban en el proyecto original. Por un lado, una nueva fórmula jubilatoria, que implicaría una actualización por inflación desde la sanción de la ley (es decir que no tomaría la inflación de los últimos meses, que licuaron fuertemente los haberes). El otro punto relevante es que el Gobierno quiere introducir en la “ley bases bis” el capítulo de la reforma laboral que estaba en el DNU y fue frenado por la justicia a partir de un planteo de la CGT.
Respecto al paquete fiscal, el Gobierno le propondrá a los gobernadores restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias para recomponer la coparticipación federal que las provincias perdieron cuando se votó, en plena campaña electoral, la ley impulsada por Sergio Massa que hizo que 800.000 asalariados dejaran de pagar el tributo.
En el Gobierno creen que no se puede volver a la situación previa a la reforma impulsada de Massa sin más, porque, a la luz de la presión que hoy hay sobre los bolsillos, es necesario fijar un nuevo mínimo no imponible, probablemente en torno a los 180 salarios mínimos (SMVM) por año. También se habla de fijar nuevas escalas, más graduales, para que quienes tengan que volver a tributar no tengan que pagar el 35% sobre sus ingresos, sino un porcentaje menor.
Hay un punto muy sensible a tratar con los gobernadores, referido a la retroactividad. Hoy Francos señaló que, si no se subsana la ley, el Gobierno quedaría en condiciones de cobrar el Impuesto a las Ganancias de forma retroactiva por defectos en la ley que impulsó el exministro de Economía.
Si eso no se corrige en el Congreso, un grupo de empleados técnicamente quedaría en deuda con el fisco, porque surgirían diferencias entre el impuesto determinado para todo el año y la suma de los montos descontados mensualmente, porque hubo cuatro meses de 2023 en los que el impuesto no se cobró.
Todo esto estará en la mesa de discusión con los gobernadores, donde, además de hablar de números y fondos, debatirán quién correrá con el costo político de reponer un impuesto en esta coyuntura económica acuciante.
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