Una investigación acusa a Verónica Alcocer de despilfarrar más de 250.000 dólares de fondos del gobierno en el séquito que la acompaña.
Un nuevo escándalo golpea en el seno de la familia del presidente colombiano, Gustavo Petro. Esta vez, la protagonista de la polémica es la primera dama y tercera esposa del mandatario, Verónica Alcocer, quien ha sido acusada de despilfarrar más de 250.000 dólares de fondos del gobierno en el séquito que la acompaña, según una investigación de La Silla Vacía.
De acuerdo con lo publicado por el sitio colombiano, “un maquillador personal y vestuarista, un fotógrafo profesional, su mejor amiga y una asesora personal con sueldo de ministro están contratados por tres entidades públicas para encargarse de su imagen, su agenda y compañía”.
“Todos reciben honorarios que van entre los 10 y 30 millones de pesos colombianos mensuales [entre 2550 y 7600 dólares] y cobran viáticos por acompañar a la primera dama en su agenda”, apuntó La Silla Vacía. Esos montos extendidos en el año y medio de gestión alcanzarían un valor superior a los 250.000 dólares, según los cálculos del medio.
Las revelaciones chocan con la narrativa de un gobierno que apela constantemente a la austeridad y han vuelto a agitar el debate sobre la necesidad de la figura de la primera dama en Colombia.
Tras las acusaciones, el gobierno publicó un comunicado en el que precisó que “el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en el marco de sus funciones, contrata todo un equipo de comunicaciones que apoya la gestión y divulga las actividades de la presidencia y la familia presidencial”.
En el texto que compartió en redes sociales, la presidencia colombiana justificó los gastos e indicó que ni el estilista ni el fotógrafo ni la asesora prestan servicios exclusivos para la primera dama.
Supuestamente, Mauricio Vélez, apuntado como el fotógrafo personal de la primera dama en el artículo, es el director audiovisual del noticiero de Presidencia Avanza el cambio y el director de tres programas del Ejecutivo. Por su parte, Fady Flórez, el estilista, estaría a cargo de “asesorar y dirigir el concepto de imagen de cada una de las presentadoras de los diferentes programas y productos audiovisuales de la Presidencia de la República”. Mientras que la asesora Carolina Plata tendría dentro de sus funciones “organizar, hacer seguimiento y ejecutar las actividades exigidas en materia de protocolo y logística en el desarrollo de los diferentes eventos y recepciones de la presidencia”.
A pesar de las explicaciones, las críticas no se hicieron esperar. “Nadie nos dijo que el ‘cambio’ en Colombia vendría con nuestra propia versión de María Antonieta: abusos, derroche, influencias políticas indebidas y favorecimiento descarado a los amigos”, dijo la representante Catherine Juvinao, del partido progresista Alianza Verde.
“Los títulos en democracia son un legado obsoleto cuando está ligado a la persona y no a la función, ni mucho menos a la responsabilidad”, reafirmó por su parte el representante David Racero, del oficialista Pacto Histórico, cuando le reclamaron que en el pasado había cuestionado a la primera dama, que considera una “herencia antirrepublicana”.
“Si se va a hacer el debate sobre esa figura, hagámoslo en serio, más allá de quién es la persona o el presidente de turno”, matizó en sus redes sociales.
Lo cierto es que la discusión en torno a la figura de la primera dama ha tomado otra dimensión con Alcocer, que tuvo desde la campaña un marcado protagonismo. Por momentos ha ostentado más poder político que la vicepresidenta Francia Márquez, que sí tiene un mandato popular, y ha sido representante diplomática del gobierno en varias ocasiones, según el diario El País. Incluso encabezó la delegación colombiana en el sepelio de la reina Isabel II de Inglaterra.
El revés para Petro llega en una semana ya complicada. La Fiscalía colombiana acusó formalmente el jueves al hijo mayor del presidente con lo que inicia la fase de juicio en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Nicolás Petro Burgos enfrenta un proceso penal que derivó de las denuncias hechas el año pasado por su exesposa, también investigada, quien afirmó que habría recibido dinero para la campaña presidencial de su padre, pero se habría quedado con esos recursos.
De acuerdo con el sistema colombiano, el juicio inicia con la presentación del escrito de acusación y se extiende hasta la sentencia. Las audiencias preparatorias de juicio fueron programadas para el 29 y 30 de abril.
Petro Burgos habría recibido entre junio y diciembre de 2022 unos 101.000 dólares de Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias de “Hombre Marlboro” y quien estuvo en prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
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Según dijo el fiscal al juez en la audiencia, Petro Burgos “estaba incrementando para sí y para otro de manera no justificada su patrimonio económico” como diputado del departamento del Atlántico y conocía que estaba adquiriendo y “ocultando bienes que tenían su origen” en el delito de enriquecimiento ilícito.
También se señala al hijo de Petro de haber recibido dinero en efectivo de Alfonso del Cristo Hilsaca, un empresario del norte del país que ha tenido cuestionamientos de la justicia pero no ha sido condenado; así como del político Máximo Jose Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio.
La Fiscalía encontró que aproximadamente 266.000 dólares que gastó Petro Burgos no son producto de su labor como diputado. Los peritos de la Fiscalía establecieron que el hijo del mandatario no habría declarado el ingreso de esos recursos a su patrimonio.
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