La jueza Virginia Solórzano revocó la prisión preventiva y dispuso una fianza, la prohibición de salir del país sin autorización y evitar contacto por cualquier medio con los testigos de la causa. A través de documentos falsos, Hugo Alberto Colantuno, realizó una transacción de más de $27 millones.
La Dra. Virginia Solórzano, a cargo interinamente de la Vocalía II de la Sala IV del Tribunal de Impugnación resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado y revocar la prisión preventiva de los imputados Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath, y Hugo Alberto Colantuno, acusado de un millonario fraude al Estado provincial.
Dentro de las medidas sustitutivas, la magistrada dispuso fijar domicilio y comunicar todo cambio del mismo al Fiscal de la causa o a la Jueza de Garantías, dentro de las 48 horas y comparecer a todas las citaciones judiciales que se le cursaren en el trámite de esta causa, presentarse ante la Fiscalía interviniente cada 15 días, la prohibición de salir sin autorización del país, retención de documentos de viaje y prohibición de contacto por cualquier medio con los testigos de la causa. Además dispuso la prestación de una caución adecuada bajo apercibimiento de revocar su libertad en caso de incumplimiento.
La decisión de la justicia, llama la atención ya que todavía hay una investigación no concluida y se trabaja para llegar al fondo de la cuestión.
Con el agravante de tratarse de funcionarios policiales como es el caso de Hugo Alberto Colantuno y Andrés Esteban Fath; mientras que Ricardo Gabriel Fath por su posición jerárquica de gerente bancario.
Los allanamientos y detenciones realizados en su momento, fueron solicitados por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
Según consta en las actuaciones, los imputados actuaron de común acuerdo y con división de tareas y ejecutaron la maniobra defraudatoria, consistente en presentar ante el Banco Macro Sucursal Tribunales un oficio apócrifo, en el que se consignaba la cancelación de un plazo fijo judicial y posterior transferencia por la suma de US$ 298.898,07 (doscientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y ocho dólares con siete centavos).
La transferencia se realizó desde la cuenta perteneciente a un juicio sucesorio en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Primera Nominación, a una cuenta caja de ahorro en dólares del Banco Masventas, de titularidad del comisario Hugo Alberto Colantuno.
Para ello, los imputados Ricardo Gabriel Fath (gerente de Banco Macro Sucursal Tribunales), y Jesús Ángel Mendoza (Asistente Operativo de la misma sucursal), realizaron los trámites correspondientes en la entidad bancaria para concretar la trasferencia al Banco Masventas. Tal operación, permitió que Colantuono pueda disponer del dinero, de manera discrecional.
El oficio judicial falsificado que ordenaba la cancelación de una cuenta a plazo fijo y posterior transferencia, fue firmado el 5 de julio de 2019 y no existe en el expediente judicial de origen. El dinero fue retirado el 29 de julio del mismo año, por caja en el Banco Masventas y desde una cuenta a nombre de Colantuno.
La maniobra contó con la participación de Andrés Esteban Fath, quien en su calidad de hermano del coimputado Ricardo Gabriel Fath y a su vez, efectivo policial dependiente laboral de Colantuno, permitió acceder a la información bancaria; ejecutar la maniobra pergeñada y finalmente, apropiarse de la importante suma de dinero.
Todo ello, según había manifestado la fiscal Salinas Odorisio, generó un perjuicio patrimonial de importancia a la Provincia de Salta, en razón de haberse declarado vacante la herencia de Vanja Dvornik, fallecida en enero de 2014.
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