Lo plantean en Juntos por el Cambio y el lavagnismo. Recuerdan que la Corte Suprema ya advirtió en su fallo que no se pueden violar las autonomías provinciales por DNU ni por ley.
El proyecto para blindar legalmente la potestad de tomar restricciones en pandemia, que envió el Gobierno y ya ingresó al Congreso, abroqueló a la oposición contra lo que llaman «superpoderes» para el presidente Alberto Fernández. Aseguran que las medidas siguen siendo inconstitucionales aunque se aprueben por ley en el Congreso y que el tema podría volver a judicializarse.
El proyecto se debatirá este miércoles en las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales del Senado con la presencia de la ministra Carla Vizzotti y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Al dictaminar, quedará listo para votarse la semana que viene en el recinto y pasar a Diputados.
En la Cámara alta el Frente de Todos tiene mayoría suficiente para darle luz verde pero en Diputados la negociación con los aliados es reñida y no se descartan cambios. El Ejecutivo pretende aprobarlo antes del 21 de mayo cuando vence el DNU aún vigente pero los tiempos apremian.
En Juntos por el Cambio no descartan que incluso una vez aprobado se termine judicializando. Las voces legales del bloque aseguran que el Presidente no atendió el fallo de la Corte Suprema y señalan fallas jurídicas en el proyecto. La autonomía de las provincias vuelve a ser el eje principal del planteo.
«El Congreso no puede delegar una competencia que no tiene. Por más que el Presidente intente, no se puede atribuir por ningún atajo competencias originarias que son de las provincias y de CABA», sentenció la diputada radical Brenda Austin y agregó: «Ignora y desconoce que la Corte ya le dijo que la inconstitucionalidad manifiesta no se subsana ni siquiera con una ley del Congreso».
En la misma línea se expresó ante Clarín el presidente del bloque lavagnista Alejandro «Topo» Rodríguez: “Si se convirtiera en ley, será inconstitucional. El Poder Ejecutivo toma potestades de las provincias y, además, no pone límite cierto de tiempo”, afirmó
El bloque del PRO en Diputados, presidido por Cristian Ritondo, emitió, un comunicado en el que advierte que «la mayoría legislativa es legítima en tanto y en cuanto se encuadre en lo que manda la Constitución».
De acuerdo a los legisladores, las disposiciones de caracter general y reglas de conductas que estipula el texto pueden aprobarse por ley, pero las restricciones más severas y puntualmente el cierre de las escuelas no. La educación primaria, señalan, es potestad de las provincias.
En ese sentido, el radical Gustavo Menna, vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales recordó ante Clarín que la Corte Suprema ya consideró en su fallo por el DNU que suspendía la presencialidad en AMBA que esa decisión tampoco sería constitucional por ley.
Se refiere al considerando 25 del voto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda en el que los jueces señalan que «en el supuesto hipotético en que el contenido de la regulación se instrumente mediante una ley formal, la conclusión en torno a la vulneración de la autonomía de CABA se mantendría incólume».
«Una ley nacional no puede darle órdenes a los gobernadores. El artículo 4 del proyecto llama a los gobernadores “delegados” del Gobierno citando el artículo 128 de la Constitución que no dice eso, dice que son “agentes naturales” del Gobierno federal. Los gobernadores son delegados del pueblo que los votó, no del gobierno nacional», señala Menna.
Por otra parte, para pedir la delegación de facultades, el proyecto cita el artículo 76 de la Constitución, que prohíbe la delegación legislativa salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública.
Pero ese punto habla de «un plazo fijado para su ejercicio» y la oposición asegura que el texto del Ejecutivo no lo fija. El proyecto establece que regirá mientras «esté vigente la emergencia pública en materia sanitaria»; emergencia que prorroga el Ejecutivo por decreto. «El que delega el poder tiene que poner el plazo, concreto, no el Ejecutivo», afirman.
Para el oficialismo, el proyecto «no pide más poderes». «Casi diría que es al revés”, aseguró Vilma Ibarra, señalando que se proponen «parámetros objetivos» y epidemiológicos para saldar la discusión.
Para hacerlo, el texto se fundamenta los artículos 41 de la Constitución (que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano ); en el 42 (que plantea consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos) y en tratados internacionales.
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